@AndresVelasco

Hay constituyentes que antes decían una cosa, y ahora dicen lo contrario. El pato lo paga el proyecto de nueva Constitución.

Casi un año después de la frase del entonces candidato Gabriel Boric (“así que señor Piñera, está avisado”) cuando en un debate con el alcalde PC Daniel Jadue se refirió a las investigaciones por los presuntos delitos cometidos en medio del estallido social del 18-O, investigados por el Ministerio Público, ayer el Mandatario se lo recordó nuevamente a Sebastián Piñera, en una entrevista con radios regionales en La Moneda.

Los dichos no cayeron bien en el piñerismo e hizo que su equipo analizara las acciones comunicacionales luego de las palabras de Boric. El Jefe de Estado dijo que “hace poco nos llegó una comunicación de fiscalía para, justamente, poner todos los antecedentes que tengamos”. También sostuvo que como gobierno entregarían toda la información disponible porque “ese es nuestro deber como Estado, que no haya impunidad”. La alusión a Piñera y a sus excolaboradores era directa, pues habló de los “responsables materialmente” y de “autoridades políticas”. Y precisó: “No soy yo el encargado de juzgar”.

La petición a la que hizo alusión el Presidente tiene que ver con un oficio del Ministerio Público, donde se les solicitó que hicieran una recopilación de información de todas las reparticiones públicas en un periodo determinado, respecto a hechos ocurridos en el marco del estallido, según explicó ayer el ministro Segpres, Giorgio Jackson.

El equipo de abogados de Piñera intercambió opiniones durante la mañana y a eso del mediodía, su histórica jefa de comunicaciones, Carla Munizaga, entregó una declaración en respuesta a los emplazamientos de Boric y se decidió que lo hiciera el exministro Juan José Ossa y no sus abogados, a cargo de la causa.

La declaración de dos párrafos, con varias generalidades, decía lo siguiente: “En una democracia con Estado de Derecho como es Chile, deben investigarse todas las situaciones, especialmente aquellas referidas a derechos humanos. El Gobierno siempre debe colaborar con el Ministerio Público, tal como siempre lo hicimos durante nuestro Gobierno, entregando todos los antecedentes solicitados por el Ministerio Público”. Además de haber instruido a las Fuerzas de Orden y Seguridad, en su minuto, el respeto de los “derechos de todos”.

Respecto al estado de la causa, según fuentes de la investigación tiene diligencias pendientes y lo último que se adjuntó a la carpeta es un oficio del INDH con evaluaciones a carabineros por un taller impartido en febrero de 2019, que contiene seguimiento y recomendaciones.

La sesión se declaró secreta, por los sensibles temas que se quería abordar, pero finalmente los integrantes de la comisión mixta de Infraestructura Crítica se quedaron con los crespos hechos.

La instancia —que preside el senador Matías Walker (DC)— tenía como invitado al director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Marcó, para seguir con el proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños a infraestructura crítica.

Pero por una “desinteligencia”, la sesión de una hora, que se haría en forma telemática, estuvo suspendida 40 minutos. Pues tras varios intentos, los técnicos de la ANI no lograron conectar al director por Zoom.

Fue evidente la incomodidad de los senadores y diputados, y también de la ministra de Justicia, Marcela Ríos.

En una reunión celebrada en el Club de la Unión, la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP), Grupo Chile, eligió a su nueva directiva. Esta quedó conformada por el ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus (presidente) y el penalista Juan Carlos Manríquez (vicepresidente).

En la ocasión, se agradeció la gestión por años que tuvo el presidente saliente Carlos Künsemüller, quien junto al primer presidente de AIDP Chile, Alfredo Etcheberry, asumieron en calidad de Directores Honorarios por propio derecho.

En esta asociación participan connotados abogados como Ciro Colombara, Álvaro Varela, Soledad Krause, Gabriel Zaliasnik, Eduardo Riquelme, Cecilia Ramírez, Gonzalo Rodríguez, Marcelo Castillo, Yamil Yuivar y Mario Vargas.

El mismo día en que el Presidente Boric recordó a Romario Veloz, una de las víctimas del estallido social que mencionó en su Cuenta Pública, el Juzgado de Garantía de La Serena dejó fuera de esa causa al senador Daniel Núñez (PC) y a la municipalidad local.

Fue justo en la audiencia de preparación del juicio oral en contra de un capitán y tres conscriptos del Ejército, formalizados por la muerte del joven ecuatoriano ocurrida el 20 de octubre de 2019, en el marco de disturbios cerca del mall de la capital de la Cuarta Región.

El tribunal de La Serena declaró abandono de la querella por parte del senador Núñez y del municipio porque no se adhirieron a la acusación de la Fiscalía ni presentaron su propia querella.

Los militares enfrentan cargos por homicidio simple, homicidio frustrado y violencia innecesaria con resultado de lesiones graves. El tribunal decidió continuar la audiencia de preparación el 18 de julio, a la espera de los resultados de nuevas diligencias solicitadas por la defensa de uno de los acusados.