Los estadios. Las camisetas. Los avisos del exCDF (hoy TNT Sports). Todo el fútbol profesional chileno está abarrotado de publicidad de casas de apuestas online. Nombres como Coolbet, Betano, Betsson, Latamwin o RojaBet, que hasta hace un par de años eran casi desconocidos para los fanáticos, hoy inundan todo lo vinculado al balompié.

Este escenario sería solo una anécdota si se tratase de un negocio como cualquier otro. Pero es una industria que no tiene domicilio en Chile, que tampoco está regulada, cuyo negocio se relaciona directamente con los resultados del fútbol –chileno y del resto del mundo–, y que responde a una actividad que, según las autoridades y sus detractores, es de frentón ilegal. Y que tendrá para un buen rato en la indefinición jurídica, debido a los plazos que manejan las autoridades para regularla: no antes del 2023.

“Según lo establecido en el Código Penal, el Código Civil y en la Constitución Política, los juegos de azar constituyen una actividad excepcionalmente lícita, reservada para aquellas situaciones expresamente autorizadas por ley (…) En consecuencia, la explotación de juegos de azar es ilícita, a menos que haya sido autorizada por leyes especiales”, explica la Superintendencia de Casinos de Juego. Estas excepciones son las leyes que permiten la existencia de casinos, de hipódromos o los juegos que administra Polla y Lotería.

Pero estos sitios de apuestas no tienen domicilio legal en Chile, sino en paraísos fiscales como Malta o Curazao, pese a contar incluso con gerentes representantes en el país que han firmado los contratos de publicidad con equipos de fútbol. Pero si uno accede a sus páginas web, no aparecen direcciones de sus oficinas aquí, sino solo en aquellas islas. Incluso si un usuario tiene que hacer un reclamo, solo puede hacerlo a una dirección de e-mail o un teléfono con código de país extranjero.

Estas empresas, sin embargo, enfrentan las sospechas planteando que su actividad no es ilícita y que desean ser reguladas. Que de hecho se comenzaron a instalar en Chile después de fines del 2019, cuando el anterior gobierno anunció que tenía intención de regularlas. “Por eso que muchas plataformas llegan con la decisión de tomar lo más rápido la mayor participación de mercado posible”, cuenta Carlos Baeza, abogado de Coolbet, Betano, Betsson y Latamwin. Desde ese momento, sostiene que están esperando una normativa para una actividad que, según él, “no es ilegal”, sino solo “no regulada”.

“Están ubicadas fuera de Chile y tienen autorizaciones en sus países de origen. No existe ninguna restricción legal para que chilenos puedan conectarse y prestar el servicio desde fuera de Chile. Además, ciertas conductas que se sancionan como delito no alcanzan a las plataformas online, porque la norma apunta a los juegos de azar en lugares determinados de manera presencial o en la vía pública, no se aplica a apuestas online”, explica Baeza.

Las propias empresas admiten que nuestro país está en tierra de nadie: “En Chile las apuestas en línea no están contempladas en la Ley de Casinos de Juego, pero tampoco son prohibidas. Este vacío legal ha permitido un gran crecimiento de la industria”, explica el sitio GG Bet.

Los apostadores chilenos tienen acceso por la web a más de 900 sitios de apuestas online, buena parte de ellos a través de licencias internacionales. Otros, operan sin licencia. Y buena parte usa al fútbol y a sus figuras –actuales y pasadas– como enganche.

“Las plataformas online pretenden dar una apariencia de normalidad y legalidad al asociarse con clubes deportivos y así ganar la confianza del consumidor y de paso no cumplir con ninguna de las obligaciones establecidas por la Superintendencia de Casinos. Están utilizando el prestigio de estos clubes para esconder una actividad ilegal. No solo evaden el pago de impuestos en Chile, sino que no hay ningún control sobre sus finanzas, lo que facilita el lavado de dinero”, reclama la Asociación de Casinos.

Ante la proliferación de esta maquinaria del juego online, el gobierno del expresidente Piñera se propuso regularlo. Pero solo cuatro días antes de dejar La Moneda, presentó su proyecto de ley. Hoy recién está en primer trámite constitucional en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados.

En su diagnóstico, dice que esta actividad ha tenido un crecimiento de al menos un 10% anual en los últimos cinco años “aprovechando un mercado totalmente desregulado y sin generar ingresos para el fisco”.

Entre los objetivos del proyecto de ley están: generar un mercado competitivo de apuestas en línea, resguardar la fe pública, proteger la salud y seguridad de los jugadores, aumentar la recaudación fiscal y transparentar el origen y destino de los fondos obtenidos. Y entre sus disposiciones, define que estos sitios quedarán bajo la supervisión de la Superintendencia de Casinos y deberán obtener licencias de operación por hasta cinco años. También crea cinco tipos de tributos, cuatro para las empresas y uno para el jugador: Un impuesto único del 20% sustitutivo del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre sus ingresos brutos; si el objeto de la apuesta es una actividad deportiva, un 2% de los ingresos brutos debe ir a la federación rectora; un gravamen anual de 1.000 UTM por la licencia; y un 1% de sus ingresos debe destinarse a promoción de políticas de juego responsable. Y a los usuarios, un impuesto único del 15% sustitutivo de renta.

Este gobierno recibió el proyecto y el mes pasado, la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, pidió suspender su tramitación debido a la necesidad de introducirle indicaciones. Esto, supeditado además a la reforma tributaria, puesto que se trata de una ley recaudatoria.

“Es clave concordar mejoramientos. Por ejemplo, creemos que se deben aumentar los incentivos para el registro de las plataformas de apuestas en línea, incorporar normas para evitar conductas contrarias al juego responsable, fortalecer el intercambio de información con el SII y revisar el marco regulatorio de investigación de delitos que contempla el proyecto, entre otras medidas”, comentó a La Segunda la subsecretaria Sanhueza.

La Comisión de Economía aceptó darle un plazo de 30 días que se cumple el 2 de septiembre. Sin embargo, es improbable que el Ejecutivo responda en ese plazo, puesto que su idea es incorporarlo al tercer paquete de medidas tributarias, que considera los llamados impuestos correctivos y que el Ministerio de Hacienda tiene previsto presentar al Congreso recién en diciembre. Y de allí a que sea aprobado y entre en vigencia, al menos podría pasar un año.

“Estamos a la espera de la propuesta. Vamos a conversar con el Ejecutivo, por si requiere más tiempo. Lo importante es que se legisle bien”, dijo el diputado PS Daniel Manoucheri, presidente de la Comisión de Deportes e integrante de Economía.

La industria, en todo caso, está cómoda con el proyecto de ley, salvo por un pequeño detalle: los impuestos los consideran excesivos. Prefieren sólo pagar el impuesto sustitutivo del IVA, es decir, un 20%, y que los apostadores no tributen.

Y algunos sitios ya se han ido adelantando en esa línea. Hasta ahora, “hay dos plataformas que ya están inscritas en el registro del Servicio de Impuestos Internos” para pagar el IVA que hoy se aplica a los servicios digitales: Latamwin (cuyo dueño es un agente de aduanas cuya empresa es chilena) y Betano, cuyo dueño es griego. Coolbet, de propietario estonio, y Betsson, noruego, “tienen la intención de registrarse”, dijo el abogado Baeza, “actualmente, sin una ley, las plataformas tienen la obligación de pagar IVA, no somos una excepción”, concluyó Baeza.