Ayer expiró el periodo del ahora expresidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), Enrique Vergara. Por tanto, los plazos apremian para que el Presidente Gabriel Boric nombre a su sucesor. Y hay un nombre que corre con ventaja, pese a que la decisión puede tardar más tiempo del previsto.

Aquí no corrió la cuota de género. Todos los postulantes son hombres con una característica común: con más o con menos horas dedicadas a la enseñanza, son profesores universitarios, lo que a algunos les brinda un perfil más académico que práctico, pese a que han ejercido su especialidad en libre competencia, varios de ellos en casos de connotación pública.

Seis interesados pasaron por un primer cedazo que es el Tribunal Pleno de la Corte Suprema, cuyos integrantes el pasado 2 de mayo votaron para definir una quina que fuese presentada al Presidente de la República. Cada uno de los 19 ministros presentes (el máximo tribunal tiene 21) tiene derecho a elegir cinco nombres. De ellos, fueron nominados Francisco Agüero, con 19 votos, seguido por Nicolás Rojas, con 18, Fernando Araya y Marco Arellano, con 16, y Oscar Torres, con 13. Este último empató con Ernesto Ravera, quien en segunda ronda perdió con Torres.

Pese a la urgencia para nombrar al titular del TDLC es urgente, ya el Presidente ha retrasado algunas nominaciones, como en el Tribunal Constitucional, para las que tardó un par de semanas. Sin embargo, fuentes de gobierno confirmaron que el nombre ya está consensuado entre la Presidencia y el Ministerio de Economía, y que debiera conocerse “pronto”, pues está en proceso de revisión de antecedentes.

Francisco Agüero es el candidato por el que votaron todos los ministros de la Suprema y asomaría con la primera opción. Su vida profesional está íntimamente ligada a la Universidad de Chile. Allí se tituló de abogado e hizo su doctorado en Derecho (también cursó un máster en regulación económica y competencia de la City University de Londres). Es profesor de Derecho Económico y director del Centro de Regulación y Competencia (RegCom) en la U, que también integran cercanos al gobierno como Diego Pardow, asesor del segundo piso de La Moneda. “A veces, ser amigo es más un contra que una ayuda en estas cosas”, dice un abogado que conoce a ambos.

En su presentación al Pleno, Agüero enfatizó que un desafío del tribunal es mejorar los tiempos de tramitación de las causas. “Las exigencias de la ciudadanía hacen necesario que el tribunal responda oportunamente. En el informe del año 2020 del presidente del TDLC se menciona que algunas causas se han demorado más de 1.000 días en ser resueltas”, dijo.

Antes de la academia, Agüero fue asesor jurídico de la CNE (2000 al 2006) y abogado en Barros & Errázuriz (2006-2010).

Nicolás Rojas también fue director del RegCom y hace más de 15 años es profesor de Derecho Civil en la U. de Chile.

Es el único de los cinco postulantes que ya se ha sentado en el TDLC, pero como ministro suplente entre 2017 y 2020. Allí le tocó resolver en casos como las restricciones verticales en el mercado eléctrico en 2018, resolver consultas como la de Iberoamericana Radio Chile sobre participación en concursos públicos para renovar concesiones de radiodifusión o de Watt's sobre las condiciones de recepción y compra de leche fresca, ambas en 2019, o la propuesta normativa para las licitaciones de contratos del MOP en 2020.

En su presentación a la Suprema, planteó entre otros desafíos del TDLC: “Es probable que en los próximos años se ponga a prueba el sistema de carteles desde la perspectiva de la delación compensada, más aún si se incorpora la figura del denunciante anónimo”.

Fernando Araya hoy litiga como abogado de libre competencia, pues como socio del estudio Lewin representa a la empresa Touchsmart en una demanda contra Samsung por imposición de precios. Es abogado de la U. de Concepción y doctor en Derecho de la U. de Chile con la tesis “Rule of Law en el Derecho de la Competencia. Un enfoque clásico. Aplicación en Chile”.

Fue persecutor pues trabajó 10 años en la Fiscalía Nacional Económica en el área internacional y participó en casos de delación compensada por colusión.

Es profesor de del Departamento de Derecho de los Negocios en la U.Diego Portales. Ante la Suprema, planteó dos desafíos: “la uniformidad” en los criterios de los dictámenes y “la celeridad” para responder con mayor prontitud a los juicios.

Marco Arellano también obtuvo 16 votos en la Suprema, con lo que quedaron empatados en el tercer lugar.

Arellano es abogado de la U. Central, magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile y doctor en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca, España. De su perfil, se destaca que ha ejercido en otros organismos jurisdiccionales. Desde el 2006, forma parte del Tribunal de Propiedad Industrial (TPI), donde ha sido ministro suplente, titular e incluso presidente. Además, fue abogado integrante de la Corte de Apelaciones de San Miguel y de Rancagua.

En su lado académico, ha sido profesor de Derecho Comercial y Tributario en la U. de Santiago y en la U. Central. En su descripción en el TPI, también se destaca que entre el 2002 y 2009 fue abogado asesor del Ministerio de Economía en materia de impuestos y propiedad industrial, y miembro del grupo negociador de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, Corea, EFTA, USA, ALCA, Nueva Zelanda, Singapur, Brunei y China.

El propio Oscar Torres se describe en su LinkedIn como abogado experto en Derecho Comercial y Económico, socio del estudio Torres & Loyola Abogados desde enero de 1990.

Al igual que Arellano, Torres es abogado de la Universidad Central y también ha integrado el Tribunal de Propiedad Industrial, como exministro y presidente. Es profesor de Derecho Comercial y del magíster de Derecho de Arbitraje en la U. Central y autor del libro “El proceso arbitral” (2021).

Fue el último en integrar la terna, pues empató en el quinto puesto con Ernesto Ravera, quedando este último fuera tras una segunda votación del pleno de la Corte. Esta no es la primera vez que integra la quina para presidir el TDLC. También lo fue en el proceso anterior, en 2016, cuando finalmente la presidenta Michelle Bachelet optó por Enrique Vergara.