El Gobierno presentó la reforma tributaria que comprometió en su programa para financiar el incremento sustancial de derechos y prestaciones sociales y otras políticas públicas. La iniciativa incluye aumentos en los impuestos personales, ajustes en el royalty a la minería, gravámenes al patrimonio, el fin de algunas exenciones y medidas para controlar la evasión y la elusión.

La proyección del Ejecutivo es que la reforma en régimen —en cuatro años— recaude el equivalente al 4,1% del PIB; para 2023 solo se estima un aporte adicional del 0,6%. La experiencia comparada invita a una evaluación prudente: el exministro Rodrigo Valdés ha calculado que la reforma de 2014, en el segundo período de la Presidenta Bachelet, recaudó 1,5 puntos del PIB y no los tres puntos del diseño original. Otros mecanismos del proyecto también podrían resultar menos eficaces que lo planificado, en particular el impuesto a la riqueza y los procedimientos antielusivos y antievasión.

Los analistas han subrayado el clima de diálogo y entendimiento con que la autoridad ha conducido el proceso, atribuible de manera importante al perfil del titular de Hacienda. Que el Gobierno no posea mayoría propia en ninguna de las dos cámaras obligará con seguridad a una estrategia de negociación cuidadosa de las formas. El Parlamento es, por lo demás, el lugar natural donde se manifiestan los grupos de interés; exministros de Hacienda han anotado la improbabilidad de que la iniciativa se despache en los términos originales.

La reforma tiene coherencia interna y actualiza las materias anticipadas en la plataforma de Boric. Desde luego se inspira en una determinada visión del problema de la desigualdad, la redistribución y la función de los tributos y el Estado en la provisión de derechos y bienes públicos; sus partidarios subrayan que se acomoda a los estándares de la OCDE. Los críticos, en cambio, cuestionan la oportunidad —un escenario de riesgo recesivo, local y global, inflación, deterioro del peso y endeudamiento público— y la falta de referencias a la inversión, el crecimiento, la productividad y la eficiencia del gasto público.

En este contexto, el Presidente ha relevado que observa “buena voluntad” para concretar las modificaciones impositivas. Según Marcel, el proyecto expresa la idea de un «pacto fiscal» que significaría dotar de mayor estabilidad al sistema tributario en el futuro; para el exministro Valdés, el Gobierno no dispondrá de otra oportunidad como la actual para propiciar un instrumento de ese tipo con un horizonte de mediano plazo. Ciertamente, el concepto de «pacto fiscal» trasciende la reforma tributaria; se trata de un contrato que supone obligaciones sobre tributos y gastos en un ámbito más normativo y político que el mero examen técnico de la norma; las personas deben aceptarlo, además, como legítimo y necesario.

Si el Gobierno considera la reforma con la perspectiva de un pacto fiscal, corresponde también que defina con precisión las prioridades del uso que dará a los gravámenes que hoy demanda de los ciudadanos; no, lógicamente, desde una perspectiva contable, sino de cuáles serán las iniciativas en las que el Ejecutivo apuesta a invertir tanto los recursos del fisco como su capital político.

Un ejemplo en ese sentido lo ofrece el asunto del CAE: mientras la diputada oficialista Catalina Pérez tuiteaba que la reforma permitirá “condonar” el crédito —lo que consumiría casi la mitad de la recaudación— e implementar trenes, el ministro Marcel advertía que hay que encontrar una fórmula para que no sean personas de bajos recursos las que paguen el beneficio de un profesional.

El Ejecutivo tiene la responsabilidad de aclarar con rigor en qué y cómo gastará la mayor carga tributaria. Marcel ha asegurado que los recursos se destinarán a donde haya más necesidades y que se hará con transparencia y eficiencia; es razonable esperar que ese propósito oriente al conjunto de la administración y a la coalición. La naturaleza del pacto fiscal es que no solo implica la obligación tributaria, sino el derecho del contribuyente a examinar y vigilar la equidad y calidad del gasto del Estado y la rendición de cuentas.

Ya es una derrota

Señor Director:

Al final las estrategias comunicacionales del Apruebo y el Rechazo se están enfocando en el concepto de votar para reformar. Lo cual de por sí ya es una derrota para la propuesta de nueva Constitución, independiente del resultado del 4 de septiembre.

Juan Vallejos Croquevielle

Señor Director:

El plebiscito de salida es la madre de todas las batallas y los parlamentarios oficialistas lo tienen claro. El presidente Boric ató su destino al de la Convención, en un cálculo político arriesgado que le puede terminar costando extremadamente caro.

Como respuesta a varias semanas de sostenida caída del apruebo en las encuestas, el senador Juan Luis Castro propuso en estas páginas un nuevo paquete económico “que puede ser políticamente decisivo en el plebiscito”. La propuesta no solo impactaría a la ya alta inflación que atraviesa el país, sino que también constata el grado de degradación política que vive Chile, en el que medidas que debiesen tener como objetivo principal ayudar a la población más vulnerable, son impulsadas abiertamente y sin tapujos con fines electorales.

Juan de Dios Valdivieso

IdeaPaís

Señor Director:

Reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, iniciativa que el gobierno declaró apoyar, será especialmente complejo de implementar en los colegios estatales y particulares subvencionados (90% de ellos gratuitos), ya que en primer lugar el curriculum escolar establecido por el Mineduc exige una cierta cantidad de horas por curso, cumplidas con la actual planta de profesores trabajando 44 horas a la semana.

Al disminuir la jornada en cuatro horas, habrá que contratar nuevos docentes, lo que generará un problema financiero de envergadura al Estado, que deberá hacerse cargo de este incremento de gastos y ajustar el presupuesto. Si pensamos que en 2021 había 124.006 docentes trabajando en ambos sectores contratados por 44 horas, tendría que contratarse un 9% de nuevos profesores; es decir 11.106 docentes adicionales. Si estimamos un sueldo bruto promedio de $1,8 millones mensuales por cada uno, y considerando el dólar a $850, significaría un gasto anual aproximado de US$235 millones para el aparato público.

Una situación similar sucede con otros profesionales y asistentes de la educación que trabajan en los colegios. En este último segmento tendrían que contratarse a 11.267 asistentes adicionales, con un costo anual estimado de US$159 millones.

A lo anterior habría que adicionar el déficit actual de docentes, lo que suma un problema operacional no menor. ¿Tendrá el Estado la espalda suficiente para hacer frente como le corresponde a esta situación, sin perjudicar a los estudiantes y a la calidad de la educación que reciben?

Hernán Saldaña

Secretario General de la Coordinadora de Colegios Particulares Subvencionados (CCPS)

Señor Director:

La Ley de Extranjería, publicada en abril del año pasado, autoriza que las universidades del Estado con al menos cinco años de acreditación, puedan convalidar títulos profesionales otorgados en el extranjero. Sin embargo, eso sigue siendo letra muerta, porque el Ministerio de Educación aún no dicta el reglamento respectivo.

Descentralizar este trámite ayudará a miles de migrantes que, como yo, contribuimos al desarrollo de Chile desde las regiones, por lo que nos resulta dificultoso viajar para entregar antecedentes, programar personalmente citas o rendir el examen respectivo. ¿Cuál será el interés de mantener el monopolio de la Universidad de Chile?

Alegna Bruces

Señor Director:

¿Será posible empezar nuevamente a escribir el proyecto de nueva Constitución, con el ánimo y la concordia que se revisó en el acto de cierre del proceso? Respeto, tolerancia y pluralismo son el marco adecuado para las formas y el fondo de un texto constitucional que sea la real casa de todos.

Daniel Burgos Bravo