La alcaldesa de la comuna de Arauco, Elizabeth Maricán, era la más contenta esta mañana con la decisión. La empresa Arauco, el brazo forestal de Empresas Copec del grupo Angelini, decidió trasladar el pago de su patente municipal desde Las Condes en Santiago, donde está su oficina central, al municipio sureño, una política que no es común en las grandes empresas chilenas, que concentran en general estos impuestos en sus oficinas centrales.

Según las declaraciones de la edil a Radio Bío-Bío, la decisión se adoptó “luego de un intenso año de conversaciones” e implicará que la empresa elevará sus pagos al municipio a unos $640 millones anuales, que destinará a inversión pública y programas sociales.

Desde la compañía, Mauricio Leiva, subgerente de Asuntos Públicos, explicó un poco más el detalle de la decisión: “Arauco ha contribuido históricamente en función de estos principios y hoy, producto de una reestructuración administrativa y tributaria generada al interior de la compañía, logramos que el 95% de las patentes municipales quede en las comunas donde operamos”, respondió esta mañana por escrito.

En la práctica, lo que ocurrió fue que la compañía trasladó el pago que hacía la filial Arauco Internacional en Las Condes hacia la comuna de Arauco, con lo que se elevarán los aportes totales que ya hacía a ese municipio. La alcaldesa precisó que anualmente recibían el pago de unos $190 millones, que ahora se elevarán a $640 millones. Así, la empresa pasará de pagar el 72% de sus patentes en regiones al 95%.

“De esta forma fue posible responder a la solicitud realizada por la alcaldesa de Arauco, aumentando nuestra tributación en la comuna, como una señal de compromiso con el desarrollo de la zona que nos vio nacer y ha sido parte de nuestra evolución”, agregó Leiva.

En el resto de las comunas donde la compañía tiene operaciones en las regiones del centro-sur (desde El Maule a Los Ríos) también realizan sus pagos de patentes.

Leiva explicó que la forestal apoya a estos municipios de múltiples formas. “Más allá de las patentes comerciales, como compañía también realizamos otros aportes significativos que quedan en las zonas donde estamos presentes. Allí no solo hay operaciones, también viven nuestros colegas, proveedores, vecinos… está nuestra historia”, describió.

Para eso –agregó– buscan contribuir al desarrollo local no solo a través de su quehacer cotidiano, “también lo hacemos implementando programas, instalando capacidades y realizando alianzas que buscan bienestar, desde el diálogo y la participación”.

La compañía no respondió las consultas relacionadas a si la decisión tomada podría propender a acercar posiciones para relajar las tensiones en la zona, por el conflicto mapuche. En general, la firma no se refiere públicamente a este conflicto y solo en informaciones oficiales, como sus memorias anuales, ha expresado su preocupación por el ambiente en la zona.

“Un prolongado conflicto en la Región de La Araucanía de Chile se ha extendido en el territorio, y escalado en violencia en los recientes años hacia áreas donde tenemos operaciones, especialmente en las regiones del Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Este conflicto ha incluido asaltos, tomas de terrenos, quemas de maquinarias y otros activos, bloqueos de carreteras y confrontaciones con la fuerza pública. También hemos enfrentado otras dificultades adicionales en las regiones antes mencionadas, como el robo de madera”, relató en su Memoria 2021|.

El gremio Sociedad Nacional de Minería (Sonami) dio las primeras alertas hace unos días. Tras el rechazo del proyecto de continuidad operacional de la mina El Soldado de Anglo American en la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Valparaíso, su presidente Diego Hernández dijo que era una “mala señal” que seis iniciativas mineras hayan sido rechazadas en los últimos meses. Más aún porque en el caso de El Soldado contaba con una recomendación favorable del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), organismo técnico que se pronuncia a favor o en contra de los proyectos antes de que las comisiones regionales –integradas por el delegado presidencial y los seremis– decidan su futuro.

El análisis de las iniciativas alojadas en el Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA) a lo largo del país arroja varias señales sobre estos cambios. Entre el 11 de marzo y el 11 de julio de este año, se aprobaron un total de 101 iniciativas, con un monto de inversión de US$3.739 millones, pero también se rechazaron 18 proyectos, el número más alto de los últimos cuatro gobiernos, que suman incluso un valor mayor: US$ 3.805 millones, abultados por el proyecto Los Bronces Integrado, también de Anglo American, que por sí solo considera una inversión de US$3.000 millones. De hecho, 10 de los proyectos rechazados son de los sectores de minería y energía.

