Archivo personal, 14 de octubre de 1987.

Quienes fundamos el Movimiento Gremial de la Universidad Católica, al igual que aquellos que han sido sus dirigentes e integrantes a lo largo de éstos 20 años, sentimos el legítimo orgullo de haber impulsado algo muy trascendente y positivo para el devenir de Chile en estas últimas dos décadas. Surgimos como una respuesta vigorosa al gravísimo desquiciamiento que advertíamos en nuestra vida universitaria y que hizo dramática crisis con la “toma de la Universidad Católica en 1967.

Comprendimos allí que asistíamos a un movimiento destructor que, más allá de buscar la instrumentalización política de los cuerpos intermedios de la sociedad, asumía ese camino como parte de una visión colectivista y totalitaria de la sociedad, que no tardaría en aflorar. Quienes encabezaron la “toma” de nuestra universidad en 1967 como democratacristianos, ya en 1969 formaban la vanguardia de una juventud marxista-leninista. Esa extraña mezcla de desprecio anarquizante por los principios y de implacable uso de la amoralidad leninista, dejaría su huella muy profunda en nuestra historia, al resultar decisiva para el acceso de la Unidad Popular al gobierno de la República en 1970.

Sin embargo, quizás por eso mismo, los gremialistas nos aglutinamos y nos forjamos en torno a vínculos muy sólidos.

La defensa de la autonomía de los cuerpos intermedios y su consecuencia inmediata que es el principio de subsidiaridad, han sido extensamente desarrollados en estos últimos años. Hoy forman parte incluso de las bases de nuestro andamiaje constitucional y de las principales estructuras sociales y económicas surgidas desde 1973. Pero si bien ellos tienen una raíz muy antigua es el pensamiento clásico del occidente cristiano, nadie podría con justicia desconocer que fuimos los gremialistas de la Universidad Católica, quienes más decisivamente los convertimos en parte del actual acervo sociopolítico chileno.

El rechazo a la politización de los cuerpos intermedios no políticos, dejó de ser así una mera reacción visceral, contestataria y efímera, como ocurriera tantas veces antes en nuestra historia social y universitaria. Ese rechazo se transformó en el efecto natural de la afirmación de la autonomía de los cuerpos intermedios y del principio de subsidiariedad. Y al brotar desde tan profunda vertiente, el gremialismo fue capaz de articular toda una concepción básica sobre el hombre y la sociedad que, sin entrar al campo de las ideologías políticas, constituye un pensamiento de notable riqueza doctrinaria. En él se encuentra la fuente de muchos y muy sustanciales aportes a la bandera de una sociedad integralmente libre, que hoy se despliega en él.

Con todo, lo que hoy celebramos no se explicaría ni habría sido posible, merced sólo a ideas, por valioso y decisivo que sea su papel en toda acción humana fecunda. Junto a ello, estuvo y ha estado una escala de valores morales donde reside la explicación última y más honda de nuestro sello generacional.

Es la convicción —hecha testimonio— de que la vida tiene un signo trascendente, derivado de la dignidad espiritual del hombre. Es el asumir la vida como un ideal genuinamente cristiano, frente al cual no podrían seducirnos ni el apego a las riquezas, ni la frivolidad de los placeres, ni la vanidad de los honores, ni ninguno de los antivalores que el mundo opone al evangelio de Cristo, sin que sintiésemos claudicar en la razón de ser de nuestras existencias. He ahí lo único que realmente explica nuestra perdurabilidad en el tiempo.

Sí, estimadas amigos y amigos. Representamos uno de los movimientos generacionales más gravitantes gestados en Chile durante el último medio siglo. Y somos eso. Servidores siempre imperfectos —pero también siempre perseverantes— de principios conceptuales sólidos y de valores morales objetivos y graníticos. Por ello —y no por otro motivo—nos detestan tan virulentamente nuestros muy variados adversarios. Nos detestan porque nos temen. Y nos temen porque nos saben irreductibles. Lo que surgió como un movimiento estudiantil de una universidad chilena —y que sigue viviendo esa faceta con la pureza entusiasta que hoy nos ha convocado— se ha extendido mucho más allá de esa universidad. Más allá incluso del campo universitario en general. Más allá de las organizaciones intermedias, consideradas como simples estructuras.

