El color morado se tomó el municipio de Santiago: lo lleva el logo en las redes sociales, las tarjetas de visita de los concejales, los pendones en las presentaciones, los módulos de los artesanos en las ferias que organiza la alcaldía y el nuevo bus feminista, uno de los que regaló la comunidad china para resguardar la seguridad pública.

Es el sello más patente de Irací Hassler (31), la alcaldesa comunista y feminista, a quien todavía no se le conoce con exactitud un plan para regir los destinos de la comuna capital.

Extraño pensando que en su programa de campaña de 40 medidas prometió dar más seguridad en los barrios (no solo en el casco histórico), resolver problemas con el retiro de basura, mejorar los espacios públicos y políticas de planificación urbana con menor construcción en altura.

En sus entrevistas en televisión la economista de la U. de Chile ha terminado haciendo noticia por sus fricciones y postura feminista. “No soy tu hija, no soy tu mami (...) las mujeres estamos ocupando cada vez más espacios de poder y merecemos respeto” le dijo en noviembre pasado en cámara a José Antonio Neme, quien en Twitter días antes la había tratado de “mamita”. O por el despido, a comienzos de mes, del camarógrafo de CNN por un comentario sexista soplado al oído de la alcaldesa.

A 12 días de cumplir un año en el cargo, la percepción ciudadana de la comuna es de descontrol del orden público y caos de ambulantes, lo que está golpeando al comercio establecidos (ver recuadro) y crisis en la educación. Focos que no ha podido desactivar.

El frente más peligroso, porque como una carambola puede terminar golpeando a La Moneda (ocurrió en 2006 y 2011) es el escolar. Las violentas tomas de liceos fueron, además, uno de los factores que jugaron en contra de la reeleción de Felipe Alessandri (RN) y complicaron a Carolina Tohá (PPD). Hoy con el PC en el sillón edilicio la situación no es muy distinta.

De los 11 liceos emblemáticos de la comuna seis han sufrido tomas este año: INBA, Instituto Nacional (IN), Liceo 4 Isaura Dinator, Confederación Suiza, Aplicación, Liceo 1 Javiera Carrera. Este viernes se depuso la toma en el IN por los actos de violencia como el lanzamiento de bombas molotov dentro del liceo, una barricada en un pasillo y la quema de documentos, que se suman a desmanes anteriores provocados por unos 20 encapuchados con overoles blancos que lanzaron molotov el día del joven combatiente; la quema de un bus en las afueras del INBA hace tres semanas y el intento fallido por incendiar dos micros en el Barros Borgoño el 2 de mayo

Situaciones complejas que también vivió Alessandri, de quien Hassler fue una crítica acérrima desde el concejo, pero que ella tampoco ha logrado controlar.

Cinco de los emblemáticos —IN, INBA, Barros Borgoño, Cervantes y Liceo 1— no cuentan con un rector/a titular, sino interino, lo que implica que pueden ser removidos a otra función si el municipio no está de acuerdo con su gestión. El Darío Salas es otro caso: su directora titular Lilian Vicent, que logró erradicar la violencia en ese liceo, está sumariada y suspendida desde el 29 de marzo después de ganar una demanda laboral que presentaron dos profesores en contra de Hassler (como sostenedora), pero que iba dirigida a la directora. La misma que también logró parar la violencia como directora interina en el Barros Borgoño y aumentar la matrícula de 320 a 1.610 alumnos en su período de interinato (2018) antes de postular y ser elegida por ADP para su actual cargo del que se mantiene suspendida.

Profesora de biología, con 20 años de carrera y ocho en el Borgoño, cuenta que “cuando asumí en 2018 apliqué el reglamento interno de convivencia escolar que establecía como causal de expulsión la participación en manifestaciones violentas, daños a la comunidad o el mobiliario, pero antes hice un trabajo formativo y expliqué cuáles serían las consecuencias de su actuar”. A los que no cumplieron —unos diez alumnos— se les canceló la matrícula en el Borgoño, incluidos los dos hijos de la presidenta del Centro de Padres “desde donde, estando ella presente, salieron varios encapuchados con bombas molotov, por lo que la invalidé como apoderada y gané en la Corte Suprema, porque tenía videos”. Lo mismo hizo en el Darío Salas. “Cuando ven que hay un director que aplica el reglamento interno, cancelamos la matrícula a 20 alumnos, ellos se repliegan. Si ven manga ancha la violencia se colectiviza”, explica Vicent.

