“Condenamos enérgicamente estos nuevos y gravísimos hechos de violencia registrados en Tirúa y exigimos la reposición del Estado de Derecho en la Provincia de Arauco”, publicó esta mañana en Twitter el Gobierno Regional del Biobío. Esto, porque por segunda noche consecutiva se registraron hechos de violencia en la zona.

La noche del miércoles (cerca de las 00.15) atacaron la Subcomisaría de Tirúa y anoche incendiaron el Hotel Curef, en Quidico.

El primer ataque se extendió por cerca de diez minutos, en los que un grupo indeterminado de individuos atacó con armas de fuego el recinto policial, ubicado en la zona urbana de dicha localidad, terminando heridas una mujer de 34 años y su hija de 15. Las dos estaban en su hogar, a metros del retén; la madre recibió un impacto de perdigón en su muslo derecho y la hija un perdigón en el rostro. Ambas fueron trasladadas hasta el centro de salud y se encuentran fuera de riesgo vital. También resultó con una lesión de carácter leve, en una de sus manos, el Suboficial Mayor del Gope Manuel Cortes Silva, quien fue atendido en el Cesfam de Tirúa.

Fueron cerca de 50 personas las que llegaron al recinto y realizaron una serie de disparos desde distintos puntos del entorno, además de arrojar elementos contundentes. El objetivo de los atacantes sería rescatar a dos personas que fueron detenidas portando cerca de 500 cartuchos de escopeta calibre 12, mientras se desplazaban en un vehículo en la zona.

“Más de 50, en un momento determinado llegan hasta 70, y proceden a intentar ingresar al recinto policial con la finalidad de rescatar a las personas”, afirmó a Emol el general Juan Pablo Caneo, jefe de la Octava Zona de Carabineros.

Los funcionarios repelieron el asalto con gas lacrimógeno y perdigones de plástico, por lo que el general insistió en que “no hubo personas lesionadas”. “Todo lo que dice relación con disparos, que es lo que se tiene que investigar, al parecer se hizo desde un sector más atrás de donde se encontraba la masa disparando hacia al aire, no directo hacia la unidad... Por tanto, bajo esa premisa tampoco se cumplían los pretextos para hacer uso de arma de fuego, toda vez que los carabineros tienen un blanco definido a donde poder hacer uso de ese elemento”, acotó Caneo.

Anoche el segundo atentado fue al Hotel Curef, propiedad de Fernando Fuentealba, presidente de la Fundación de Víctimas de Terrorismo en la Macrozona Sur (ver página 5).

Según radio Biobío, los accesos a la caleta de Quidico fueron bloqueados con árboles, para impedir el refuerzo policial .

“El hotel de Quidico ha sido atacado varias veces, se han quemado más de 70 propiedades que están en esa zona. Es una situación extremadamente grave. Pero no es lo único, porque en el límite de Cañete y Tirúa, en las últimas 24 horas, también quemaron un camión y fue golpeado su conductor. En Mulchén también (hubo actos de violencia), varios kilómetros al interior. Tenemos problemas muy serios en materia de seguridad”, explicó esta mañana a Tele13 Radio Rodrigo Díaz, Gobernador de BíoBío.

“Esto es recurrente. A nivel nacional hablamos semanas atrás de un paro de camioneros, que partió con trabajadores que van al bosque a trabajar y que se cansaron de ser atacados y heridos”.

Agregó que, previo a los ataques, se paralizó una faena ilegal y se detuvo a dos personas con madera robada.

Con respecto al llamado de Héctor Llaitul a preparar la resistencia armada declaró:

“El Presidente Boric propuso abrir un diálogo político y hay otras organizaciones que actuaron con mayor rigidez frente a eso, recibieron a tiros a la ministra del Interior. Creo que el señor Llaitul no quiere quedar desplazado dentro del mundo radical. La orgánica que él dirige, junto a sus familiares, es una de las más pequeñas operativamente”.

