Hoy la comisión de derechos fundamentales se dejó el día para debatir sobre los ajustes que deben hacer al informe que el Pleno pidió revisar en diversos aspectos. Pero más allá de las palabras que se pronuncien, los gestos políticos y priorizaciones están dadas ya en las indicaciones presentadas y que se votarán en la comisión desde el miércoles.

Asi, una de las novedades es una indicación que reunió solo a mujeres -desde movimientos sociales, Socialistas, Independientes No Neutrales, PC, y FA- para establecer expresamente que “la ley regulará el ejercicio de estos derechos”, en el artículo aprobado que consagró el derecho de las mujeres a la “interrupción voluntaria del embarazo”.

De este modo, según explicaron dos convencionales, se tomó una decisión política transversal en la centroizquierda –lo que transforma casi en un hecho su aprobación en el pleno-, que lleva la firma de un sector feminista dentro de la Convención: incorporar una norma específica que deja en manos de la Ley el aterrizaje de este artículo aprobado, de tal modo de aplacar las críticas de los grupos antiaborto que señalaban que la redacción original en los hechos significaba aborto libre.

Pero donde las negociaciones políticas no lograron unificar pareceres en la Convención es respecto a la regulación de las expropiaciones. Actualmente el borrador del texto ya tiene aprobado el que “Ninguna persona puede ser privada de su propiedad, sino en virtud de una ley que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o interés general declarado por el legislador”.

Los dos párrafos siguientes no lograron los 2/3 y fueron materia para 42 indicaciones, que buscaban establecer cómo se paga, el criterio para establecer el valor mismo, ante quién se puede reclamar si no hay conformidad del afectado y en qué minuto se debe entregar la propiedad.

¿Cómo está el bloque de quién depende que se resuelva en una u otra dirección el texto? Hay división. Un grupo de convencionales de movimientos sociales propuso que quede en la ley los criterios para pagar “el justo monto” y la forma de cancelar; otro grupo de Apruebo Dignidad habla de “justa compensación”.

Y los socialistas van junto a Independientes No Neutrales con la idea de que se debe indemnizar “el daño patrimonial efectivamente causado, monto que se fijará de común acuerdo por las partes”, detallando que el pago debe ser previo a tomar posesión del bien, “salvo acuerdo en contrario”.

Paralelamente otro grupo de izquierda también hizo indicaciones –que agrupa a movimientos sociales y escaños indígenas más extremos-, donde intentan crear un estatuto para nacionalizar diversas actividades económicas.

En discusión también estará si es necesario un estatuto espacial para expropiar tierras que vayan en beneficio de las reivindicaciones indígenas.