Hay consenso: cinco de los seis presidentes de los gremios empresariales que integran la Confederación de la Producción y del Comercio (la Sofofa se excluyó de participar) y su presidente Juan Sutil coinciden en la necesidad de seguir con el proceso que culmine con una nueva constitución.

Cada uno por separado plantea sus razones personales.

“Tenemos que cumplir con el propósito de tener una nueva y buena constitución que Chile merece. Sin prisa, pero con apuro debe irse cerrando el proceso para que ello ocurra”, dice Sutil.

“Es súper importante tener un nuevo texto redactado en democracia que aúne los ideales de toda la ciudadanía. Lo dijo la gente en el plebiscito de entrada”, sostiene Ricardo Mewes, timonel de la Cámara Nacional de Comercio.

Para Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, “está claro que Chile necesita una nueva constitución y tiene que ser propuesta por un organismo de elección popular”.

José Manuel Mena, timonel de la Asociación de Bancos, observa que la “fórmula” que tuvo Chile de una economía abierta, con acento en las exportaciones y en el esfuerzo de la empresa privada y sus trabajadores en la productividad, se perdió. “Así lo miraba el resto de Latinoamérica con envidia y era la mirada común dentro de Chile, en el mundo político, dejando fuera los extremos. Por eso, es necesario dar ojalá pronto certeza jurídica que permita al país volver a levantarse, a emprender, invertir”. Y agrega que la mayoría quiere una nueva constitución “y lo que uno escucha como ciudadano es que no se quieren cometer los errores de la convención anterior”.

“Hay que seguir adelante, porque es un acuerdo, pero con los pies en la tierra, que se haga bien hecho y no apurado”, opina Cristián Allendes, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura.

Antonio Errázuriz, mandamás de la Cámara Chilena de la Construcción, reflexiona: “La constitución no puede ser un factor de división y hoy lo está siendo. Debemos empezar un nuevo proceso que nos permita llegar, ojalá en un plazo breve y en un clima de sana convivencia, a un texto que nos represente a todos”.

El proceso no solo preocupa en Chile: los grandes inversionistas internacionales observan que la incertidumbre por no tener resuelto un nuevo texto constitucional seguirá pesando en la inversión y el crecimiento del país. Existe temor de que el debate escale y genere tensión entre el gobierno y la oposición, creando condiciones de ingobernabilidad y aumentando el riesgo crediticio de Chile, lo cual es sinónimo de ahuyentar la inversión.

Del fallido proceso anterior algunos guardan negativas experiencias. Mewes afirma que “nunca me recibieron, salvo cuando fui con la CPC”. Y de la propuesta de cinco puntos que elaboró la Cámara de Comercio, “logramos que dos de nuestras directoras fueran a hablar de temas de género y regionalización; como gremio nos consideraron grandes empresarios y tenemos socios de todos los tamaños”. Espera que no se repita.

La Sonami vivió algo similar. “Pedimos muchas reuniones, pero la participación fue muy restringida”, recuerda Riesco. Y plantea cuál puede ser una buena solución (ver recuadro).

Un asunto en el que concuerdan cuatro de los seis dirigentes empresariales -Mena, Mewes, Allendes y Sutil- es en la necesidad ponerle “bordes” o principios a priori a la discusión constitucional. Argumentan que la hoja en blanco está más que desprestigiada y que la gran mayoría de los chilenos no quiere un texto refundacional, como quedó reflejado en el 61,8% que votó Rechazo en el plebiscito.

Y los “bordes” en los que coinciden son que se consagre el derecho de propiedad, “porque es una señal que permite pensar a 40 años”, con pago al contado y a precio de mercado en caso de expropiación; Estado unitario; dos cámaras simétricas (Diputados y Senado); tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- independientes; Banco Central autónomo, “fundamental para la estabilidad económica del país”, y un solo sistema de justicia.