Pero lo que más llama la atención es que de los 18 proyectos rechazados, siete contaban con recomendación favorable del SEA, lo que no fue razón suficiente para aprobarlos. Uno de los más conocidos es Egaña Comunidad Sustentable, un conjunto de edificios de la Inmobiliaria Fundamenta en Ñuñoa, que el SEA de la Región Metropolitana recomendó aprobar, pero finalmente solo él y la Seremi de Vivienda apoyaron, mientras que las nueve reparticiones restantes (incluyendo a la delegada presidencial Constanza Martínez) votaron en contra. Otros proyectos en la misma condición, pero de menor magnitud, se dieron en Maule, Biobío, Los Lagos y Coquimbo.

Al analizar los proyectos rechazados en Piñera II (2 iniciativas) y Bachelet II (15 iniciativas) en sus primeros cuatro meses de mandato, ninguno de ellos enfrentó el mismo escenario, pues el SEA recomendó rechazarlos y luego eso ocurrió en la votación final.

“Cuando nos encontramos con estas situaciones extrañas en que pese a que hay una recomendación favorable, finalmente los proyectos se terminan rechazando, deja entrever que evidentemente hay una posición política contraria a un determinado proyecto y eso finalmente lo que hace es desprestigiar el sistema”, opina Javier Naranjo, director de Medio Ambiente del estudio Jara del Favero y exministro de Medio Ambiente en Piñera II.

“Lo ocurrido a la fecha es una alarma sobre la que debemos poner mucha atención”, agrega Edesio Carrasco, socio de Schultz, Carrasco, Benítez Abogados. “Me parece que, por ahora, más que un enfoque ecológico del gobierno actual en los rechazos, hay un desconocimiento del funcionamiento de la institucionalidad ambiental de las Comisiones de Evaluación, cuyas decisiones políticas se revisten de ecológicas, olvidando nociones básicas respecto a los procedimientos de evaluación, las competencias con que cuentan y la motivación que deben dar respecto de sus decisiones”, sostiene.

Otros, como el abogado Ezio Costa, emblemático litigante contra grandes proyectos como Minera Dominga, le restan relevancia al tema político. “Puede obedecer a dos cosas. Estar relacionado con estándares más altos de parte de las nuevas autoridades en torno a la protección ambiental; también puede deberse a una mayor responsividad de las Coeva a las preocupaciones regionales, en contraste a otros momentos en que han sido más dirigidos desde Santiago”, analiza.

Al margen de la explicación, expertos sugieren que de mantenerse esta tendencia, se debería retomar la discusión en torno a cambios al sistema. Jorge Andrés Cash, jefe del área ambiental de Elías Abogados, dice que es recomendable que el SEA analice en el caso a caso la fundamentación técnica que se ha dado al interior de las comisiones de evaluación al momento de rechazar proyectos que técnicamente cumplen. “Si de dicho análisis se concluye que el estándar de fundamentación ha sido abiertamente deficiente, especialmente por aquellos seremis que votan en contra de los pronunciamientos técnicos de los servicios de su dependencia, me parece urgente que se adopten medidas legislativas y administrativas que fortalezcan el SEIA y lo blinden de una intervención aparentemente inédita en términos políticos e ideológicos”.

Consultado el SEA, organismo dirigido por la abogada Valentina Durán, la unidad de comunicaciones se excusó de comentar sobre la aprobación o rechazo de proyectos en atención a que las iniciativas pueden ser reclamadas y el organismo actúa como secretaría ejecutiva en el Comité de Ministros. También fueron consultadas las carteras de Medio Ambiente y Economía, pero tampoco se pronunciaron.

De manera unánime, el Comité de Ministros del Medio Ambiente liderado por la titular del área, Maisa Rojas, aprobó esta mañana el proyecto de puente ferroviario sobre el río Bío-Bío que contaba con permiso ambiental desde junio de 2019. La iniciativa contaba con siete reclamaciones de comunidades aledañas, que fueron desestimadas por la entidad que se reunió esta mañana en el Ministerio del Medio Ambiente. En la instancia, votaron los ministros Huepe (Energía), Yarza (Salud), Grau (Economía), Valenzuela (Minagri) y Hernando (Minería).

El proyecto de EFE unirá las comunas de Concepción y San Pedro de la Paz, aguas abajo de la actual estructura que data de fines del siglo XIX. El proyecto contempla la construcción de un nuevo viaducto de 1,8 kilómetros de longitud con dos vías electrificadas para el uso mixto de trenes de carga y pasajeros.

Además, contempla la construcción de un túnel de 325 metros de longitud, que conectará la vía férrea por el extremo norponiente del cerro Chepe.

El Comité de Ministros “determinó que las materias reclamadas fueron debidamente consideradas en los fundamentos de la RCA, por lo tanto se resolvió aprobar el proyecto. Sin embargo, propuso complementar la RCA, precisando aspectos referidos al impacto sobre la ictiofauna, esto es en relación a los métodos de pesca para el rescate, relocalización y seguimiento de los especímenes”, dijo el ministerio.

El proyecto hidroeléctrico El Rincón, que se iba a votar hoy, fue recalendarizado.