Esta mañana, el ministro de Energía, Claudio Huepe, partió raudo al Congreso para participar en la discusión de un proyecto que crea un mecanismo de estabilización de las cuentas de la energía. Pero aprovechó además de marcar la postura del Gobierno frente al bullado caso de integración vertical de Metrogas, que le permite eludir la disposición que pone un límite a su rentabilidad, y que fue mencionado en el estudio de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) de diciembre del 2021. Este mecanismo, que podría significar un sobrecosto del gas natural domiciliario, que fue denunciado el fin de semana en Chilevisión, generó diversas críticas desde el mundo político y también del Fiscal Nacional Económico,

En su cuenta pública de hoy, el fiscal Ricardo Riesco criticó la tardanza del Estado en la implementación de políticas públicas que regulen a los mercados y que han sido detectadas en sus estudios de mercado, como el conocido en octubre pasado sobre el mercado de gas residencial y que, pasados siete meses, aún no tiene reacción legislativa.

Aunque Riesco no se refirió directamente al caso de Metrogas, sí expresó su preocupación por la falta de implementación de normativas, entre ellas la que cuestionaba la integración de Metrogas con una sociedad del mismo grupo económico llamada Agesa, que realiza las compras fuera del país del gas natural y las revende a Metrogas, obteniendo una rentabilidad mayor que la de la distribuidora, que está fijada por ley.

“A veces no entendemos las reacciones del sector político, porque los estudios de mercado justamente lo que hacen es reprochar la regulación actualmente existente en un mercado, cuestión de responsabilidad exclusiva y excluyente del Estado de Chile. En palabras más sencillas: le corresponde al Estado corregir las fallas regulatorias”, añadió.

El mecanismo utilizado por Metrogas -legal, pero cuestionable- consiste en la creación de una sociedad propia llamada Agesa en el 2016, que desde entonces funciona como su proveedora del combustible proveniente del extranjero y con la que logró cobrar un sobreprecio en el sector residencial calculado entre un 12,7% y 20,2% por la fiscalía.

La FNE sostiene que este mecanismo le permitió a Metrogas ser la única empresa distribuidora de gas natural que no tuvo que ajustar sus márgenes a la promulgada de una ley de distribución de gas en la administración de Michelle Bachelet en 2017, seis meses después de la creación de la sociedad que hoy es cuestionada.

Para corregir el flanco que beneficiaba indirectamente a la compañía controlada por la española Naturgy junto con Empresas Copec, el pasado 7 de enero la administración de Sebastián Piñera acogió la recomendación de la FNE e ingresó un proyecto de ley que no avanzó en la Cámara de Diputados hasta que el 10 de mayo el Gobierno del Presidente Boric decidió retirarlo de su tramitación. Tras el reportaje, los parlamentarios se apuraron en pedir el reintegro inmediato de la ley o la presentación de una nueva iniciativa.

El senador UDI Juan Antonio Coloma, en la Comisión de Hacienda, salió a criticar la decisión del Ejecutivo: “El Gobierno dijo que ingresaría el proyecto en abril primero y luego en mayo y no ha llegado”. Por su parte, el senador PS Juan Luis Castro dijo esta mañana que “es evidente que el mercado del gas requiere una intervención”.

Sobre el caso Metrogas, el ministro condenó las acciones de la empresa y expresó que pronto enviarán un proyecto de ley. “Me parece que son graves y absolutamente condenables, porque vulneran la fe pública, afectando a miles de familias, yendo en contra del espíritu de la ley”, aseguró Claudio Huepe.

“En el corto plazo, estamos estudiando con los organismos pertinentes la posibilidad de aplicar sanciones. Aquí hay un resquicio legal del que se aprovechó la empresa”, coincidió Huepe con su antecesor Jobet (ver entrevista). Por eso, dijo, “es fundamental el proyecto de ley que vamos a presentar, pues este tipo de acciones serán imposibles de realizar nuevamente”, dijo el secretario de Estado a La Segunda.

