Para hoy a las 14:30 está previsto continuar el control de detención y la formalización de dos infantes de marina por su presunta responsabilidad en el homicidio del joven mapuche Yordan Llempi Machacán (23) el 2 de noviembre de 2021 en medio de una marcha de protesta en la ruta P 72-S del Biobío por el estado de excepción constitucional de emergencia, que se extendió por cinco meses en la macrozona sur en el gobierno de Sebastián Piñera.

Tras la orden de aprehensión despachada ayer por la fiscal del Biobío Marcela Cartagena, la PDI detuvo el teniente Luis Felipe Videla y el cabo segundo Ricardo Seguel en el regimiento de la Marina en Talcahuano.

Los abogados intervinientes en la audiencia de ayer en la tarde tuvieron acceso a la carpeta de investigación, donde se encuentran los informes de la PDI y las declaraciones que ha tomado el Ministerio Público hasta ahora, con el fiscal Nelson Vigueras al mando de las diligencias.

Lo que se intenta probar es que el joven Llempi fue herido por balas del personal de la Marina. De hecho, las partes ya están en conocimiento de los videos que registraron las cámaras en el operativo y los diálogos que se produjeron en el momento. En las horas de grabación existen conversaciones entre quienes se encontraban en la zona y las órdenes que se solicitaron para disparar luego que se reconociera que las balas de salva no servían. Además se escuchan improperios en contra de las personas a quienes se estaban supuestamente enfrentando. Un hecho que ha sido puesto en duda por el director del Instituto de Derechos Humanos, que presentó una querella. “Tenemos versiones directas de familiares o de las víctimas, de los afectados, que señalan que no hubo enfrentamiento, jamás participaron en ningún enfrentamiento y que fueron heridos en forma completamente arbitraria”, dijo Sergio Micco.

De acuerdo a lo expresado por la fiscalía, existe evidencia en la Brigada de Homicidios de que Llempi murió luego de recibir un disparo cuando él se encontraba en su casa en un sector llamado San Miguel, en Cañete. Llempi fallecería después, cuando fue atendido en el Cesfam de Tirúa.

El caso recién comienza y estará cruzado también por los descargos que ha hecho la institución involucrada, pues la Armada ya ingresó una denuncia en contra del fiscal Vigueras y otros funcionarios de la PDI por supuestas amenazas en contra de quienes han prestado declaración en la causa.

En la querella que se presentó en abril pasado, la Armada hace una serie de reparos en contra del equipo investigador del Ministerio Público.

De acuerdo a Ex Ante, en el texto se relatan parte de los interrogatorios que se han realizado. Se afirma que el fiscal Vigueras les habría dicho a quienes han declarado que “estaban ‘todos identificados', que habían evidenciado que se le estaba ocultando información y que se estaba evaluando la posibilidad de presentar una querella por obstrucción a la investigación”. Y agrega: “El personal de la Policía de Investigaciones insistió, de manera muy frecuente en presencia del Fiscal, que hablara (los interrogados de la Marina) y no ocultara información, señalándole al sargento que se iba a quedar solo, porque ‘solo los Tenientes tenían abogados y mencionaban que estos tenían 4 abogados, y yo estaba solo', que ‘no matara mi carrera por algo así'. En el interrogatorio le exhibieron, siempre de manera parcial, un video donde le solicitaron que identificara a una persona que hablaba, pues gracias a que dicho video fue trabajado por la PDI se pudo identificar que era el Cabo 2º Seguel, video que tuvo que observar en dos ocasiones, ya que en primera instancia no lo pudo identificar por la calidad del audio. Al observar el video en segunda instancia, pudo identificar que la persona que estaba hablando era el Cabo 2º Seguel”.

Con un amplio apoyo de 31 votos a favor, el Senado aprobó anoche el acuerdo medioambiental de Escazú, con lo que quedó listo para que el Presidente Boric lo firme y entre en vigencia.

Respaldaron 10 senadores de Chile Vamos (6 RN). Ello se había replicado en la Cámara con 27 respaldos (14 UDI, 9 RN y 4 Evópoli), pese a que Sebastián Piñera se había resistido a ratificar el pacto —que contempla participación ciudadana en decisiones de proyectos de inversión—, aduciendo que algunas normas podían acarrear demandas internacionales.

Detrás de la votación hubo soterrados roces entre Cancillería y Medio Ambiente. Distintas fuentes de Gobierno recuerdan un entrevero previo al acto en que Boric envió el tratado al Congreso, cuando a la canciller Antonia Urrejola (Ind. PS) se le comunicó que se contemplaban solo discursos de Boric y la ministra de Medio Ambiente Maisa Rojas (cercana al FA), Tras minutos de tensión, se resolvió que ambas hablaran.

Luego Cancillería solicitó liderar el trámite en el Congreso, por ser un acuerdo internacional. En la Cámara, Urrejola se reunió con los diputados Andrés Longton (RN) y Cristhian Moreira (UDI) para forjar un acuerdo en torno a incluir declaraciones interpretativas que subsanaban las dudas de Chile Vamos. “Estas declaraciones resguardan los intereses del país”, afirmó Moreira, reconociendo las gestiones de Urrejola y su asesor Nicolás Godoy.

En el Senado, Urrejola abrochó votos con Paulina Núñez y Francisco Chahuán (RN), mientras Medio Ambiente realizó gestiones con Alfonso De Urresti (PS) y María José Gatica (RN), voto clave para evitar que avanzara otra declaración interpretativa que habría evitado que Boric anunciara Escazú en la Cuenta Pública.