“Tengo la impresión de que la coalición de gobierno no logra entender lo que está pasando en el territorio, que esto es un fenómeno cotidiano. Probablemente porque la representación parlamentaria del pacto más duro de la base de apoyo tiene muy poca presencia en la Araucanía. Hablamos de las últimas 24 horas y han pasado cuatro o cinco situaciones gravísimas. Cuando el gobierno invita a un proceso de diálogo político, yo fui el primero en salir a respaldarlo, pero necesitamos seguridad. Uno esperaría una reacción similar a la indignación por los balazos en Meiggs”, dijo el gobernador.

“Como dice el senador socialista de nuestra región (Fidel Espinoza), si no se materializa el estado intermedio que fue comprometido lo que necesitamos es operar con el estado de excepción constitucional, porque la situación está fuera de control, se nos fue de las manos. Yo le pido al Presidente y a sus parlamentarios que apoyen esta medida, o se van a volver a movilizar las personas que son víctimas. Les queman casas, les roban los autos cuando transitan en la zona, no llegan los alimentos porque los camiones con mercadería son asaltados, hace una semana se robaron un camión con balones de gas. Los trabajadores que tienen que reponer el tendido eléctrico no van porque tienen susto de acceder al territorio. Esta caricatura del problema entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche es solo una parte del problema, lo que no están viendo es el problema cotidiano de falta de seguridad”.

A su llegada a Concepción, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, catalogó los hechos como gravísimos y los condenó sin titubeos. La autoridad arribó al aeropuerto de esa ciudad en medio de los atentados de las últimas horas y de las amenazas de la CAM esta semana, que llamó a armarse en contra del proyecto de estado de excepción intermedio que ha intentado impulsar el gobierno, sin mucho éxito.

Monsalve se reunirá con la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresdner y con los fiscales de la Macrozonasur en las oficinas de la institución. En la cita, participarán los fiscales regionales del Biobío, de La Araucanía, Los Lagos, Mariquina, Osorno, entre otros.

Por la tarde, el subsecretario PS liderará un comité policial en Chillán, donde esta semana una menor de edad resultó muerta producto de una bala. Días después del asesinato a un carabineros.

Respecto a los atentados, la Multigremial Nacional de la zona realizó un nuevo llamado al Ejecutivo para insistir en el estado de excepción. “Con preocupación vemos que desde la eliminación del estado de excepción se han incrementado la quema de camiones, atacan a trabajadores y disparan a comisarías, pero el gobierno sigue sin la capacidad de reaccionar frente a esta ola de terrorismo desatado que se instaló en la Macrozona Sur”, afirmaron.

Y agregaron: “Esto cobra mayor relevancia sabiendo que el líder de la CAM, Héctor Llaitul, amenazó públicamente al gobierno y a todos los chilenos a través de una resistencia armada que traerá más muertes y violencia en la zona. Entonces, si después de estas declaraciones las autoridades insisten en dialogar con grupos radicales, evidentemente no están cumpliendo su mandato constitucional de brindar seguridad y protección a la ciudadanía".

“No estoy bien. No pude dormir nada anoche, estoy con una mezcla de sensaciones”, respondió esta mañana desde Concepción Fernando Fuentealba, dueño del Hotel Curef.

El Presidente del Comité de Seguridad Ciudadana de Quidico y de la Fundación de Víctimas del Terrorismo de la Macrozona Sur, poco antes de la 1 de la madrugada recibió la noticia. “Me llamaron para informarme que le habían prendido fuego al hotel. Más tarde me llegaron los videos”.

Fuentealba, que veranea en la zona desde los 5 años, instaló su proyecto turístico hace casi dos décadas. Justamente por “denunciar la ola de violencia” desde hace cuatro años —afirmaba en una entrevista a La Segunda en marzo de 2021—, es víctima de constantes amenazas de muerte, “tres intentos de homicidio”, atentados armados al hotel y ahora, este ataque incendiario.

–¿Se contactó alguna autoridad con usted tras lo sucedido anoche?

–En este mismo momento estoy llegando a la Gobernación en Concepción. Humberto Toro, el delegado provincial, me pidió reunirse y seguramente será solo para recibir palabras de buena crianza, porque expectativas de que den soluciones reales, ninguna.