Asimismo, Huepe criticó el proyecto de Piñera argumentando que fue enviado “dos meses antes de que terminara el gobierno, sin ninguna urgencia y además era insuficiente para resolver los problemas de fondo”. “Ese proyecto incluía el mercado del gas licuado y del gas natural juntos, lo que complejizaba la posibilidad de legislar, porque son mercados diferentes, cada uno con su especificidad y con diferentes actores involucrados. Por eso decidimos retirar ese proyecto y presentar dos proyectos separados, que se hagan cargo de ambos mercados en profundidad, reconozca sus diferencias y recoja, tanto las recomendaciones de la Fiscalía Nacional Económica y diferentes propuestas de parlamentarios”, explicó.

“Nosotros ya estamos trabajando en la labor prelegislativa de ambos proyectos”, expresó el ministro de Energía, quien agregó que ambos proyectos, el del gas licuado y el del gas natural, serán presentados con suma urgencia.

La vocera Camila Vallejo adelantó esta mañana que las iniciativas lesgislativas se presentarían el próximo mes o a más tardar en agosto, es decir, cuando el proyecto sea aprobado, si se hace rápido, la mayor necesidad de gas este año, que es en invierno, ya comenzará a reducirse.

En el proyecto de ley de Piñera, se establecía una modificación de la ley 20.999, promulgada en enero de 2017 durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Esa ley definió una metodología para establecer las rentabilidades máximas para las empresas de distribución de gas natural, pero no incorpora a otros eslabones de la cadena productiva como los contratos de abastecimiento.

Por ello que, a sugerencia de la FNE, el proyecto de Piñera tenía como fin que el cálculo de la rentabilidad incorporara “los costos e ingresos asociados al aprovisionamiento de gas (...), de modo que la rentabilidad resultante de la concesionaria corresponda a la del grupo económico verticalmente integrado”, que es justamente el origen del problema ya que Agesa, la empresa relacionada a Metrogas, es la titular de los contratos de suministro de gas y ella no está sujeta a ninguna regulación tarifaria que sería el origen de los mayores costos —debido a un supuesto aumento artificial de los precios entre ambas empresas relacionadas para evitar las rentabilidades máximas establecidas— que estarían pagando los usuarios de acuerdo al regulador.

Mediante un comunicado de prensa, Metrogas, la firma que tiene la concesión de gas natural en gran parte de la Región Metropolitana, sostuvo que la separación del negocio de comercialización mayorista fue parte de un proceso de reorganización iniciado el año 2015 y que se materializó en junio de 2016, más de 7 meses antes de la aprobación de la Ley 20.999 que introdujo modificaciones a la ley del gas.

“Durante el proceso de tramitación de dicha normativa, en el mes de septiembre de 2016, se incorporó el artículo 12 transitorio que regula las compras de gas a empresas relacionadas, estableciendo un riguroso proceso de chequeo de eficiencia, realizado por la autoridad y al cual fue sometido el contrato entre Metrogas y Agesa”, dijo la compañía.

En su demanda por indemnización de perjuicios ante el 9° Juzgado Civil en contra de Metrogas, la organización de consumidores Odecu plantea que las acciones ilícitas de la empresa, entre marzo de 2017 y octubre de 2021, implicaron ingresos adicionales para Metrogas por $301 mil millones, según las estimaciones de FNE.

Patrocinada por el abogado Juan Sebastián Reyes, en 39 páginas, sostiene que si dicha cifra se divide por los clientes informados por Metrogas en dicho período, “el daño patrimonial mensual promedio por usuario es de $7.169”. A lo que se suma un daño extrapatrimonial, porque Metrogas es un monopolio natural, los clientes debieron pagar mayores precios o dejaron de consumir, afectándose su dignidad. “Creemos que, esto es, bajo nuestra estimación, $3.584 mensuales por consumidor”.

A través de su abogado José Miguel Gana, en 95 páginas, Metrogas responde que “no existe daño a los consumidores, porque Metrogas no ha superado el límite de rentabilidad legal”. Afirma que “el supuesto daño reclamado no es indemnizable, ya que no es cierto. Se trata de un daño meramente hipotético que descansa en un escueto ejercicio de la FNE incorporado en un informe”. Y que Odecu establece un monto fijo por cliente y el consumo no es parejo. Concluye que en el improbable caso que el tribunal condene a la firma, las sumas tienen ser sustancialmente reducidas, ya que debe establecerse un vínculo de causalidad. “(Odecu) no señala fehacientemente que los supuestos sobreprecios sean consecuencia directa de la división de Metrogas y posterior contratación de Agesa”. “