Riesco tiene una postura diferente. “En mi opinión, no la del gremio, el resultado del plebiscito me produjo el efecto de confiar en el criterio de la gente que vota cuando está obligada a pronunciarse. Cómo nos vamos a equivocar tanto y tener susto de delegar todo en una convención. Debemos confiar en el mecanismo, porque ya sabemos la manera de cómo no hacerlo”.

Errázuriz también difiere. “Más que etiquetas, la clave es una colaboración radical entre el sector público y el privado, la sociedad civil y las comunidades para satisfacer la demandas de cambio y expectativas de desarrollo de los chilenos”.

Algunos plantean “bordes” adicionales. “Libertad de expresión, de educación, reconocimiento de la multiculturalidad e interculturalidad de los pueblos originarios”, dice Sutil. “Mantener el rol de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y el fortalecimiento de las regiones”, acota Mewes. En el último punto coincide Allendes.

¿Quiénes redactarían esos “bordes”? Para Sutil debe ser un acuerdo del Congreso en la reforma a la actual constitución. Para Mena, que sea un grupo de expertos designados políticamente.

Un Estado social de derechos, planteamiento que Camilo Escalona, secretario general del PS hizo anteayer en La Segunda, como “borde” para la centroizquierda, genera algunas coincidencias. “Estoy de acuerdo y un buen ejemplo es lo que sucede en la Constitución alemana, donde están garantizados en la medida que el Estado pueda otorgarlos, según el Presupuesto de la Nación”, afirma Sutil.

Mena coincide: “Lo relevante no es un listado de derechos, sino cómo se hace para entregarlos paulatinamente a todos, de acuerdo al Presupuesto de la Nación, porque si no se produce un problema de judicialización como en Colombia”.

Mientras, Riesco advierte que hay constituciones que se abstienen de incluir derechos sociales por el peligro de la judicialización “y si se incluyen, que sea en la medida de la disponibilidad de recursos”.

Mewes sostiene que sí se deben discutir en la convención “el acceso a la educación, a la salud, a las pensiones, para que haya un acuerdo sólido que impida hacer reformas constitucionales posteriores, como las que permitieron los retiros de fondos de las AFP”.

Con la idea de que puedan entenderse y haya un avance más rápido para llegar a acuerdos, el número preferido de los dirigentes empresariales es el mismo del Senado: 50 integrantes para la futura convención, elegidos por votación popular.

Solo Jorge Riesco, timonel de la Sonami, matiza con que podría ser “parecido a 100”, un promedio entre la Cámara y el Senado.

De los seis consultados, dos prefieren que haya expertos en la convención. Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, es partidario de que en las listas de partidos “a lo menos un 20% sean expertos constitucionalistas“. Y Cristián Allendes, de la SNA, que ese porcentaje alcance al 60%.

Riesco opina que debiera haber un grupo transversal de expertos como una instancia paralela a la convención, que reciba las inquietudes de los distintos interesados, “porque en el proceso anterior fue muy restringida la participación”. Y que juegue un papel “de mecanismo consultivo, que preste un apoyo estrictamente jurídico”.

Hay consenso en que los convencionales deben ser elegidos con voto obligatorio e ir en listas de partidos políticos. “Se debe votar por ideas y las listas deben representar eso. Los independientes deben incorporarse en los cupos de los partidos”, coinciden los dirigentes empresariales.

“Aprendimos con mucho dolor del proceso anterior por el extraordinario mal desempeño que tuvieron algunos independientes”, apunta José Manuel Mena, timonel de la Asociación de Bancos. Él y Jorge Riesco, presidente de la Sonami, dicen no tener problemas en que haya escaños reservados para los pueblos originarios, que sean proporcionales a su población. “Para que no tengamos una asignación arbitraria”, acota Riesco.

No hay consenso si deben ser listas nacionales o regionales, aunque la segunda opción cuenta con más adeptos.

Que sea paritaria no tiene apoyo, pero sí que se presente el mismo número de mujeres y hombres en cada lista “y gane la meritocracia”.