Juan José Ugarte diseñó y construyó la casa de madera en Peñalolén donde vivió hasta hace cuatro años junto a su mujer y cinco hijos. “Está inserta en un bosque de eucaliptus en la precordillera. Tiene una estructura de pino con revestimiento interior de mañío y coigüe por fuera. Vivimos ahí 25 años”, comenta.

Arquitecto de la UC (1984), ex Vicerrector Académico de la misma universidad (2005-2010), dirigió el Centro de Innovación en Madera UC por 15 años, hasta 2018, cuando asumió la presidencia de la Corporación Chilena de la Madera (Corma). Ese año llegó a liderar la asociación gremial que reúne a más de 150 actores del sector forestal. “Nuestro gremio cumple 70 años y está compuesto mayoritariamente por pymes. Este sector cuenta con mil aserraderos en el país y cerca de 200 empresas que exportan madera”.

–¿Le ve solución al conflicto en la macrozona sur? Esta semana falleció un trabajador forestal, quien fue baleado en un ataque en Lumaco.

–Ha sido un ataque a mansalva, a trabajadores mapuches indefensos, cuando sin advertencia fueron violentamente acribillados a balazos con esta trágica consecuencia. Estas bandas criminales, que ejecutan actos terroristas, deben ser enfrentadas por la autoridad sin medias tintas, utilizando todas las capacidades e instrumentos que les faculta y otorga la ley. Nuestro dolor está con todas las víctimas que ha dejado esta espiral de violencia que vive el sur de nuestro país.

–¿Qué incidencia tiene este episodio considerando que la víctima fue un trabajador mapuche?

–La violencia ejercida por grupos terroristas debe ser enfrentada con capacidad de inteligencia, por ello el estado de excepción sin “letra chica” es el único camino para hacerle frente. En esta zona está actuando el terrorismo, causando muerte y destrucción; esto debiera llevar a la autoridad a proceder sin debilidad.

Y agrega:

–Otro tema es hacernos cargo de las demandas históricas del pueblo mapuche que, como quedó tristemente demostrado, sufre también en carne propia los hechos de violencia. Hemos estado disponibles para aportar en aquello que nos corresponde, pero claramente estas reivindicaciones tienen otras dimensiones que van mucho más allá de nuestro alcance. El mundo de la madera representa el 10 o 15 por ciento de las tierras que están siendo reclamadas por las comunidades. Reafirmamos nuestra decisión de permanecer en los territorios y de avanzar colaborativamente en lo que nos corresponda. Nos hemos puesto a disposición del actual gobierno para colaborar tanto en los diálogos y parlamentos. También en la tarea de reclamación y restitución de tierras, como en alianzas productivas con las comunidades para que alcancen ese anhelado buen vivir.

–La incorporación de las comunidades mapuches en la productividad forestal es una política levantada por las principales compañías del rubro.

–Sobre este tema nos resulta inconcebible que los pueblos originarios no hayan tenido reconocimiento constitucional. Como actores territoriales, nos relacionamos todos los días con más de mil comunidades mapuches de las regiones de Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Son más del 90% las que están dispuestas al diálogo. Si cada comunidad está formada por 40 familias de cuatro integrantes, son 160 mil mapuches con quienes nos relacionamos diariamente y no sólo para cosas productivas.

–Autoridades apuntan al robo de madera como clave en la violencia de la macrozona sur ¿Hay comunidades mapuches implicadas en esto?

–El mundo mapuche no tiene que ver con el robo de madera. Vincular esto nos confunde como país; porque se enlazan los temas de seguridad con las reivindicaciones mapuches. En este ilícito hay bandas criminales organizadas muy sofisticadas, que manejan equipos de última generación para transporte y cosecha. Esto no es un robo en una camioneta que se salta un cerco, corta un árbol y se lo lleva. Son las mismas bandas que previamente han bloqueado los caminos, han puesto guardias armados y que durante meses han estado en los procesos de esta cosecha ilegal.

–Usted dijo en radio Pauta que “El robo de madera financia la actividad terrorista”.

–La CAM y organizaciones violentistas como la WAM, lucran de la madera, no por la causa mapuche, sino por beneficio propio. Las ocupaciones de territorios y el comercializar ilegalmente los productos derivados de la madera es para este propósito. No tienen ninguna relación con la causa mapuche y con las reivindicaciones. La CAM y otras bandas criminales se han atribuido la gran mayoría de estos violentos atentados e incluso llaman a responder con armas las medidas adoptadas por el Gobierno. Hay una red terrorista y una organización de carácter criminal actuando en la zona.

–Asimismo, una de las demandas mapuches es la reivindicación territorial y las forestales ocupan terrenos de la zona.

–Los ataques armados, de asesinatos de trabajadores, de usurpaciones e incendios, son un tema. Otro es el de las tierras. Desde 1992 existe la Ley Indígena, que instauró como una tarea del Estado la restitución de tierras hacia las comunidades mapuches. Según datos entregados por la ministra de Desarrollo Social se han restituido 300 mil hectáreas en 30 años y 900 comunidades están reclamando otras 300 mil hectáreas. Pero, según esta fuente, de esas 300 mil faltantes, las tierras forestales no alcanzan al 15%.