Somos un movimiento generacional nutrido de ideas, valores y testimonios, que conforman ese estilo singular que nos honra y nos distingue. Somos un movimiento generacional que ya ha dejado su impronta en la historia de Chile, y que hoy renueva su voluntad de seguir profundizándola. Con la misma ilusión de la primera hora. Con el mismo rigor y perseverancia que nos movieron aún en las horas más adversas o inciertas. Y con la misma fe en que Dios sabrá como continuar dándonos esos resultados fecundos, que cada uno de nosotros lleva en lo más hondo de su alma como algo entrañablemente querido y maravilloso, y de lo cual tenemos la obligación de hacer partícipes a quienes vienen después de nosotros. No podríamos fallarles y no les fallaremos.

Comparecen hoy ante nuestro recuerdo múltiples alegrías y sufrimientos vividos en común, junto a otros marcados para cada cual por la inexorable soledad, que es dura, pero que al depurarnos nos enriquece interiormente. Aun así, siento que cualquier imagen evocadora, cobra su verdadero significado sólo ante el ancho horizonte de la esperanza, que nos invita a siempre renovados desafíos futuros, desde las raíces de una fidelidad que nos compromete y que esta noche hemos visto tangiblemente confirmada”.

Diario de Sesiones del Senado, Sesión 46ª, Ordinaria, 23 de marzo de 1991, 12-14.

Señor presidente, honorables colegas.

Los parlamentarios de Unión Demócrata Independiente asumimos el imperativo de conciencia de rechazar el proyecto de reforma constitucional sobre el cual hoy se pronuncia el Congreso Pleno.

Durante el debate de esta iniciativa en ambas ramas del Parlamento, la posición de nuestro partido fue expuesta en forma detenida y fundada. Reafirmamos aquí esas intervenciones y nos remitimos a ellas para un conocimiento más completo de nuestro punto de vista.

Como entonces lo manifestamos, el proyecto en cuestión contiene algunos aspectos que nos parecen plausibles, con las salvedades y reservas que en esa ocasión señalamos.

Sin embargo, la médula de esta iniciativa radica en la atribución que se concede al Presidente de la República para indultar terroristas, por delitos de ese carácter cometidos antes del 11 de marzo de 1990. Se mantiene, así, en general y hacia el futuro, la sabia norma de la Constitución de 1980 que excluye del indulto presidencial a quienes sean condenados por delitos terroristas. Pero se le introduce una excepción: se permite dicho indulto cuando se trate de delitos terroristas cometidos antes del 11 de marzo de 1990.

Señor Presidente, en estos días han entrado en vigencia diversas normas destinadas a agilizar los procesos de personas enjuiciadas por leyes especiales, a quienes algunos —equivocadamente— denominan “presos políticos”. Tales disposiciones incluyen importantes cambios de competencia.

Nuestro partido concurrió a aprobar esas modificaciones en ambas cámaras, porque aun cuando los mal llamados “presos políticos” están inculpados de graves delitos, pensamos que merecen, como toda persona, un juzgamiento adecuado y justo. Por consiguiente, una vez dictadas las sentencias respectivas, el Presidente de la República, sin necesidad de la reforma que hoy vota este Congreso Pleno, podría indultarlos a todos ellos, con excepción, exclusivamente, de quienes sean o resulten condenados por delitos terroristas.

La ciudadanía debe saber, así, que esta enmienda constitucional tiene por objeto preciso que el Jefe del Estado pueda indultar también terroristas.

Cuando aludimos a “terroristas”, no formulamos ninguna apreciación subjetiva o controvertible. Nos referimos a personas que estén o sean condenadas judicialmente por delitos que la ley define como “conductas terroristas”, según el texto legal revisado y aprobado por este mismo Parlamento.

Son ésas las únicas personas que sin esta reforma no podrían beneficiarse con el indulto presidencial. Para permitir el indulto de esas personas, que, objetiva e incuestionablemente, son terroristas, se ha impulsado la enmienda constitucional que hoy vota el Congreso Pleno.

En consecuencia, esta reforma tiene como potenciales beneficiarios a los integrantes del grupo más peligroso de los mal llamados “presos políticos”, porque el eventual indulto de todos los demás no requeriría en absoluto de esta modificación de la Carta Fundamental.

Juzgamos que lo anterior es profundamente grave e inconveniente para el país. Por eso, rechazamos esta reforma.

Se pretende tranquilizar a la opinión pública invocando la prudencia con que cabría presumir el ejercicio de esta atribución por parte del actual Presidente de la República. La ciudadanía no debe dejarse confundir con este argumento, ya que él arranca de un supuesto equivocado.

