Sin entregar mayores detalles, el miércoles 1 de junio el Presidente Gabriel Boric anunció que enviará “proyectos de ley para dotarnos de una nueva regulación del lobby y de los conflictos de intereses de la función pública”. Acotó que a partir de la comisión Engel, que funcionó en 2015, implementarán una Estrategia Nacional de Integridad Pública (ver recuadro). Mientras, el lobby en el Gobierno ya partió.

En los dos primeros meses de administración, los empresarios fueron quienes tuvieron más audiencias en ocho ministerios incluidos en la revisión por Transparencia para este artículo: los cinco del Comité Político (Interior, Segpres, Segegob, Hacienda y Mujer) y tres vinculados a proyectos económicos (Minería, Economía y Medioambiente)

65% de 382 audiencias fueron protagonizadas por representantes de una empresa u organización gremial. En este contexto, quienes lograron más reuniones fueron el Consejo Minero (8), Anglo American Sur (7), Meta (Ex-Facebook, 5) y la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (4). La mayoría consiguió conversar con los ministros y en algunos casos también lograron encuentros adicionales con otros funcionarios de la cartera. Otros que han tenido más de una cita —pero menos que los anteriores— son la Confederación de la Producción y del Comercio, la Asociación Nacional Automotriz de Chile, Walmart, la Asociación de AFP y Coca-Cola.

María Jaraquemada, directora ejecutiva de Chile Transparente, acota que es habitual que al inicio de los gobiernos los distintos actores tengan más interés en reunirse con las autoridades. “Me parece muy bien, dado lo que dijo el Presidente Boric en la Cuenta Pública de trabajar con el sector privado (...) Es bueno que tengamos al menos la información con la que hoy contamos”, enfatiza.

La preocupación del sector privado por el programa de gobierno de Boric fue manifestada durante la campaña y quedó en evidencia en el interés por dudas y plantear cursos de acción en las reuniones de lobby.

Además de Anglo American Sur y del Consejo Minero, también acudieron a los ministerios Antofagasta Minerals, BHP Chile, la Cámara Minera de Chile, Tianqui Lithium, Minera Tres Valles, Minera Cruz, Lithium Chile y Albemarle, compañías que, entre otras, hacen del sector minero el más activo en lobby.

Desde la actividad —que representa el 12% del PIB y el 10% del empleo— acotan que entre los temas que los inquietan destacan las normas mineras que cambiaron el estatuto minero, el proyecto de royalty que se discute en el Senado —el Ejecutivo ingresará indicaciones a fines de este mes, para hacerlo parte de las cinco iniciativas que darán cuerpo a la reforma tributaria— y el régimen de concesiones. Este último, explican, no quedó bien delimitado en el borrador de la nueva Constitución, lo que abre un espacio de incertidumbre para las inversiones porque si se aprueba el texto, futuras leyes podrán cambiar en cualquier momento las condiciones sobre cómo se otorgan y revocan las concesiones.

También, afirman, hay indefiniciones en materia de zonas de exclusión para la actividad minera.

Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, comenta que las reuniones con las autoridades al inicio de cada administración son habituales para impulsar alianzas público-privadas, pero enfatiza que la coyuntura preocupa al sector.

Por eso, informa, le entregaron una “hoja de ruta con objetivos y propuestas específicas” a los ministros con los que se reunieron. “Una de las principales preocupaciones del sector minero es la discusión que se lleva a cabo en la Convención Constitucional, que, si bien hasta ahora ha dado señales de reconocer la actividad minera privada y descartar una eventual nacionalización, ha dejado fuera del texto elementos fundamentales para la principal actividad económica del país, como el régimen de concesiones. Lo anterior implica que aquella protección constitucional, que históricamente ha otorgado el régimen de concesiones de nuestro país ya no se considera dentro del proyecto”, afirma.

Y reconoce que “el royalty minero y la reforma tributaria ha sido otras de las inquietudes planteadas a las autoridades, ya que parte importante del atractivo que tiene el sector minero para el desarrollo de la cartera de inversiones depende de las políticas públicas, que se definan en esta materia. En ese sentido, nuestro sector está disponible a hacer un mayor aporte tributario, pero creemos que esto se logra con un adecuado equilibrio entre cambios tributarios y crecimiento de la actividad”.

