Vivir en una parcela para dejar atrás la estresante vida de la ciudad, el ruido, los tacos y la contaminación, es el sueño de muchos. Dicho deseo se hizo más patente producto de la pandemia, en especial, tras las prolongadas cuarentenas dictadas por la autoridad. Por ello, no pocos decidieron trasladarse a sectores tradicionalmente agrícolas, desde Talagante a la costa, y al sur hasta la Patagonia.

Este fenómeno sorprendió a municipios y autoridades regionales que, la mayoría de las veces, carecen de los recursos para dar acogida a un gran volumen de personas. Por ejemplo, el alcalde de Puerto Varas cuantificó la migración hacia su comuna en cerca de seis mil familias (desde 2020), lo que está provocando serios problemas de tráfico vial, infraestructura, colapso de alcantarillados y recolección de basura.

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, periodista con dos maestrías enCiencia Política en la UC y Desarrollo y Gestión Pública en la U. Wisconsin y exalcalde de Rancagua, ha tenido que enfrentar el problema a poco de comenzar su gestión. Por lo pronto cuantifica el fenómeno: “Habitualmente el loteo anual era de 5 mil parcelas y el 2019 creció a 10 mil. El año pasado subió a 20 mil”.

Hace pocos días, el ministerio envió un instructivo al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) para utilizar las facultades de que dispone para evaluar las divisiones con fines agrícolas. “Los reclamos que hemos recibido vienen de la gran familia agrícola que los reúne a todos, grandes, pequeños y medianos productores”, explica Valenzuela.

Y añade: “En definitiva, es una queja contra la no acción del SAG. Frente a eso, lo que hicimos fue tomar a un equipo de abogados tanto del ministerio como del mismo SAG y ahí se constituye esta orden ejecutiva que dice: ‘basta, no se pueden otorgar permisos de parcelación en forma mecánica'. Existe una Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece una serie de requisitos que pueden estar siendo alterados por este otorgamiento de parcelaciones”.

—Se dijo que el ministerio había prohibido las parcelaciones.

—El ministerio no ha prohibido las parcelaciones. Lo que ha hecho es que ante solicitudes de certificación de subdivisión de predios rústicos y frente a sospechas fundadas de que es evidentemente una urbanización a escondidas, con propósitos habitacionales, se aplique la norma que corresponde. En estos casos, vamos a consultar al Ministerio de Vivienda y a los municipios respectivos.

Desde esa perspectiva, Valenzuela agrega que “hay ciudades que han avanzado más, como Santiago y Concepción, en un plan metropolitano de ordenamiento territorial. Hay buenas prácticas que permiten conservar el interés de las personas, pero también algunas no muy buenas que impiden conservar el suelo con interés agrícola”.

—¿Cómo hemos llegado a esta situación crítica?

—Por una legislación laxa. También por la pandemia, que a través de los retiros de los fondos de AFP generaron un acceso a capitales y una forma de invertir fueron estas parcelas. Todo ello combinado con una falta de certificación de los propios ministerios de Agricultura y Medio Ambiente, también la Conaf, el SAG y de los municipios, al no pedir los permisos respectivos. Así se van instalando estas parcelas como verdaderos condominios en medio de la ruralidad. Acá el punto no es dejar las puertas cerradas, pero sí terminar con los casos de abuso. Eso implica abiertamente realizar una planificación urbana, ver cómo afecta la creación de caminos, sistemas de regadíos y proteger el bosque nativo.

—¿Entonces la solución es modificar definitivamente la legislación? Porque no está claro si quienes están haciendo estos proyectos eluden la ley o se la están saltando definitivamente.

—Es parte de ambas cosas. Hay un vacío reglamentario que no requiere ley, sino un instructivo del Ministerio de Agricultura y del SAG, que deje en claro que la parcelación mantiene zonas agrícolas. Eso es lo que hemos hecho con este instructivo. Y la propia agrupación de corredores de estos parcelamientos reconoció que no se podía hacer subdivisiones en terrenos agrícolas, sino en aquellos que son más arcillosos o de colinas. También se tiene que hacer una conservación y ello implica dejar parte del bosque nativo intacto. Lo otro es que hay que clarificar los servicios municipales de agua, de recolección de basura y varias cosas más para las que muchas veces no están preparados o no dan abasto. Está todo ligado. Una opción es una ley corta que dure por dos o tres años. La otra es por la vía reglamentaria. Y eso es lo que hemos empezado a hacer desde el Ministerio de Agricultura.

—¿Habrá excepciones?

—Obviamente hay excepciones, como los parceleros de la reforma agraria, porque los hijos van recibiendo las herencias de tierras y también de quienes pueden hacer una población de actividad rural, lo que no es solo con un fin habitacional. Pero para estos nuevos condominios que se están publicitando, tiene que haber una reglamentación que tenga que ver con las normas de urbanización para que no afecten al bosque nativo, no salgan de la pendiente más allá de lo debido, no generen posibilidades de deslave de cerros y que la gente cuente con servicios bien estructurados.

—¿Hay un cambio de legislación que usted considera que debiera hacerse sí o sí?

—Por supuesto. Las exenciones que deberían hacerse y el acceso a servicios básicos. Los condominios tienen un reglamento de copropiedades, trazabilidad hídrica y los pozos que se han construido sin regulación están secos en verano. Eso es un escándalo.

