Un debut mediático tuvo la delegada presidencial de la Región Metropolitana (RM), Constanza Martínez Gil (34), quien asumió el 28 de febrero.

En materia de orden público, se ocupó del desalojo de la larga toma de la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que contó con la mediación de la subsecretaría de Derechos Humanos, Haydée Oberreuter. Y como presidenta de la Comisión de Evaluación Ambiental de la RM rechazó el proyecto inmobiliario de Fundamenta en Ñuñoa.

Abogada de la U. de Chile, militante de Convergencia Social (CS), debía pronunciarse sobre un solo punto: el problema de la sombra que proyectarían los edificios —tres residenciales de 32 pisos cada uno y otro de oficinas de 27 pisos— sobre dos casas vecinas como lo solicitó el Tribunal Ambiental de Santiago. Y fundamentar.

El lunes 4 de abril, en la reunión de la Comisión, Martínez afirmó: “Si bien entiendo que nos deberíamos referir solamente a la luminosidad, como autoridades recién nombradas tengo la sensación de que no podemos ser indiferentes a los argumentos que se han planteado acá en términos de la magnitud del proyecto, de la densidad poblacional y la intensidad del uso del suelo que genera cambios importantes no solo en los sistemas de vida, sino también en la dinámica urbana general y que tiene el sector, lo que además produce una presión en la infraestructura de los servicios municipales”.

Su voto de rechazo se sumó al de ocho seremis. A favor lo hicieron la seremi de Vivienda, Rocío Andrade, quien dijo que no entendía por qué el proyecto presentó una Declaración de Impacto Ambiental y no un Estudio, “pero en lo que nos convoca, creo que cumple con la norma y apruebo”, y el director del Servicio de Evaluación Ambiental de la RM, Arturo Farias, quien viene de antes y fue nombrado por Alta Dirección Pública (ADP).

Pablo Badenier, exministro de Medio Ambiente del segundo gobierno de Michelle Bachelet, sostiene: “La delegada presidencial puede decir lo que quiera, pero no es lo que le ordenó el Tribunal Ambiental a la Comisión, que fue pronunciarse sobre un aspecto específico de un proyecto ya aprobado (la sombra). Creo que sienta un mal precedente”.

Luis Cordero, profesor de Derecho Administrativo de la U. de Chile, agrega que “lo que hizo es reconocer explícitamente que fue más allá de lo que el Tribunal Ambiental indicó”. En simple, al rechazar el proyecto, la Comisión anuló el permiso ambiental (Resolución de Calificación Ambiental o RCA) obtenido por Fundamenta en mayo de 2019. “Eso no lo podía hacer, porque volvió a calificar el proyecto. Y para lo único que estaba mandatada la Comisión era para evaluar el tema de la luminosidad. En todo lo demás la RCA seguía siendo válida. No puedes extenderte a una materia distinta a la señalada”, amplía Cordero.

Hay otro problema. La Comisión no esperó a que la Corte Suprema fallara el recurso de casación presentado por Fundamenta en diciembre de 2021, después de la sentencia del Tribunal Ambiental y que, junto con anular parcialmente la RCA en la materia de la sombra, pidió más estudios sobre este punto a la inmobiliaria.

Si la Suprema acoge el recurso “podría dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Ambiental” —dice Cordero— lo que tendría un efecto en la decisión de la Comisión: su rechazo quedaría anulado. Cree que la Comisión “pudo haber tomado una medida de resguardo diciendo mientras no se resuelva el recurso de casación no vamos a resolver la sentencia del Tribunal Ambiental”.

Fundamenta paralizó las obras, cuya inversión total es de US$300 millones, empleaba directa e indirectamente a 1.300 trabajadores que protestaron frente al municipio de Ñuñoa, cuya alcaldesa Emilia Ríos (RD) habló más extenso en la sesión de la Comisión y calificó el proyecto como “masacre inmobiliaria”.

El fallo causó preocupación en el sector privado y puso el foco en Martínez quien lidera la Comisión que deberá visar proyectos por cerca de US$6 mil millones (ver recuadro), justo en un momento en que la inversión va a la baja y que el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció, al conocer el Ipom de marzo, que ese era su mayor preocupación.

Cercana al Presidente Boric, fue coordinadora de su comando en la primera vuelta presidencial y jefa de avanzada en la segunda. Se conocen desde que eran estudiantes de Derecho. Ambos fueron presidentes del centro de alumnos. Boric en 2009, cuando hubo un paro de 44 días pidiendo la modernización de la facultad, cambios en la malla curricular y la salida del decano Roberto Nahum.

Martínez lo fue en 2011, por el Colectivo Arrebol unido con estudiantes autónomos (de Boric). Lideró el paro en Derecho de casi ocho meses y los exámenes quedaron para marzo de 2012. “Ella condujo el movimiento dentro de la facultad. Le tocó hablar frente a asambleas de 1.400 alumnos, larguísimas. Es una buena oradora, de ideas muy marcadas, pero dispuesta a darle trato (dialogar) a todo el mundo”, asegura el diputado Gonzalo Winter (CS), compañero de generación. Martínez fue su jefa de gabinete, hasta que se incorporó a la campaña de Boric.

Alumna promedio, su madre Enilde Gil es profesora de matemáticas, hizo clases y fue inspectora del Instituto Nacional. Luego, directora de la Escuela Fernando Alessandri de Santiago donde llegó, elegida por ADP, durante la alcaldía de Carolina Tohá (PPD). Hoy es subdirectora del Liceo Bicentenario Isaura Dinator.

Dos veces se postergó la reunión para ver el proyecto de Fundamenta: convocada para el 21 de marzo se corrió para el 31. Los nuevos seremis no habían sido nombrados.

Finamente, quedó para el lunes 4 de abril. Cuatro seremis habían asumido el viernes anterior (1 de abril) y cinco el 31 de marzo. Solo uno estaba desde el 18 de marzo.

“Es poco estético, pero el problema no es haber asumido recién, sino su tenían antecedentes suficientes para tomar la decisión. Si contaron con informes de los equipos técnicos de las Seremias”, indica el abogado Cordero.

Ese día la Comisión revisó siete proyectos: solo Fundamenta se rechazó.

La inmobiliaria —que lleva invertidos cerca de US$100 millones— presentará una reclamación por el rechazo de la Comisión ante la dirección ejecutiva del SEA.

“Hay argumentos para revertir ese rechazo, porque procedimentalmente se rechazó mal. Y cuando rechazas mal, se revierte. ”, afirma el exministro Badenier.

Actualmente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tiene para revisar 102 proyectos de inversión en la Región Metropolitana, con una inversión estimada de US$6.241 millones. En su gran mayoría deberán ser conocidos por la Comisión de Evaluación Ambiental presidida por Constanza Martínez.

Algunos de ellos son la extensión de la Línea 6 de Metro (US$196,9 millones), la modificación de ampliación del Mall Plaza Vespucio (US$241 millones), la concesión Américo Vespucio Oriente II (US$714 millones) y el Conjunto Armónico Portezuelo en Vitacura (US$240 millones).

Otros grandes proyectos en la región como la ampliación de la minera Los Bronces no pasarán por las manos de Martínez debido a que, por su carácter interregional, la ley establece que recaen directamente en la directora del Servicio de Evaluación Ambiental, Valentina Durán.