El Centro de Estudios Públicos (CEP) presentó una encuesta especial sobre la situación indígena en las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos; la metodología del estudio, entrevistas cara a cara en hogares realizadas entre febrero y julio a 2.915 personas —1.374 autodefinidas como mapuches y 1.541 no mapuches—, refleja un inédito esfuerzo de comprensión de la opinión pública, que lo vuelve representativo de la visión de la sociedad en esa zona del país.

Los datos muestran diferencias significativas con premisas que han sido parte del debate constitucional. Solo 12% de quienes se identifican como mapuches aprueba la figura de Estado plurinacional; 48%, en cambio, apoya la idea de un Estado nación donde conviven individuos sin distinción étnica y 30% respalda un Estado multicultural. Entre los no mapuches, 54% adhiere al Estado nación, 14% al plurinacional y 22% al multicultural. Asimismo, 45% de los indígenas se declara chileno y mapuche al mismo tiempo y 17% solo mapuche. Mientras 43% de los mapuches está de acuerdo con las autonomías territoriales, el 41% de los no mapuches las rechaza.

Respecto de mecanismos de reparación, 30% de los mapuches plantea la restitución de tierras, pero el 59% no justifica el uso de la fuerza para lograrlo; el 19% señala el reconocimiento constitucional, el 17% menciona la provisión de educación de calidad y el 3% incluye la representación política. En el total, se observa un incremento de la percepción de conflicto de las comunidades con las empresas forestales, Carabineros y el Estado. El estudio también revela que los mapuches privilegiarían el acceso a educación, salud y capacitación por sobre la devolución de tierras.

Cuando se ha consolidado la idea de que el proceso constituyente se prolongará más allá del plebiscito, con independencia de su resultado, los datos sugieren la pertinencia de reexaminar el estatus de los pueblos originarios a la luz de las necesidades y demandas expresadas, tanto por los mapuches como por quienes coexisten y se relacionan con estos.

A partir del principio de plurinacionalidad, la Convención desarrolló una serie de iniciativas sobre pueblos originarios que, según sus críticos, están inspiradas en el traslado mecánico de otras experiencias y realidades: entre ellas, las autonomías territoriales indígenas (ATI), la validación de la justicia indígena, normas para asegurar el manejo de recursos naturales y la restitución de tierras, escaños reservados en el Congreso, y la consulta o consentimiento indígena para viabilizar las modificaciones legales más relevantes.

Varias de estas disposiciones, sin embargo, no eran parte de la agenda original de los escaños reservados, sino que se “construyeron” en el proceso a partir de la influencia de corrientes como el llamado constitucionalismo andino. Con todo, también se ha anotado la negativa influencia, en el alineamiento de los convencionales indígenas, de quienes polarizaron la Convención con críticas racistas o de clase.

Si bien la mayoría de los convencionales sostiene que las normas hacen justicia a pueblos anteriores al Estado y la república, y que solo recogen lo prescrito en tratados internacionales y el derecho comparado, los críticos acusan la creación de distintas categorías de ciudadanos en función de su origen. La incerteza del proyecto constitucional, que ha dejado abiertas a la interpretación prácticamente todas las formas de plurinacionalidad, es uno de los factores que explica la ventaja que hasta ahora tiene el Rechazo. Según la encuesta Espacio Público-Ipsos publicada hace algunos días, el Estado plurinacional y los sistemas de justicia indígena son los aspectos peor evaluados de la propuesta.

En el marco del reconocimiento de la entidad de los pueblos originarios y las medidas de reparación —una cuestión ya de sentido común, donde no resulta justo, posible ni realista retroceder—, es importante reconducir el debate sobre el estatuto institucional indígena. La encuesta del CEP es una contribución basada en evidencia a esa deliberación, que debe integrar a todos los sectores con una perspectiva moderna y de igualdad de derechos.

Innovación

Señor Director:

Se ha desarrollado el IV Festival de Innovación y Futuro UC, bajo el lema “Soluciones que impactan”, organizado en colaboración con DuocUC. Este evento está dirigido al ecosistema innovador y tiene por objetivo conectar, aprender y generar futuros negocios en un marco de cuidado del medio ambiente y propiciando el impulso social empoderando la alianza entre academia, el sector productivo y la sociedad civil. Por su efecto directo en el crecimiento y por tanto en el bienestar de la población, al innovación debe ser un proyecto país.

El papel de las universidades en el proceso de innovación y transferencia es clave, así como potenciar el rol de los actores que participan en esta transformación: emprendedores, innovadores, universidades, gobierno, empresas e inversionistas. Solo algunos ejemplos de spin-offs creadas en la UC son Environ y la tecnología ProstaMets, una prueba para predecir la ramificación de tumores causados por el cáncer de próstata; Biothervax, que facilitó la llegada de la vacuna contra el virus respiratorio sincicial, y IC Innovations que desarrolló un dispositivo respiratorio para aumentar la resistencia física de deportistas.

Se analizaron temáticas referentes a alimentación del futuro, cambio climático, energía y sostenibilidad, movilidad sustentable y la construcción de un futuro sostenible por medio de un ecosistema de innovación y emprendimiento. El objetivo es promover la innovación sustentable y respetuosa con el medio ambiente.

Ignacio Sánchez D.

Rector, P. U. Católica de Chile

Señor Director:

El exsubsecretario Antonio Frey señala que la última encuesta Enusc refleja el comportamiento de la victimización del último trimestre 2021, en comparación con el mismo período de 2020, y que la baja en las cifras se debe a que estábamos en período de encierro, por pandemia. Se equivoca, pues durante el último trimestre el año pasado la movilidad estaba completamente restablecida, sin toque de queda o cuarentenas.

La baja en la victimización en los cuatro años del gobierno del Presidente Piñera fue sistemática: a 25,4% en 2018; 23,6% en 2019; 19,2% en 2020 y 16,9% en 2021. Y si bien hubo un efecto pandemia, la baja fue fruto de un trabajo focalizado y mancomunado con las policías, con planes especiales contra aquellos delitos que más preocupan a la ciudadanía, como las encerronas, el narcotráfico, el crimen organizado y el uso de armas de fuego. Y, si bien el homicidio ha aumentado en la última década, en 2021 cayó más de un 21%.

María José Gómez

Exsubsecretaria de Prevención del Delito

Señor Director:

Del clásico refrán popular a un comportamiento gubernamental habitual: más vale pedir perdón que permiso.

Carlos Pérez-Cotapos U.

Señor Director:

De tanto rasgar vestiduras ante lo que, incluso con razón, se consideró en su momento un comportamiento cuestionable o reprobable del gobierno, es fácil quedar desnudo cuando se incurre en las mismas prácticas una vez que se detenta el poder.

Rafael Rosende

Señor Director:

Desgraciadamente, pegarse en la cabeza se convirtió en un deporte muy popular.

Juan Eduardo Morales Veas

Ayer en el top "Depolo: un retuiteador empedernido a la espera del agreement" publicamos erróneamente que Sebastián Depolo recibió como secretario general de su partido (cargo que ocupó hasta los primeros días de julio) un sueldo bruto de $3 millones. Esa cifra -declarada en Infoprobidad- corresponde en realidad a la suma de todos sus ingresos. Lo concreto es que RD le pagó honorarios dependiendo de la dedicación horaria: el año pasado recibió un promedio mensual líquido de $1.301.895, y entre enero y junio de 2022 la cifra se redujo a $850.034 líquidos.