Por una parte, la facultad de indultar a los referidos terroristas no se está confiriendo aquí sólo al actual Jefe del Estado, sino, también, a quienes le sucedan en el cargo hacia el futuro. De modo que aquellos terroristas que conforme al criterio del Presidente Aylwin no sean acreedores a dicho beneficio, podrán ser indultados por futuros gobernantes, cuyos criterios —obviamente— nadie puede adivinar.

Por lo tanto, no es admisible aprobar esta reforma ponderando sólo los enfoques o cualidades personales del actual Primer Mandatario. Pero hay más, señor presidente.

Consideramos que esta iniciativa representa un gigantesco error, del cual tal vez muy pronto deberán arrepentirse los propios sectores que hoy la están aprobando.

En efecto, si el actual Presidente de la República ejerce esta atribución en forma más restrictiva que lo comprometido en el programa de la Concertación y no libera a terroristas que, de acuerdo a dicho documento, deberían ser indultados, se generará una explicable presión de los grupos más extremos que apoyaron la candidatura presidencial de don Patricio Aylwin. Y los efectos de esas presiones —que pueden ser sangrientas—, aparte de dañar a los afectados por ellas, perjudicarán no sólo al Gobierno, sino al país entero.

Por el contrario, si el Jefe del Estado se atiene al programa de la Concertación y otorga el indulto con la amplitud establecida en su texto, quienes desde la oposición hayan contribuido a posibilitar la aprobación de esta reforma no podrán eximirse de su responsabilidad respecto de tales indultos.

Cualquier intento por desligarse de esa responsabilidad, pretendiendo circunscribirla únicamente en el Jefe del Estado, les sería replicado con la evidencia de que nadie podía dejar de prever que la facultad que hoy se otorgue al Presidente de la República se ejercería ciñéndose al programa que lo llevó a la primera magistratura de la Nación.

Desde otra perspectiva, el año transcurrido desde marzo de 1990, fecha en que asumió el nuevo gobierno, nos demuestra, en forma tan elocuente como dramática, que la amenaza terrorista sigue vigente. La creencia de que el advenimiento de la plenitud democrática haría desistir a los terroristas de sus desquiciados afanes, se ha visto crudamente contradicha por los hechos. Más aún, muchas de las personas que podrían ser beneficiadas por esta enmienda constitucional están vinculadas a las mismas agrupaciones que hoy continúan ejecutando y reivindicando crímenes o atentados terroristas, como el Frente Lautaro o el Frente Manuel Rodríguez.

El desafiante recrudecimiento del terrorismo se ve actualmente agudizado por el incremento de la delincuencia común, que también inquieta, con creciente angustia, a los chilenos. Los vasos comunicantes entre el terrorismo y la delincuencia común son bastante conocidos como para perfilar las reales dimensiones de tan delicado problema.

Estamos convencidos de que la ciudadanía observa, con desconcierto y estupor, que en este preciso momento el Congreso Pleno se reúna para ratificar —como la primera reforma constitucional que aprueba— una enmienda que permite el indulto presidencial de terroristas.

Nuestro partido ha contribuido a aprobar en este Parlamento muchas iniciativas tendientes a alcanzar la reconciliación entre los chilenos. El país puede estar cierto de que continuaremos haciéndolo, teniendo siempre presente que tan noble objetivo requiere de una apropiada ecuación entre la generosidad y el realismo.

La reconciliación nacional exige especial acierto, tino y equilibrio en los instrumentos que se diseñen para lograrla. Consideramos que esta enmienda de la Carta Fundamental no cumple con esos requisitos, porque ningún paso tenderá efectivamente a dicha reconciliación, si él pone en peligro la seguridad de las personas o la paz social.

Señor Presidente, votamos en contra de esta reforma constitucional porque somos contrarios a que personas condenadas por delitos terroristas puedan ser indultadas por la sola voluntad del Presidente de la República, quienquiera que éste sea.

Votamos en contra de esta reforma constitucional porque, tanto en la campaña electoral de 1989 como hoy, discrepamos del programa de la Concertación en materia de indultos. No podríamos sentirnos actuando de modo consecuente con ello si concurriéramos, ahora, a ampliar el ámbito del indulto presidencial.

Votamos en contra de esta reforma constitucional porque nos parece que ella envuelve una pésima e incomprensible señal para el país, en momentos en que el recrudecimiento terrorista y de la delincuencia común reclama una actitud particularmente firme, y sin equívocos, de todas las autoridades públicas ante tan seria amenaza. Voto que no.