–El Director de la Conadi, Luis Penchuleo, anunció recientemente una mesa de negociación con forestales para materializar la compra de terrenos.

–Hemos estado dispuestos a sentarnos a todas las mesas de diálogo sobre tierras. Hemos formado parte de la comisión de tierras de la Conadi, la que ha emitido documentos públicos sobre la superposición de la reclamación sobre predios forestales. Y hemos llegado a acuerdo con las comunidades a través de la Conadi para el traspaso de tierras.

–¿Y quiénes finalmente están detrás del robo de madera?

–Son bandas organizadas; no es algo improvisado. Han ido creciendo en sus capacidades de ocupación territorial, en el uso de tecnología para aumentar sus volúmenes de robo. Además de sofisticar la falsificación de documentos para transitar por las vías. Nosotros hemos presentado todas las denuncias de querella por robos. Hasta hoy, sabemos dónde nos están robando, sabemos en los predios donde hay ocupación territorial. Hay bloqueos de caminos públicos que impiden el ingreso de propietarios y de las fuerzas policiales. Esa información ha sido entregada a tribunales y a organismos de seguridad.

–¿Por qué cree, entonces, que ha sido tan complejo detener a los responsables? La ministra Izkia Siches dijo que hay falta de Estado en la macrozona sur.

–Es que en estos 30 años el Estado no ha sido capaz de responder a este 90% de comunidades mapuches pacíficas. Desde la instalación de la Ley Indígena, el Estado está al debe en esta materia. También hay una falla en cómo se hace frente a los ilícitos y la violencia. Y cuando decimos Estado, hablamos de una falla del Ejecutivo, pero también de los legisladores y tribunales. El Ejecutivo por ley tiene el monopolio del uso de las fuerzas de orden y seguridad; entonces hay una falla en tener la voluntad política para ejercer toda la autoridad que la comunidad reclama y restablecer la seguridad en la zona. Asimismo, para que el Ejecutivo pueda desarrollar una política eficaz, se necesitan nuevos cuerpos legales para actuar dentro del marco de la ley.

–Uno de los proyectos a la espera de ser tramitados es el de robo de madera, que fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero en el Senado no fue puesto como prioritario en la agenda de seguridad.

–Así es. El proyecto de robo de madera es fundamental, pero no está tipificado. Y las fuerzas de seguridad no cuentan con las facultades para incorporar sus capacidades de inteligencia y anticiparse a los robos. También está el proyecto de ley de usurpaciones. Según datos de la multigremial La Araucanía, estas se han multiplicado hasta en un 400%. Y tercero, un proyecto de ley de bandas criminales. Hoy solo existe un concepto vago de asociación ilícita.

–¿Falta voluntad política?

–Falta voluntad para actuar como Estado, para avanzar en el espacio legislativo, para que tanto Fiscalía, Ministerio Público y los tribunales actúen con la diligencia de la gravedad de estos casos. Falta voluntad política para que el Ejecutivo ejerza todas sus capacidades.

–En su reciente visita a Argentina, el presidente Boric dijo: “(Las forestales) tienen que entender también que no pueden permanecer así como si nada”.

–Hemos manifestado que es un error de percepción del Presidente decir que el mundo de la madera es parte del problema y no de la solución. Que él haya declarado esto da cuenta de un déficit de información y un déficit de comunicación nuestro. Lo hemos invitado a recorrer el territorio y entrevistarse con todas las comunidades mapuches con quienes estamos trabajando.

–Difícil, considerando que el mismo mandatario no ha mostrado un respaldo al sector maderero…

–El sector de la madera y de los aserraderos está compuesto por 300 mil trabajadores. Pero lamentablemente esa heterogeneidad no ha salido a la luz. Reunimos a gremios universitarios, trabajadores y profesionales independientes. El 72% de la Corma son pymes, pequeñas y medianas empresas. Hay un estudio de la UAI (2017) que dice que el encadenamiento económico del área forestal es muy superior a todos los sectores económicos del país. Por cada peso que se genera dentro del forestal se transfiere 1,6 pesos hacia terceros.

–Asimismo, agricultores contrarios al estado de excepción acotado han dicho: “Los atentados ocurren en el sector rural, no en la carretera”.

–Es un hecho objetivo que el complemento de Carabineros con Fuerzas Armadas durante el estado de excepción no fue todo lo efectivo que se aspiraría. Pero bajó el índice de atentados y mejoró la sensación de seguridad de la comunidad. Terminada esta medida hubo un incremento en ataques armados, corte de rutas y usurpaciones. Consideramos que volver a instalar el estado de excepción va en la dirección correcta.

Y finaliza:

–La evidencia ha sido elocuente sobre la necesidad de instalar toda la capacidad del Estado para proteger a la población que vive en la macrozona sur. La combinación de recursos entre Carabineros y Fuerzas Armadas es absolutamente imprescindible para la seguridad.