La empresa de factoring Servicios Financieros Factor Plus presentó el viernes pasado la primera solicitud de liquidación forzosa contra la cadena mayorista Supermax, perteneciente a Alejandro Villablanca, exsocio de supermercados Alvi.

El factoring, de paso, dejó constancia de que, según al menos dos informes de la PDI, el empresario permanecería prófugo de la justicia y que su último destino habría sido Estados Unidos.

Tras varias querellas, un juicio ejecutivo y un intento anterior de liquidación, Factor Plus vuelve a buscar la liquidación de Supermax –representada legalmente por Villablanca- aduciendo el impago de más de $137 millones en facturas, agregando que sus “administradores no han sido habidos y que sus oficinas permanecen cerradas”.

En atención a estos impagos, el factoring solicitó al 29° Juzgado Civil que ordene la retención de bienes de Supermax y la prohibición de que celebre contratos. “En la actualidad, somos varios los factorings afectados, e incluso algunos hemos decido iniciar acciones penales, teniendo como respuesta que Villablanca se encuentra fuera de Chile”, explicó el abogado de Factor Plus, Matías Mallol.

La fuga de Villablanca desde Chile se habría dado el 22 de diciembre, cuando según El Mercurio el empresario abordó un vuelo rumbo a Miami, Florida.

Irónicamente, 16 días después los abogados del empresario presentarían una “demanda de mayor cuantía” contra el Fisco de Chile, responsabilizándolo de la alicaída situación financiera de Supermax debido a los saqueos que afrontaron sus locales durante el estallido social.

Ahí también los abogados del empresario relataron su historia: “Alejandro Villablanca Rojas, proviene de una familia muy humilde, que empezó a trabajar a los 14 años, en la Vega Central”, dice esa querella.

“Con constancia, y mucho, mucho trabajo, Alejandro Villablanca pasó de ser un pequeño comerciante, a ser el administrador de una persona jurídica, dedicada a los supermercados”, abriendo el primer local de Supermax en el sector Bajos de Mena en Puente Alto, el mismo que un par de años después fue saqueado e incendiado por los vecinos, relata la demanda que tramita el 28° Juzgado Civil.

Una caída de la inversión en la construcción del 4,6% anual proyecta para este año 2022 la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), lo que representa un claro empeoramiento de las estimaciones para la industria en comparación con las realizadas hace solo algunos meses, en que se preveía que la inversión sectorial se contraería un 3% frente al 2021.

Antonio Errázuriz, presidente de la CChC, sostuvo que “al revisar una serie de indicadores vemos que, lamentablemente, el sector de la construcción está perdiendo rápidamente dinamismo y muestra un comportamiento que, el revisar la historia, se podría calificar de precrisis. Y esto significa que uno de los motores de la economía, como es la construcción, está disminuyendo en forma importante su capacidad para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo”.

La CChC proyectó un 2022 más difícil en base a la caída del 7% en la inversión sectorial durante los tres primeros meses respecto al trimestre anterior. A eso se sumó la menor venta de viviendas (entre enero y marzo cayó 41% en Santiago), la baja de 13% anual en el ingreso de nuevos proyectos y una menor actividad de infraestructura. Factores impactados además por el alza de los materiales de construcción y las restricciones de financiamiento en la banca.

¿Mostrarías lo que estás haciendo en el preciso momento aleatorio en que estás leyendo esto? De eso exactamente se trata BeReal, una red social que lleva a sus usuarios a compartir la realidad de lo que hacen y no algún contenido preparado especialmente para la ocasión.

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Si bien BeReal puede ser un ejercicio divertido y novedoso, es importante no dejar que su dinámica nos haga aún más dependientes de una app. Mal que mal, a esta altura diría que todos queremos dejar de usar de forma tóxica nuestro smartphone, ¿no?

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El 2° Tribunal Ambiental resolvió rechazar por unanimidad el reclamo de un grupo de vecinos de Melipilla contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), que buscaba anular la aprobación de la línea de transmisión eléctrica Lo Aguirre-Alto Melipilla-Rapel”, de Eletrans II.

“Los vicios denunciados por los reclamantes (entre ellos, la empresa Mallarauco) no resultan efectivos, pues las resoluciones reclamadas, así como la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y el procedimiento en el cual tuvo origen, se ajustaron a derecho, evaluándose adecuadamente los potenciales impactos adversos”, dice la sentencia.

El proyecto de Eletrans II, por US$77 millones, consiste en la construcción de una línea de alta tensión entre Pudahuel (RM) y Rapel (Región de O´Higgins), con una extensión de 125 kilómetros.