Fernando Fuentealba fue reubicado en Cañete el 2020. “El gobierno anterior me sacó a mí y parte de mi familia en una forma precaria. Y lo recalco porque el único apoyo –y ellos salen llenándose la boca con el apoyo a las víctimas que hicieron ha sido el pago del arriendo de una cabaña, que además no ha sido constante. O sea, uno tiene que estar cada tres meses con un tarrito y una moneda golpeándolo para que paguen y te dicen que no, que son ayudas momentáneas. ¿De qué estamos hablando? Aquí no hay seriedad en relación al trato igualitario ante la justicia”, afirma. Hoy, dicho pago está atrasado. “Me indican que no hay presupuesto. Ese es el apoyo de cartón que tiene el gobierno”.

Desde que se mudó no ha podido visitar Quidico. “No me puedo acercar. Estos grupos están absolutamente descontrolados. Como civiles comunes y corrientes, no tenemos ninguna posibilidad ante estos grupos que tienen armamento de guerra. Ir sería suicida”.

–En 2021 decía que ya había recibido tres ataques armados el hotel, ¿todavía lleva la cuenta?

–Mira, imagínate que ya con la quema de anteayer, de una casa de otra vecina, más la del hotel ya van 70 viviendas quemadas en la zona urbana... Es una cifra irracional desde todo punto de vista y lamentablemente las autoridades no quieren ponerle atajo al tema.

–Usted ha dicho reiteradas veces que sabe quiénes son los responsables.

–Todos los saben y toda la información la tiene el Ministerio del Interior. Lo que aquí ocurre no es por falta de información, sino que por falta de voluntad política y un sesgo ideológico por el que no quieren darle solución al tema. Nosotros pasamos a engrosar cifras. Tú ves que el gobierno sale anunciando con bombos y platillos el aumento a 35 mil millones de pesos para la Conadi, para la compra de tierras y en ningún momento nosotros vemos un monto para la reparación a las víctimas de esta situación, que por lo demás no tiene ninguna relación con la reivindicación de la etnia mapuche y que nosotros compartimos.

Y continúa:

–Estos son grupos de crimen organizado, de terrorismo, con planificación, financiamiento, logística. Es cosa de ver las declaraciones que hace Llaitul, un verdadero Pablo Escobar, llamando a prepararse con armas para repeler este posible “estado intermedio”, que por lo demás es un maquillaje. Este gobierno es tan soberbio e ideológico que no quiere decir las cosas como son: las herramientas como el estado de excepción están dentro de lo que les faculta la Constitución para reestablecer la seguridad y el estado de derecho (…) Para mí son tan cómplices y responsables, aquí hay una falta notable de deberes y de servicios”.

El costo personal que ha tenido la experiencia para Fuentealba solo empeora. En 2021 se refería no solo a la quiebra económica, sino al fin de su matrimonio, una depresión y un constante estado de estrés. “Esto ha significado no poder responder como proveedor de una familia de 7 hijos, que están estudiando”.

–¿Qué ha ocurrido con la venta del hotel? En un minuto planteó que el Estado se lo comprara.

–O sea ahora cómo voy a vender el hotel si está quemado, es la propiedad… Pero, además, es el caso de muchas otras víctimas que tienen usurpados sus campos. Por eso nosotros hablamos de una reparación que es responsabilidad del Estado, porque nadie quiere comprar en una zona donde la violencia es muy cruda. En cualquier otro Estado del mundo obviamente esto ya habría ocurrido, para que uno vuelva a retomar de la mejor forma posible su vida normal.

–Usted vive con su madre en Cañete, ¿se siente a salvo ahí?

–Mi familia está toda dispersa y yo ya le he solicitado a las autoridades que me saquen de Cañete, porque estos grupos saben dónde vivo. Nuevamente estoy en riesgo de vida, tanto mi madre como yo, por eso estamos solicitando que nos saquen. Y las amenazas son demostrables: ataques armados al hotel, ataques a mi vehículo, etc.

–¿Hay alguna respuesta?

–En este minuto la respuesta de las autoridades es: “Sí, don Fernando, lo estamos viendo”. ¡Por Dios! ¿Lo están viendo? Es impresentable, esto no tiene cordura.