Una dura advertencia emitió a mediados de este mes la Superintendencia de Salud a las distintas isapres del país respecto a las limitaciones que tienen para conocer y exigir a los prestadores públicos y privados los antecedentes médicos de sus beneficiarios.

A través de la Circular N° 410, la autoridad reguladora recordó que las modificaciones legales del 2005 al sector establecieron limitaciones a los antecedentes clínicos que las isapres podían requerir a los prestadores cada vez que un afiliado o beneficiario solicitaba un servicio en función de su contrato de salud.

Sin embargo, dijo que “a pesar de la existencia de esta norma, con ocasión de una consulta general hecha a las isapres respecto a si solicitaban antecedentes clínicos –de manera general-, esta intendencia pudo constatar que no todas las instituciones tenían claridad sobre la limitación antes señalada”, señaló en su circular la intendenta de Fondos y Seguros Previsionales de Salud (subrogante), Sandra Armijo.

De esta forma, la superintendencia modificó el compendio de normas administrativas del sector en lo relativo a las normas de cumplimiento del contrato de salud, y decretó que las isapres tendrán la facultad de “requerir de los prestadores, sean públicos o privados, la entrega de la sola certificación médica que sea necesaria para decidir respecto de la procedencia del beneficio (a pagar)”.

Agregó que si la isapre considera que la información entregada por el prestador es insuficiente, o “teme fundadamente que no se ajusta a la verdad”, podrá “designar un médico cirujano independiente de las partes para que revise personalmente la ficha clínica” conforme a un procedimiento ya establecido por la autoridad, todo lo cual “no habilita a las instituciones (las isapres) para requerir a los prestadores otros antecedentes médicos distintos a la certificación” ya indicada.

Agregó que la limitación de la mera certificación médica también se hará extensiva para la tramitación y otorgamiento de licencias médicas (ver recuadro).

Todo lo anterior, explicó el fiscalizador, conforme a la historia de la ley, que indica que siempre se ha buscado mantener la confidencialidad de la ficha médica y “delimitar la entrega de datos personales a lo estrictamente necesario y mediante certificado médico del prestador”.

Esto se une a la ley de 2018, que estableció y consagró a nivel constitucional (Artículo 19 N°4 de la Carta Fundamental) el derecho a la protección de los datos personales.

De esta forma, la Superintendencia de Salud determinó que su nueva circular comenzará a regir en el país tras ser notificada a las aseguradoras de salud privadas.

Consultada la Asociación de Isapres de Chile, señaló que: “Esta circular deja claro que las isapres están facultadas para solicitar información, describe el mecanismo a través del cual se pueden realizar los requerimientos y establece que, en caso de que se necesiten antecedentes complementarios, estos puedan ser obtenidos a través de médicos especializados en esta labor”.

Agregó que “el proceso aplica a las personas que están haciendo uso de los beneficios dentro de una isapre, en aquellos casos en que se busca confirmar su correcta aplicación”.

En ese contexto, señaló el gremio que agrupa a las aseguradoras de salud privadas, “lo descrito se circunscribe a los mecanismos de control que tienen las isapres para evitar el mal uso de coberturas, por ejemplo, en el evento de que una prestación no sea con fin terapéutico, sino estético, o que no corresponda al beneficiario sino a una persona externa al sistema”.

Las isapres Colmena Golden Cross y Vida Tres se sumaron este mes a la ola de querellas contra diferentes médicos de todo el país, a quienes acusan de “falsificación de licencias médicas”, en un masivo proceso iniciado el mes pasado por Consalud y Cruz Blanca.

Se estima que sólo estas últimas dos isapres se han querellado en lo que va del año contra unos 500 médicos, tanto chilenos como exgranjeros, acreditados en el país.

Las querellas fueron activadas en una primera etapa por algunas isapres en febrero pasado. Sin embargo, en esta segunda fase, aumentó notoriamente el número de facultativos querellados, todos denunciados penalmente por exceder con creces el promedio de licencias otorgadas por los médicos del país, diagnosticar en muchos casos patologías psiquiátricas sin tener la especialidad y, en varias oportunidades, por publicitar en redes sociales sus servicios en tal sentido.

Colmena, en una querella ingresada ayer, denunció a una médica de la comuna de Santiago que ha extendido 167 licencias en el último año, 86% de ellas por patologías mentales, sin que la profesional contara con la especialidad, todas “equivalentes a 2.610 días de reposo solicitados y un pago de $70.576.067” en subsidios por incapacidad. De hecho, la isapre agregó al tribunal que el 96% de esas licencias “no poseen bonos de atención ni reembolsos médicos asociados”.

Banmedica y Vida Tres, pertenecientes al mismo holding, señalaron a La Segunda que “a la fecha han emprendido acciones de índole criminal en contra de 500 médicos, por emisión, certificación o falsificación de licencias médicas”.

Ambas isapres agregaron que “los eventuales ilícitos desplegados por los médicos querellados y denunciados implicarían un perjuicio superior a los $65.000 millones, por el pago de subsidios por incapacidad laboral entre 2018 y lo que va del año 2022”.

En el 2021, las licencias médicas –en el sistema público y privado- marcaron un récord tras superar los 8 millones de otorgamientos, un aumento del 62% respecto de las 4,9 millones del año anterior.

En lo que va del 2022, estas licencias han crecido un 25,7% en número y el monto pagado en subsidios por incapacidad laboral subió 38% a US$2.958 millones.