Consta el borrador que será la base para la redacción del proyecto de Constitución. Dado que aún es tiempo de introducir correcciones, conviene reflexionar sobre el producto.

Primero, está la cuestión de la terapia. La Convención debía ser el lugar donde las fuerzas políticas se encontrasen y fraternizaran. Nada de eso ocurrió. Se requiere todavía que esa —en la práctica— mitad del país que son la derecha y la centroderecha, sea incluida masivamente en la operación; al menos los moderados. Debe percibirse algo de fraternidad. Lo contrario hará del proyecto un texto partisano.

Además, está el asunto del lenguaje. El borrador viene lleno de términos propios de algunas ciencias sociales, ajenos a la claridad exigible de una Constitución. A modo meramente ejemplar, se habla de “plurilingüismo”; “disidencias sexogenéricas”; “naciones indígenas y tribales”; “diálogo horizontal y transversal” entre las “cosmovisiones de los pueblos”, de “cooperación transfronteriza” de “pueblos indígenas” (aquí se excluye a las “naciones tribales”). No se hubiesen moderado los científicos naturales y se hubiera producido un texto difícilmente inteligible.

Hay otras complejidades que podrían dificultar severamente la acción del Estado. En las relaciones internacionales, por ejemplo, se ha de respetar la siguiente lista: “derecho internacional”, “autodeterminación de los pueblos”, “no intervención en asuntos” internos, “multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los Estados”; su “soberanía”; “democracia”; “Derechos Humanos”; “inclusión e igualdad de género”, “justicia social”, “naturaleza”, “paz, convivencia y solución pacífica” de conflictos, “reconocimiento, respeto y promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas y tribales”; integración latinoamericana preferente y “contacto y cooperación transfronteriza”. ¿Qué política de relaciones exteriores podrá cumplir con una tarea así de compleja? La otra posibilidad es que sean declaraciones a la galería. Loewenstein hablaba de las constituciones semánticas, como trajes que no se usan.

En fin, o los convencionales no tienen claro o no les importa el estatuto que deben tener los poderes del Estado, sin el cual el respeto de los derechos humanos es letra muerta. La reforma constitucional requerirá mayoría de ley para una serie de asuntos donde está comprometido el principio republicano de la división de poderes. Una mayoría parlamentaria simple podrá echar abajo todos los resguardos de la independencia judicial. Y se sabe que sin independencia judicial, la República fenece.

En las tres cuestiones, las labores para la Convención son arduas y fundamentales. Probablemente de eso —asumir la envergadura de la tarea de parir un símbolo en el que sectores sustantivos del Pueblo a lado y lado puedan sentirse reconocidos— pende el fracaso o el éxito de todo el proceso.

En una encuesta que realizamos en Fundación Chile a más de dos mil usuarios en el marco de la iniciativa Refriclaje, un 50% dijo jamás haber reciclado un aparato eléctrico o electrónico. Hoy en Chile se generan unos diez kilos de chatarra electrónica al año por habitante, tendencia que va en alza, y solo 4% de esos residuos son tratados.

En este escenario, se pierde la oportunidad de valorizar componentes de los residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) como metales preciosos, vidrio, acero, cobre, aluminio, plásticos, entre otros. Y no solo eso: no reciclar adecuadamente estos aparatos nos expone a componentes peligrosos y a la liberación de sustancias tóxicas, como los gases refrigerantes, que ponen en riesgo la salud humana y de nuestros ecosistemas.

Los resultados de la campaña Refriclaje, que logró el recambio de 1.600 refrigeradores en Chile por equipos altamente eficientes, evidencian el enorme potencial de circularidad de los residuos electrónicos. Al darle un manejo ambientalmente adecuado a los refrigeradores antiguos recolectados, logramos reciclar 98 toneladas de residuos, lo que equivale al peso de 60 autos medianos. 74 toneladas de estos residuos eran metálicos, diez de plástico y cuatro de vidrio. Logramos reciclar también 800 kilos de cables y 190 kilos de gases refrigerantes.

Estos materiales reciclados podrán ser usados como materias primas para diversos productos, y los gases, utilizados para otros sistemas refrigerantes.

Los resultados son positivos, pero es importante avanzar con urgencia para que el reciclaje de residuos electrónicos en Chile aumente, sobre todo dado el contexto de cambio climático que enfrentamos. La capacidad de reciclaje y recolección es todavía escasa, y aún más en regiones. Hoy en el país existen solo ocho empresas gestoras de estos residuos.

Se espera que con la implementación de la Ley REP para Aparatos Eléctricos y Electrónicos, aumente la demanda por los servicios de reciclaje. Al mismo tiempo que la normativa, es necesaria una adecuada capacitación y sensibilización, no solo de quienes los administran y operan, sino también de los consumidores y población en general. En Fundación Chile estamos trabajando con recicladores de RAEE y en campañas de concientización ciudadana. Si no generamos un cambio pronto, se estima que a 2027 la cantidad de chatarra electrónica aumentará en un 46,5%.

La equidad de género se refiere a una situación en que no hay diferencias entre hombres y mujeres en derechos, responsabilidades, y oportunidades; es considerada un derecho fundamental y una condición necesaria para un mundo cohesionado, próspero, y sostenible. El empoderamiento económico es necesario para lograr dicha equidad: se refiere a mejorar el acceso de las mujeres a oportunidades económicas, como buenos trabajos, servicios financieros, y activos productivos, entre otros.

En relación a este objetivo, las mujeres chilenas obtienen menores salarios que los hombres (al igual que el resto del mundo). Esta desigualdad en nuestro país se debe en menor medida a discriminación o barreras legales, y más a un conjunto de decisiones que toman las mujeres en su adolescencia y juventud, y a lo largo de su vida, que impactan su acceso a buenos trabajos. Algunas son: terminar la enseñanza media, ingresar a la educación superior y de ser así, qué carrera estudiar, trabajar o no y cuántas horas, entre otras. La decisión de cuándo ser madre por primera vez es quizás la más determinante, ya que impacta las posibilidades educativas y laborales, tanto las presentes como las futuras.

Diferentes políticas públicas han logrado reducir brechas económicas entre hombres y mujeres: de financiamiento de educación superior, de salas cunas y jardines infantiles, el postnatal, y políticas de salud sexual reproductiva (que otorgan a mujeres la posibilidad de elegir el momento de su maternidad), entre otras. Todas contribuyen a igualar el acceso a oportunidades económicas.

Sin embargo, muchas mujeres toman decisiones según roles de género tradicionales o normas aprendidas socialmente, que limitan el impacto de los instrumentos públicos disponibles. Quizás la más relevante es la noción de que el cuidado de los hijos es responsabilidad principalmente de las madres: muchas mujeres trabajan menos, en sectores con flexibilidad horaria, pero con menores salarios, para compatibilizar crianza con trabajo. Incluso políticas diseñadas explícitamente para facilitar la corresponsabilidad parental tienen efectos limitados: la ley de postnatal permite que las madres traspasen hasta seis de las 12 semanas de postnatal al padre, pero menos de 1% de los padres ha usado esta posibilidad.

Estos ejemplos revelan que, para lograr mayor equidad, los roles de género tradicionales deben cambiar hacia una visión de igualdad en derechos, y especialmente en igualdad de responsabilidades en la crianza de los hijos. Es un desafío enorme y lento. No obstante, es fundamental estudiar e implementar iniciativas que faciliten este cambio social profundo para poder avanzar hacia una sociedad más igualitaria.