Hace 33 años, Nueva Zelanda se convirtió en el primer país en adoptar un esquema de política monetaria con metas de inflación. Chile comenzó a aplicarlo en 1999 y hoy es una práctica común entre bancos centrales (BC) de economías desarrolladas y emergentes. Bajo este marco, el BC pronostica la trayectoria futura de la inflación y la compara con una tasa de inflación meta (el nivel que el banco considera adecuado para la economía): la diferencia entre la previsión y el objetivo determina el ajuste de la política monetaria.

Existe amplia evidencia empírica de que adoptar metas de inflación mejora la credibilidad y los resultados macroeconómicos de los BC, sobretodo en economías en desarrollo (Walsh 2009; Bordo y Siklos, 2014). Dicha credibilidad está vinculada al compromiso de lograr la estabilidad de precios, llámese una inflación baja y estable en el tiempo. Es esta la principal contribución de la política monetaria al crecimiento económico. Los economistas que favorecen la adopción de metas de inflación argumentan que, si a corto plazo se utiliza la política monetaria para otros objetivos (por ejemplo, mayor crecimiento), puede haber un conflicto con la estabilidad de precios. De hecho, si los agentes económicos no están seguros del compromiso real con la meta de inflación, incluso un banco central “fuerte” puede verse obligado a acomodar parcialmente mayores expectativas de inflación en el mediano plazo y ajustar su meta al alza (Cukierman y Liviatan 1991).

El Banco Central de Chile elevó recientemente la tasa de interés a 9%, en línea con su objetivo de converger al 3% de inflación anual en un horizonte de 24 meses. En un escenario en que la economía se desacelera rápidamente, ya se escuchan voces piden una pausa a las alzas de tasa. No es sorpresa: los BC típicamente reciben más críticas por subir los tipos de interés (una política antiinflacionista habitual) que por bajarlos, y están sometidos a constante presión para estimular la actividad económica. Sin embargo, como recordó la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, “nuestro objetivo es la inflación (…) es lograr la estabilidad de los precios”.

Las metas de inflación pueden anclar y mejorar las expectativas del sector privado y facilitar la consecución y el mantenimiento de una inflación baja; por el contrario, no asumir de facto dicho compromiso, y privilegiar otros objetivos, puede golpear la credibilidad del BC y empeorar las expectativas futuras de los precios. En un escenario complejo, con las expectativas de inflación a dos años de economistas y operadores financieros por sobre 3%, es clave que el BC resguarde su credibilidad, sobre todo cuando es probable que sean necesarios ajustes adicionales a la tasa, para asegurar la convergencia a la meta de inflación.

Una de las discusiones más arduas y menos difundidas en torno a los contenidos del borrador de nueva Constitución son las profundas innovaciones en materia de justicia. En el centro de la cuestión está la creación de un Consejo de la Justicia, organismo autónomo que reemplazará a la Corte Suprema en el gobierno interno del sistema judicial. Esto incluye la designación de los jueces, su formación, evaluación, traslados, promoción, manejo presupuestario y, tal vez lo más controversial, realizar una “revisión integral” del sistema cada cinco años.

De acuerdo a los críticos, se trata de un “ente todopoderoso” que pone en riesgo la independencia de los jueces, ya que podría ser capturado por mayorías políticas circunstanciales que presionen sobre los jueces y sus fallos. “El control del Consejo de la Justicia es el corazón del proyecto totalitario de la nueva Constitución. Sin Poder Judicial autónomo, independiente e imparcial, no existe democracia”, sintetizó hace unos días el abogado y columnista Gabriel Zaliasnik.

El Relator Especial de la ONU sobre la Independencia de Magistrados, Diego García-Sayán, sin embargo, calificó esta innovación como un “notable progreso institucional y democrático chileno”, en línea con los estándares internacionales sobre independencia judicial.

Cuando la Convención trató este tema solicitó un informe a la Biblioteca del Congreso. Este señala, con datos de la ONU, que “el número de consejos judiciales ha aumentado considerablemente en los últimos decenios y se estima que, actualmente, más del 70% de los países del mundo cuentan con algún tipo de Consejo de Magistratura”.

La composición y funciones del nuevo Consejo de la Justicia de 17 miembros motivaron múltiples debates, pero la fórmula final también va en línea con lo recomendado por instituciones internacionales en el sentido de que haya una mayoría de jueces o personas provenientes del mundo judicial.

La discusión está servida. ¿Es la actual justicia completamente independiente y corre el riesgo de ser capturada por la política? ¿O, al revés, su independencia está hoy en duda y separar las funciones de jurisdicción de las administrativas ayudará a fortalecerla? Es uno más de los dilemas a considerar a la hora de votar el 4 de septiembre.

Toda época de crisis y cambios es también una época de ansiedades, rencores y resistencias a esos cambios, y el ciclo político abierto con el estallido social no parece ser la excepción. Esto es aún más cierto considerando el proceso constituyente y el alto grado de experimentación política que estos momentos necesariamente involucran. La creación de una nueva forma de organizar el poder produce fracturas y resentimientos entre quienes parecían tener una posición segura en aquel sistema que se vino abajo en 2019, y también entre quienes desconfían de la novedad y anhelan algún grado de restauración del pasado reciente. No es de extrañar, por ello, que en la primera línea de esa reacción estén aquellos que más se beneficiaron del orden de cosas de la transición: élites políticas amenazadas, organizaciones empresariales, intelectuales afines y la gran prensa conservadora (incluyendo a este periódico, por supuesto).

Sin embargo, la situación actual tiene algunos elementos que escapan a ese cuadro previsible. Vivimos en una época de ofensiva global de nuevas derechas radicales y populistas, autodefinidas como defensores de un sentido común antiigualitarista y temeroso de la heterogeneidad social de nuestros tiempos. Los ejemplos de estos movimientos abundan en el mundo y también en Chile, sobre todo luego de derrotada —pero exitosa— candidatura presidencial de José Antonio Kast. Salvo honrosas excepciones, la derecha tradicional se plegó entusiasta a ese nuevo estilo político, captando con ello votos de ciudadanos agobiados por la profundidad de la actual crisis política, económica, social y sanitaria.

Es aquí donde lo que genéricamente podríamos llamar izquierda progresista tiene un rol vital que cumplir. Hasta el momento, sin embargo, no han dado muestras de estar al tanto de los peligros que la acechan. El caso reciente del intento fallido de redefinición —y personalización— del antiguo cargo de Primera Dama revela que, al parecer, aún no hay cabal consciencia de la importancia del igualitarismo formal de un Estado republicano, en el que se cumplen roles institucionales en tanto expresión del interés común y no de adscripciones personales. Esos errores evitables ensanchan la brecha con quienes ya manifiestan aprehensiones ante las expectativas de cambio. Las nuevas derechas radicales y populistas encuentran allí el terreno propicio para crecer más allá de las previsibles élites temerosas. De seguir ese camino, la crisis chilena de nuestros días podría terminar en el escenario opuesto al esperado por las mayorías ciudadanas que salieron a las calles en octubre de 2019. La izquierda progresista hoy en el poder debiera enmendar el camino, tomar nota de estos desplazamientos, y afirmar el carácter republicano, igualitarista y en favor de las mayorías de todo proyecto político transformador que se precie de tal.