El exPresidente Sebastián Piñera ganaba $8.748.872 mensual; el Presidente Gabriel Boric, $7.634.385. Es decir, cerca de un 12% menos que su antecesor.

De acuerdo a información publicada en el Portal Transparencia, la diferencia en su primer mes de pago completo (abril) se debe a que el Mandatario no recibe la «asignación profesional», por no estar titulado. De hecho, en su declaración de patrimonio e intereses no registra profesión ni oficio.

Esa es una de las razones de que en la administración actual los 39 subsecretarios (que ganan $7.742.658 al mes) y al menos otros nueve funcionarios de ministerios –todos de planta- registren un salario mayor al del Presidente de la República. En el caso de seis de ellos, además, la renta también es superior a la de ministros y subsecretarios.

Así quedó en evidencia tras revisar los sueldos de todos los trabajadores de planta, contrata y honorarios de los 24 ministerios, sus respectivas subsecretarías y Presidencia. El conteo no consideró a los servicios con funciones de fiscalización o con cierto grado de autonomía, donde este tipo de casos también se repite (ver recuadro).

El escenario actual se explica, en parte, por una reforma a las remuneraciones de las altas autoridades aprobada en 2020 –entre cuyos autores estaba el entonces diputado Boric- de la cual quedó pendiente la creación de una comisión que se abocaría permanentemente a este tema.

A juicio de los expertos, el esquema actual requiere ajustes, algunos de los cuales se incluyeron en el borrador de la nueva Constitución (ver recuadro).

¿Dónde y en qué trabajan los funcionarios con sueldos mayores que el del Presidente?

Algunas de las remuneraciones más altas están en la Cancillería. El listado es encabezado por el secretario General de Política Exterior, Alex Wetzig ($8.575.192). Hasta junio del año pasado se desempeñaba como diplomático en la embajada de Chile en Francia. Cuando volvió al país, asumió como analista temático ($3.538.342) en la dirección de Ciencias y Tecnología del ministerio y cuando ascendió como director, también lo hizo su remuneración. Sin embargo el mayor salto fue al llegar al cargo actual, en marzo de este año.

Le sigue quien se posicionó en la escena pública el día del cambio de mando. Manahi Pakarati, la diplomática rapanui que captó la atención de las cámaras por usar un traje típico como directora General de Ceremonial y Protocolo, percibió $8.504.063 en abril. Antes de ser nombrada por el Presidente en el cargo, era analista de la misma dirección ($3,6 millones) y fue cónsul de Chile en México y en Nueva Zelanda.

Les siguen José Antonio Ruiz ($8.253.975), funcionario de la Unidad de Hidrocarburos del ministerio de Minería y, nuevamente en Cancillería, Cristian Donoso ($8.103.441), que hasta marzo fue embajador de Chile en Haití.

Otro de los cargos con mayor paga es el de Matías Cox, secretario ejecutivo de la Convención Constitucional, aumentó su remuneración este año, ya que en 2021 ganó en torno a $5,3 millones mensuales en el mismo cargo.

En total, cerca de 55 funcionarios de ministerios y subsecretarías ganan más de $7 millones, principalmente jefaturas.

Tras ser consultados todos los ministerios involucrados, desde Energía explicaron que el salario de Ruiz se debe a que cuando se creó dicha secretaría de Estado (2010), el ingeniero fue transferido desde la Comisión Nacional de Energía hacia la nueva subsecretaría. A todos los funcionarios de planta y contrata en su situación, se les garantizó que mantendrían su sueldo a través de una planilla suplementaria (complemento de ingreso).

Que un subalterno gane más que el Presidente, o que un subsecretario o algunas jefaturas superen en sueldo al del ministro, puede parecer carente de lógica. Por ejemplo, en el ministerio del Interior el hasta hace poco jefe de gabinete, Roberto Estay ($7.495.692) ganaba más que la ministra Izkia Siches ($7.012.388).

La principal razón es el cambio legal realizado en mayo de 2020, cuando tras el estallido social se materializó la rebaja de dieta de las autoridades. Ese proyecto estableció que “las remuneraciones del Presidente de la República, de los senadores y diputados, de los gobernadores regionales”, de los funcionarios de exclusiva confianza y contratados a honorarios que asesoren directamente a esas autoridades, “serán fijadas cada 4 años y con a lo menos 18 meses de anticipación al término de un período presidencial, por una comisión” que establecerá una Ley Orgánica Constitucional.

Antes de que la comisión se concrete (el proyecto está en el Parlamento) la norma estipuló que sería el Consejo de Alta Dirección Pública quien fijaría por una sola vez las rentas de las autoridades. La decisión tomada en junio de 2020 fue rebajar en 10% el sueldo del Mandatario y 25% el de ministros y parlamentarios.

La Constitución actual establece que los parlamentarios perciben como renta el equivalente a la de los ministros. Y es eso lo que no hace sentido a algunos expertos. “Era un pie bastante forzado. La renta de los parlamentarios era más alta que en otros países, pero la de los ministros no tanto. Los ministros abandonan un trabajo para incorporarse a otro mucho más expuesto y en el cual pueden ser cesados en cualquier momento, a diferencia de los parlamentarios. La dieta de los parlamentarios versus la remuneración de los ministros son discusiones que creo tienen que darse en su propio mérito y no de manera simultánea”, opina Enrique Rajevic, profesor de derecho administrativo de la U. Alberto Hurtado. En todo caso, esto podría ser modificado de acuerdo al borrador de la nueva Constitución.

A juicio de otro abogado que optó por mantener su identidad en reserva, el esquema actual “quedó desajustado” y debiera revisarse.

Ramón Rodríguez, gerente general de Trabajando.com, considera que el sistema de remuneraciones del Estado “es obsoleto”. A su juicio es engorroso y critica que en ocasiones los salarios no son coherentes con los de mercado y no reflejan la responsabilidad que tiene la persona, sobre todo en cargos altamente especializados.

“Tiene que haber una revisión completa del estatuto, una simplificación que homologue el mundo público y privado. Debería ser un sistema donde los sueldos sean fácilmente comparables con los de mercado (...) Es tan complejo el estatuto administrativo y tiene tantas variables, que al final del día no se entiende y los incentivos son difíciles de gestionar”, comenta. Además, señala que persisten las brechas entre los cargos altamente especializados del sector público y privado, las que pueden ser “hasta dos o cuatro veces más”.

El abogado Luis Cordero, académico de la U. de Chile, dice que “no es ilógico cuando se quiere tener una función pública permanente, que quienes tengan una labor superior puedan tener ingresos superiores. Es una forma de profesionalizar”.

*REMUNERACION BRUTA MENSUALIZADA, ABRIL/Fuente Portal de Transparencia