En el caso específico de empresas como Anglo American Sur, está la preocupación por el futuro del proyecto Los Bronces Integrado, que contempla una inversión de US$ 3 mil millones y permitiría dar continuidad a la actual Mina Los Bronces. A comienzos de marzo, el Sistema de Evaluación Ambiental emitió una resolución de calificación desfavorable para la iniciativa de inversión.

Si bien Villarino asegura que éste no ha sido uno de los temas que ha abordado el Consejo Minero con los ministros, señala que espera que “las instancias de revisión del proyecto puedan aclarar las preocupaciones y observaciones que condujeron a esta decisión”. Y recalca que “es fundamental la disposición de la autoridad para despejar las inquietudes y dirigir un proceso de evaluación que no deje dudas del cumplimiento de las exigencias ambientales y de sustentabilidad, porque de esa forma se entregan señales de certeza para las inversiones mineras y las comunidades”.

En los ocho ministerios analizados, quien registra mayor número de reuniones es Juan Somavía Santa Cruz, hijo de Juan Somavía Altamirano, el exdirector general de la Organización Internacional del Trabajo. Somavía hijo trabajó casi seis años en ProChile, del ministerio de Relaciones Exteriores, fue managing director de Vinos de Chile y desde 2012 es gerente de asuntos externos y relaciones gubernamentales de Anglo American.

En la misma línea sectorial, el segundo lobbista con más citas es Carlos Urenda, gerente general del Consejo Minero.

Numerosas son las recomendaciones que realizó el Consejo Asesor Presidencial Anticorrupción, formado en 2015, durante el gobierno de Michelle Bachelet y que durante ese año publicó un informe final de poco más de 200 páginas. Sin embargo, a quien presidió el grupo, Eduardo Engel, todavía le hace ruido que la “Ley del Lobby” solo acogiera publicar las reuniones y la materia, pero no los detalles de lo tratado.

Consultado al respecto, Engel dice que ya es tiempo de evaluar el funcionamiento de las medidas.

“La Comisión Anticorrupción que presidí en 2015 propuso esperar que se completaran cinco años desde la aprobación de la Ley de Lobby para evaluar su funcionamiento y proponer reformas. Han transcurrido más de ocho años, de modo que el anuncio del Presidente Boric de reformar esta legislación es bienvenido. Tal vez valga la pena partir con una evaluación de cómo ha funcionado la ley, consultando a diversos actores. También sería útil recoger información de los avances en regulación del lobby en otros países en años recientes”, dice.

“Un ejemplo concreto para ilustrar una de las deficiencias de la ley: a propósito del artículo transitorio de la Ley 20.999, que según el estudio de la FNE permitió a Metrogas cobrar precios entre 12 y 20 por ciento más altos, sería interesante saber en qué medida el lobby de Metrogas influyó las decisiones de la autoridad. La ley de Lobby permite saber que hubo 32 reuniones entre representantes de la empresa y autoridades de gobierno entre 2015 y fines de 2021, con sus fechas y quienes participaron. Por ejemplo, la última fue el 28 de diciembre de 2021 y participaron el gerente de la empresa y el Ministro de Energía. Esto es mejor que lo que existía antes de la ley. Sin embargo, en 21 de estas reuniones no se registró el tema tratado y en las restantes se le describe como ‘diseño, implementación y evaluación de políticas, planes y programas efectuados por los sujetos pasivos', lo cual no es útil”, añade.

Y remata: “Un tema clave de una reforma es subir las exigencias de lo que se registra de estas reuniones”.

Además de la presencia del sector minero, otras personalidades públicas figuran en el registro de quienes han hecho lobby ante el gobierno. Uno de ellos es el expresidente del Senado, Patricio Walker, quien el 7 de abril sostuvo una cita con el subsecretario del Medio Ambiente, Juan Proaño, en representación de la empresa energética Cerro El Plomo.

Otro que se reinventó fue el exdiputado UDI, Felipe De Mussy, quien el 24 de abril realizó gestiones por Lilac Solutions (negocio del litio) ante el ministerio de Minería.

El 24 de marzo, el arzobispo de Santiago, Celestino Aós junto al Obispo Juan Ignacio González se reunieron con el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, para establecer relaciones institucionales.

Y el 12 de abril Maximiliano Luksic, director ejecutivo de Canal 13, llegó hasta La Moneda junto a otros integrantes de la Asociación Nacional de Televisión para conversar con la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo.