Se contagió de Covid no sabe cómo. El alcalde de Puerto Varas estuvo algunos días encerrado en su casa, en pleno centro de la ciudad, cumpliendo estricta cuarentena. “Hace muchos años que no paraba, fue una experiencia extraña”, dice, aún tosiendo, tal como lo hará a lo largo de toda esta entrevista, que responde vía Zoom.

Tomás Gárate Silva (Ind.) tiene 28 años, es arquitecto de la UC y desde hace un año que está al mando de la comuna que lo vio nacer. Allí arrienda una vivienda “que comparto con mis libros y mis plantas (…) Tengo un pequeño jardín, de dos metros cuadrados, con árboles nativos. Mi polola vive cerquita. La verdad es que llevo una vida tranquila”. Hace algún tiempo, además, se aguachó en su casa el gato del vecino, de nombre “Gordo”.

Gordo es también el problema que enfrenta por estos días: son miles las familias que, desde el inicio de la pandemia, han migrado desde Santiago al sur, en busca de una mejor calidad de vida. El drástico aumento de habitantes en Puerto Varas es tema recurrente, tanto en la mesa de los puertovarinos como en el Consejo Municipal.

—¿Cuál es su diagnóstico?

—Esto fue la tormenta perfecta. Sumemos: estallido social, pandemia y una crisis climática pegándole muy fuerte a la zona central, con una desertificación muy agresiva. Eso gatilló una migración desenfrenada, no tiene otro apellido. Han sido miles de familias las que se han venido a vivir aquí.

—¿Cuántas miles?, ¿son todas familias de clase alta?

—Son de condiciones bien distintas, no sólo personas de sectores socioeconómicos altos. Es algo bien transversal, personas que salieron a buscar mejores condiciones de vida, asumiendo riesgos laborales incluso, porque no estaban dispuestos a seguir viviendo la lógica de la gran ciudad. Sólo en Puerto Varas se estima que son cerca de seis mil familias las que han llegado, pero no es tan clara la cifra porque el censo se chuteó nuevamente para el 2024. Y situaciones similares se están viviendo en Panguipulli, Valdivia, Pucón y Pichilemu.

—Puerto Varas pasó a ser como la “tierra prometida” para quienes viven en Santiago.

—Es que tiene muy buenas condiciones: un aeropuerto a 20 minutos, con un vuelo a una hora de Santiago, es una ciudad con buenos servicios, cerca de la capital regional, entorno natural espectacular, está diseñada a escala humana. Puede sonar a una especie de paraíso.

—¿Y es un paraíso?

—Puerto Varas es igual de desigual que todo el resto de Chile. Tiene un sector muy grande de su población que vive en condiciones de vulnerabilidad y pobreza. Otra cosa es lo que se muestra en los medios, que es la fachada bonita de la Costanera y sus hoteles cinco estrellas, pero la realidad es que a cinco cuadras de esos hoteles tenemos casetas sanitarias del año ‘60, sin alcantarillado, sin agua potable, sin electricidad, con hacinamiento, violencia intrafamiliar y microtráfico. Esa es la realidad de Puerto Varas. Y es doloroso para esa comunidad el verse proyectados como si fueran Vitacura, cuando no lo son. La migración nos está enrostrando esa desigualdad. Comparado con Santiago, claro, quienes llegan aquí por supuesto que ven un cambio radical de sus condiciones de vida, sin embargo chocan también con otra realidad: nuestro sistema de alcantarillado está colapsado, se espera que el parque automotriz se duplique en los próximos cinco años, tenemos un problema importante en el sistema escolar porque ya no hay matrículas suficientes, los usuarios del Cesfam aumentaron brutalmente, el trabajo de recolección de basura creció 30% en un año. La ciudad no estaba preparada, en lo absoluto, para esta migración explosiva de santiaguinos.

—Usted solicitó “pausar” la venta de parcelas en la zona, ¿qué tan grave es el problema?

—La historia de las parcelaciones es bien complicada y está llena de contradicciones. Hace 40 años, en dictadura, se creó el decreto-ley 3.516 que permite la división de predios agrícolas, forestales o ganaderos. ¿Qué pasó en la práctica? Se empezó a ocupar ese decreto para hacer proyectos habitacionales. Los proyectos habitacionales están normados por otra ley, la Ley General de Urbanismo y Construcción, que prohíbe el desarrollo habitacional fuera del límite urbano, a menos que sean para viviendas sociales. Eso no se respetó. Jamás se ha respetado. Desde hace por lo menos 30 años que se viene distorsionando la ley. Al principio no pasó mucho, pasado el tiempo empezaron las tensiones, hace 10 años la situación se puso complicada y hoy esto es un completo desastre.

—¿Es muy fácil parcelar y vender?

—Para bien o para mal, en la ciudad la oferta habitacional está regulada, se le exige alcantarillado, mitigación vial, consulta al Sistema de Impacto Ambiental, conservación de espacios naturales, aporte a la Ley de Espacio Público, y además tiene que cumplir con otras normas urbanísticas. Pero afuera de la ciudad, en cambio, no se exige nada. La regulación es tan mala, tan básica, que prácticamente le sacas una foto con un dron a un terreno, tramitas un par de permisos, y puedes vender cientos de parcelas. Entonces le estamos inyectando al territorio barrios de hasta 400 casas, que es el equivalente a una villa o un pueblo, sin ninguna normativa. Vivir fuera de la ciudad es absolutamente legítimo, nadie está en contra de eso, pero hagámoslo bien, conforme a la ley, con una normativa que no hipoteque nuestro futuro. Se está parcelando toda la macro zona sur de Chile, desde Talagante hasta Magallanes, y todo eso fuera de la ley.

—¿Qué le diría a los santiaguinos que hoy están pensando en irse a vivir allá?

—Que evalúen fríamente si su destino está en condiciones de recibirlos y cumple con la ley. Hoy estamos en una situación compleja, al igual que otras comunas del sur. No podemos evitar la migración de las personas, eso sería muy extremo, pero hagámoslo de buena manera. La oferta de parcelas que tenemos no es responsable. Hoy se están parcelando zonas en riesgo volcánico, de riesgo de aluviones, aludes, inundaciones. ¿Qué va a pasar el día de mañana cuando haga erupción un volcán?

—¿Cómo devolverle la armonía a la comuna?

—En el largo plazo necesitamos instrumentos de planificación territorial rural, al igual que un plan regulador comunal, el equivalente para las zonas rurales, que nos permita decir “esto es campo, esto es una zona natural, esta es una zona habitable y las zonas habitables deben ser de esta manera”. Así se hace en otros países, es lo que corresponde hacer. Y en el corto plazo, urge que los proyectos se acojan al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y que el Ministerio de Vivienda desarrolle un instructivo con estándares mínimos de habitabilidad. Si alguien quiere hacer un proyecto habitacional rural, entonces tiene que cumplir con varias condiciones.

—¿Hoy Puerto Varas es una buena opción para vivir?

—Estamos trabajando para que sea una buena ciudad para vivir. Lo digo porque con la especulación que hay sobre los precios del suelo, mis propios vecinos y vecinas no pueden vivir en la ciudad. No tienen dónde arrendar o construir una casa.

—¿Cuál es el precio aproximado de un arriendo?

—Un espacio de 80 metros cuadrados te puede costar 600 o 700 mil pesos. Comprar algo es impensable, sobre todo para una familia que gana lo mínimo. Aquí mucha gente vive de allegado en casas de familiares, o arriendan una pieza, se autoconstruyen habitaciones, esa es la realidad. Hoy no es una ciudad digna para todos, y en eso tenemos mucho por trabajar.

—Otro problema con el que deben lidiar es la contaminación atmosférica.

—Y ese es un problema estructural en toda la macro zona sur, cuya raíz está en la pobreza energética, la falta de acceso a fuentes responsables de calefacción. El 87% de la leña que se comercializa es informal, y no responde a ningún estándar de humedad. Y por otro lado no tienes la capacidad de retener el calor, por la calidad de las viviendas. Hay casas que son verdaderos coladores. Las personas más pobres terminan gastando la poca plata que tienen en leña que no los calienta. Por eso estamos evaluando modelos asociativos de compra de leña seca, con leña certificada a precios accesibles.

—¿Hoy es posible bañarse en las playas de Puerto Varas?

—Depende. Si ha llovido mucho, te recomiendo que no te bañes, porque la lluvia afecta el sistema de tratamiento de aguas servidas, y el alcantarillado colapsa y se descargan aguas mixtas en el lago. Y en este contexto de crisis climática, cuando las precipitaciones se están concentrando, el problema va a ser cada vez más común. Necesitamos desacoplar los sistemas, para que las aguas lluvias puedan ser drenadas a través de humedales o quebradas, y que el sistema de tratamiento de aguas servidas sea independiente.

—A un año de haber asumido, ¿siente que “otra cosa es con guitarra”?

—Yo había trabajado antes con municipios, entonces conocía la estructura organizacional y los procesos, pero la dinámica de liderar una organización de 500 funcionarios y funcionarias es muy desafiante. Hay niveles de tolerancia menor, queremos todo de manera inmediata, y hay muchos problemas que son estructurales y que van a requerir soluciones estructurales. En eso hay una tensión permanente, pero sigo muy contento y apasionado con la tarea que estamos realizando.

—¿Cuáles son los pro y los contra de ser un alcalde tan joven?

—La juventud entrega frescura, dinamismo, apertura, un ejercicio de liderazgo diferente, no tan vertical, como patrón de fundo. Los jóvenes somos abiertos, trabajamos más desde el consenso que desde la imposición. Es algo que estamos viendo a nivel nacional, con muchos alcaldes y alcaldesas que somos de una generación más joven. Como aspectos negativos, mi generación cae fácil en el encasillamiento, en el blanco y negro, en la polarización o en la intransigencia. Y es ahí donde la inexperiencia nos juega una mala pasada. El ímpetu juvenil puede también dificultar las cosas.

—¿Apruebo o Rechazo?

—Apruebo.

—¿Por qué?

—Porque es muy potente el esfuerzo colectivo que se ha hecho para poder decidir sobre los principios que guíen nuestra sociedad. Todos los derechos y principios que se establecen en la nueva Constitución van a tener una discusión legislativa que a mi me parece muy sana. Y valoro el reconocimiento que se hace a la crisis climática y los esfuerzos de descentralización. Hay algunas cosas que me generan incertidumbre, pero es parte de lo que estamos viviendo como país.

—¿Vio la serie de Netflix «42 días en la oscuridad», que narra el asesinato de Vivian Haeger en Puerto Varas en 2010?

—Me había negado a verla, pero la vi hace unos días. No sé cómo funciona la lógica de Netflix, ni de las series, pero en su minuto los hechos fueron muy dolorosos para la comunidad. Y es violento, es doloroso ver publicidad que uno sabe que no es consentida por la familia. Es extraño, nos generó tensión, nuestra comuna estuvo de luto mucho tiempo. Fue un proceso largo, lleno de incertidumbres. Volver a abrir eso fue algo complejo, sin duda.