Fue testigo de cómo alumnos rociaron con bencina a una asistente de la educación en el Borgoño en 2018 y a una educadora diferencial en el Darío Salas en 2019 “y decían préndele fuego, pero las llamas no la alcanzaron, el caso esta la justicia por una querella por intento de homicidio que la administración municipal actual retiró, pero la Fiscalía sigue adelante”.

A pesar de que Gonzalo Saavedra fue llamado a ocupar el cargo de director interino del INBA en febrero por la alcaldesa Hassler y Rodrigo Roco, a cargo de la educación en Santiago (ver recuadro), su situación cambió después de aparecer en los medios relatando lo vivido el 19 de abril cuando alumnos quemaron una micro y recibió un golpe por la espalda al intentar cerrar la reja del liceo. “El lunes 25 me citaron (Hassler y Roco), no me suspendieron oficialmente, pero me informaron que no había pasado a la siguiente etapa del concurso por ADP al que estaba postulando para ser director del INBA y que descansara un par de días”. Al día siguiente, Saavedra fue a despedirse de los profesores y asistentes del INBA y de los 1.250 alumnos representados por los presidentes de curso. “Les expliqué que no seguía en carrera ni en el colegio. Me fui a tomar un café a la oficina y sentí ruidos en el hall. Los alumnos habían hecho una asamblea y decidieron tomarse el colegio, no porque me iba, sino porque fue la gota que rebalsó el vaso. Más de mil personas firmaron para que volviera, la toma se bajó, pero al día siguiente votaron y se tomaron el liceo”, cuenta el también exalumno del INBA.

El director de un liceo está obligado a iniciar un procedimiento disciplinario en contra de los alumnos que provoquen daños a la infraestructura, a la integridad física o psíquica de miembros de la comunidad educativa o porten elementos explosivos, pudiendo culminar con la expulsión como lo establece la Ley Aula Segura aprobada en 2018. “Si no lo hace, el alcalde debe instruir un sumario administrativo que podría concluir con la destitución del director por incumplimiento grave de obligaciones al no aplicar la ley”, explica el abogado Christopher Gotschlich, exsubdirector jurídico de la Dirección de Educación Municipal.

En el caso de que un alcalde no le abra un sumario y no se dé continuidad al servicio educativo (por las tomas) como exige la Ley General de Educación, al menos tres concejales pueden interponer una acción por notable abandono de deberes en contra del alcalde/sa ante el Tricel, que tiene la facultad para destituir a un edil. Hassler cuenta con el apoyo de ocho de los diez concejales, a pesar de que la relación no es tan fluida como antes, por lo que una acción de ese tipo es improbable.

Desde el municipio respondieron a La Segunda que la manera adecuada de enfrentar las movilizaciones y tomas es a través del diálogo. “Aunque no siempre sea fácil ni dé resultados inmediatos, creemos que es la forma más adecuada y eficaz de combatir y aislar la violencia, y no de la criminalización de las, les y los estudiantes Por ello, la Ley Aula Segura está lejos de la visión comunal y del trabajo de esta administración”.

La llegada del PC al municipio de Santiago fue un hito histórico, pero los flancos que tiene abiertos Hassler no han pasado desapercibidos para la opinión pública. De siete alcaldes medidos por Cadem, a mediados de abril, Hassler es la segunda peor evaluada: anota un 51% de opiniones negativas y 37% positivas. Solo Daniel Jadue (Recoleta) está más abajo. Mientras Evelyn Matthei (Providencia), Tomás Vodanovic (Maipú), Macarena Ripamonti (Viña) y Rodolfo Carter (La Florida) anotan más evaluaciones positivas que negativas. Además, Hassler es la menos conocida junto a Vodanovic con un 43%.

Y aunque falta para las municipales de 2024, es un antecedente para un cargo en que solo Jaime Ravinet logró ser reelecto en 1996.

El director del Departamento de Educación Municipal es la máxima autoridad comunal en educación. Por su importancia, el cargo es elegido por ADP. A casi un año de asumir, Irací Hassler no ha llamado a concurso, pese a que la ley 20.501 fijó un plazo máximo de seis meses para llenar la vacante. Quien cumple la función en los hechos es Rodrigo Roco (en la foto), nombrado jefe de gestión institucional mediante decreto el 20 de julio de 2021.

Consultado el municipio respondió que “la alcaldía debe definir los tiempos para llamar al concurso” y agregó “durante estos meses se ha estado trabajando en poder estabilizar el sistema y dejar atrás los daños causados por las políticas aplicadas por la administración anterior y la pandemia”.

Roco, ex PC, ex presidente de la Fech, fue asesor del exministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre.