La reforma tributaria, ingresada hace algunos días por el Gobierno al Congreso, es la quinta que se discute en los últimos 12 años. Sin embargo, ésta trae una ambiciosa promesa en materia de rebaja de impuestos corporativos: aquellas empresas que inviertan en Investigación y Desarrollo (I+D) o que realicen gastos que aumenten la productividad, podrán descontar hasta dos puntos de su carga impositiva, llevando así el tributo desde un 27% hasta un 25%.

Sin embargo, si bien la idea es buena, no tendría un gran alcance. “Al mirar el informe financiero de la Reforma Tributaria que propone el Gobierno, dice que esperan que casi la mitad de las empresas en Chile ocupen este mecanismo y eso no será así”, dice el exsubsecretario de Economía del primer gobierno de Sebastián Piñera Tomás Flores.

El también economista de Libertad y Desarrollo, quien además fue uno de los autores de la Ley I+D (20.241), explica que no todas las empresas tienen la posibilidad o la necesidad de gastar en este ítem y que por ejemplo, compañías más ligadas al sector comercio no tienen áreas de I+D.

“Cuando creamos la ley, hace 10 años, contamos 500 empresas en Chile con gerente de I+D, la mayoría de ellas extranjeras. Ahora, al hacer un balance a la fecha, contamos proyectos por alrededor de US$554 millones y han involucrado a cerca de 1.000 empresas en total. Es lo que es, algo más bien de nicho y no muy distinto de lo que yo pensaba cuando creamos esta ley en 2012”, agrega.

Algunos de los ítems que la reforma contempla agregar para acceder al beneficio son, por ejemplo, gastos destinados al registro y protección de la propiedad industrial, certificaciones de normas ISO, manufactura y servicios de alta tecnología, y adquisición o contratación de bienes y servicios desarrollados con apoyo público.

El abogado tributarista experto en I+D y profesor de la Universidad de Los Andes José Domingo Peñafiel, afirma que si bien existen mejoras en el proyecto de ley de reforma tributaria, “la Ley N° 20.241 sigue siendo bastante rígida y el proceso continúa centralizado y en cierta forma controlado por la Corfo”.

En ese contexto Peñafiel plantea que, para liberar a los contribuyentes de trámites excesivos, “se podría haber delegado la certificación de los proyectos o aspectos de esta en agencias privadas para alivianar la institucionalidad, o incluso liberar de certificación a proyectos de menor entidad, por ejemplo. También se han agregado en el proyecto de ley, requisitos de revalidación de los grados de doctorado obtenidos en el extranjero que no contribuyen a la simplificación de la certificación de proyectos” reclama.

En una línea similar, otra dificultad que plantea el director ejecutivo de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, es que no queda claro qué sucederá con los gastos de I+ D mientras las empresas que los realizan no obtengan el certificado de Corfo para acreditarlos y así puedan solicitar la rebaja tributaria al Servicio de Impuestos Internos.

“La reforma trae cambios al concepto de gasto aceptado, lo que significa un retroceso, porque se está exigiendo una correlación de ingreso y gasto”, explica.

El experto agrega que “claramente un desembolso en I+D, para un proyecto que está en una etapa temprana, no generará ingreso. Por lo tanto, bajo el concepto de ‘gasto aceptado propuesto', ese desembolso no se podría llevar a gasto hasta que genere ingresos en el futuro, y eso es contradictorio, porque las actividades de investigación y desarrollo son de riesgo y no pueden asegurar ganancias”.

El proyecto de reforma tributaria también contempla que las pequeñas y medianas empresas obtengan beneficios tributarios al invertir en I+D. Sin embargo, los expertos ven difícil que éstas puedan aprovecharlos, aunque haya incentivos.

“El sueño es que las pymes puedan sumarse, pero más bien suena a una promesa que no tiene que ver con la realidad. Actualmente, el 76% de las empresas que invierten en I+D son grandes”, argumenta Flores.

Esta mirada es compartida por Peñafiel, quien dice que “es difícil que ocurra, principalmente por lo pesada y engorrosa que quedó la institucionalidad, en donde sin asesores externos especializados es muy difícil que las empresas puedan utilizar los beneficios”.