—¿Usted cree que hay piso político para impulsar estos cambios? Porque entremedio están los intereses de las empresas inmobiliarias que tienen influencia.

—Obviamente es necesario hacer una conversación sana viendo los casos internacionales y las buenas prácticas. Los parlamentarios que tienen intereses con grandes terrenos que están potencialmente vinculados con parcelamiento deben inhibirse. La idea es llegar a un gran acuerdo que proteja el bosque nativo, que permita a la gente acceder a servicios básicos, que se defina qué es un condominio rústico y qué servicios básicos deben proveer los municipios. El tema es que estos condominios rústicos subieron mucho en terrenos populares y medios, y eso es lo que hay que cuidar. No es lo mismo un condominio rústico que uno de ciudad y, por lo tanto, hay que buscar los acuerdos básicos para que esto sea ordenado.

—¿Ya están trabajando con el Ministerio de Vivienda en estas iniciativas?

—No solo con el Ministerio de la Vivienda, también con el Ministerio de Bienes Nacionales. Ya hay un comité de técnicos con mucha experiencia para evaluar todos estos lugares donde hubo parcelamiento masivo.

—Se ha definido el Ministerio de Agricultura como un “ministerio ecológico”. ¿Qué ha significado eso en la práctica?

—El ministerio se define como uno que va por el bien social y la agricultura sustentable. Estamos en esa transición y, de hecho, hemos creado tres focos para nuestra gestión. Uno es el no ser indolentes frente a los cultivos tradicionales, pero buscando siempre lo que es sustentable. También estamos trabajando en la “agroecología”, que es lo que viene. Europa acordó que a partir del 2030 será un continente con cero contaminaciones agrícolas, sin pesticidas. También hay un énfasis en la pequeña agricultura, para tratar de darle mucho más valor a la industria artesanal, lo que es parte de un movimiento mundial.

—De todas formas, el sector agrícola está pasando por un momento difícil. La gente ve que los precios de los productos suben día a día y también se ha planteado que podríamos tener problemas de acceso a productos tan importantes como el trigo.

—No es tan así. Hay dos productos cuyos precios se han disparado a nivel mundial: la harina y los aceites comunes, debido a que la producción se ha reducido en dos tercios. Pero hay muchos productos de temporada que han bajado, como las naranjas, limones, mandarinas y papas. La producción chilena es muy dinámica. Así como somos unos de los tres países del Hemisferio Sur que no ha exportado alimento al Hemisferio Norte, tenemos desde Argentina, Canadá, Estados Unidos y Perú un intercambio comercial para la soja y el trigo que nos falta. Pero no hay un tema de carestía. Tenemos todos los elementos que nos faltan. Adicionalmente, hemos dado el mayor apoyo en fertilización para la producción de cultivos tradicionales como trigo y maíz, y triplicamos el crédito agrícola. Además, para el año 2023 se quiere duplicar los recursos del ministerio en el programa de legumbres.

—¿Se está optando entonces por una óptica no solo exportadora, sino también de abastecimiento nacional?

—Desde marzo estamos desarrollando un plan para asegurar el abastecimiento y en eso Agrosuper se ha portado muy bien, apoyando a más de mil productores de cereales en la provincia de Melipilla y de otras zonas con fertilizantes no contaminantes. Hemos estado preocupados también de tener un contacto directo con el ministro de Agricultura estadounidense, para ver todo el tema del intercambio, al igual que con el ministro de Argentina. En definitiva, hemos trabajado con todos los actores de la agricultura con transversalidad.

—¿Cómo se ha dado la relación público- privada específicamente en estos proyectos que el Gobierno ha planteado?

—En el sector grande hay una preocupación por la sustentabilidad agrícola alimentaria, pero creo que están un poco sobreideologizados. Pero en general hemos tenido una relación muy buena, al igual que hemos estado firmes con las comunidades mapuches, diaguitas, atacameñas y con las cooperativas campesinas. Estamos en línea, pero hay algo que hemos transmitido como Gobierno: en las zonas de mucha violencia es necesaria una ayuda directa a los pequeños productores. Nosotros con los recursos que tenemos, obviamente nos hemos focalizado en los pequeños y medianos. Pero hay que lograr que muchas personas vean que la agricultura ha tenido un incremento en su PIB a pesar de todo, porque han existido buenos precios para los alimentos a pesar de la crisis mundial que conocemos. Por otra parte, y en lugar de seguir con las parcelaciones, muchos predios pueden convertirse en zonas de producción de alimentos de calidad. El sector inmobiliario tiene que ser aliado si se pueden crear condominios rústicos bien hechos, con recolección de basura, con reciclaje, con más agua, con dejar los caminos abiertos, con sustentabilidad.

—¿Y existe esa disponibilidad en el sector inmobiliario?

—Hay inmobiliarias inescrupulosas, otras regulares, pero también algunas que actúan con responsabilidad. Tiene que haber un pacto de seriedad que es lo que vamos a buscar con la legislación. El cambio climático no es el único problema, es la inercia de la corresponsabilidad de las personas. Por eso hay que generar más cooperación y a la vez mayor sustentabilidad.

—¿Hay voluntad en el mundo empresarial?

—Creo que hay un sector importante de los grandes empresarios que está entendiendo que la agricultura más sustentable es relevante, pero también es necesario que salgan de sus zonas de confort y que sean más proactivos en hacer mejor el uso de las cuencas, en mejorar el uso del agua, salir de las trincheras y avanzar a modelos de colaboración.