Desde octubre de 2021, en adelante, el periodo más duro de campaña presidencial, Gabriel Boric ha reiterado que el diálogo es el único camino en la macro zona sur, que comprende las regiones de Biobío, Los Lagos, la Araucanía y Los Ríos. Varias veces ha ejemplificado la solución al conflicto mapuche con países como Nueva Zelanda y Canadá. Casi de memoria ha repetido que, en Chile, hay que observar el trabajo que ha hecho la Iglesia y las universidades en el sur.

Seis meses antes de asumir como Presidente de la República, lo reiteró en el debate de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) cuando un periodista de la radio Sago de Puerto Montt y Osorno, le consultó por el tema y le dijo si avalaba la violencia. Tras descartar eso, Boric lo emplazó: “¿Entonces usted cree que hay que mantener a los militares en la Araucanía? Yo tengo la convicción, tal como me lo dijo el obispo evangélico de Temuco: las armas, las metralletas y los tanques no van a disminuir o terminar con la violencia en la Araucanía. Lo que va a terminar con la violencia en la Araucanía es el encuentro entre dos pueblos. Y lo que nosotros tenemos que hablar ahí es de territorio y de autodeterminación. Tal como lo han hecho países como Nueva Zelanda o Canadá”. Luego de ganar la elección en segunda vuelta y cuatro días después de asumir el gobierno, vendría el primer encontrón de realidad con esa búsqueda de diálogo: su ministra del Interior Izkia Siches intentó entrar a la comunidad de Temucuicui en la región de la Araucanía -algo vetado por las instituciones estatales al menos desde 2017-, pero salió escoltada, porque fue recibida con balazos al aire, autos incendiándose como barricadas y panfletos.

El hecho dejó al descubierto otra cosa: no había una estrategia para enfrentar uno de los problemas más serios para todos los gobiernos desde que en 1998 surgiera la CAM, y con ello la violencia como estrategia de reivindicación indígena.

El pasado miércoles 6 de abril, a las 12 del día, antes de que Siches entregara información falsa a la Comisión de Seguridad del Congreso, asistió a una Sesión Especial en el Senado, acompañada de la ministra de Desarrollo Social Jeannette Vega, para tratar el tema de la macro zona sur.

Antes de mostrar su presentación, donde siguió usando el término Wallmapu -pese a que se disculpó con el gobierno Argentino esta misma semana-, la jefa de gabinete le recordó a parlamentarios muertes como la del comunero Camilo Catrillanca en noviembre 2018; dijo que la militarización de la zona traería más problemas y reconoció el trabajo del ex ministro Alfredo Moreno en el gobierno anterior. Cuando habló de víctimas, no mencionó a Werner Luchsinger y Vivianne Mackay de Vilcún, quemados vivos en su casa el 4 de enero de 2013.

Siches dijo que no se podría avanzar con frases para la prensa. En una de las láminas de su presentación de 34 páginas decía: “Conflicto con raíces políticas. Mantiene una herida abierta entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche”, enfatizando que la “Pobreza, desigualdad e ineficiencia del Estado son catalizadores de la violencia”.

“Podemos estar aún peor”, añadió y dijo que cuando los Estados desoyen estas luces de alarmas, la violencia podría dejar de ser rural y llegar a las ciudades y no ser solo de grupos pequeños sino que masificarse. Después preguntó: “¿Qué ocurre con esas niñas y niños mapuches que se crían en un Estado militarizado… Esos niños van a ser los próximos guerreros, los próximos weichafes” (curiosamente, para los mapuche, el concepto usado no tiene la característica negativa que la ministra asocia en esta cita).

En su exposición Siches entregó cifras “oficiales” de Carabineros y afirmó que los eventos violentos habían crecido en un 400 por ciento desde el 2013 a la fecha. Un récord histórico, aseveró.

Y detalló cinco pilares de una “Propuesta de gobierno”: Comisión para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico”; “Parlamentos y Diálogos Territoriales”; “Mejorar entrega de tierras: Activar CONADI”; Activación del Estado: trabajo interministerial hacia el territorio” (mencionando 10 ministerios, “entre otros”) y “Medidas de Seguridad”.

Respecto a los diálogos, hay que recordar que recién esta semana el gobierno comenzó una ronda de reuniones con organismos internacionales para ver cómo podrán ayudar a un proceso de diálogo.

Después de la intervención de la ministra en la sesión del Senado, intervino una contratista de camiones: Yasna Navarrete, madre de dos hijos de etnia mapuche y otro por nacer. “Antes de entrar, la ministra me decía que éramos representantes de las forestales, nosotros somos contratistas de las forestales, familias que hemos crecido así. Tengo cuatro generaciones que han vivido en la Araucanía, en Collipulli. Mi origen es humilde, mis abuelos son analfabetos y yo soy la primera generación que llega a la universidad. En esta región estábamos destinados a ser pobres. Pero salimos adelante”, relató la mujer.

Después le explicó a todo el Senado que ya no se podían dedicar a la agricultura, porque sus tierras estaban tomadas, y que por lo mismo tampoco puede venderlas. Respecto a los niños criados en la Araucanía, Navarrete le dijo a Siches que comprendía lo que le estaba diciendo, pues a sus hijos de 4 y 9 años les había enseñado a ponerse un chaleco antibala y habían crecido “con el terrorismo”. También lamentó lo que pasaban los niños mapuche, tanto como sus hijos.

El conflicto o la crisis del sur está hoy en un punto que parece irreversible: No sólo por la recepción a balazos de Siches en Temucuicui o por la interrupción de una gira del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, con una barricada en un camino de la zona. La Delegada Presidencial del Biobío, Daniela Dresdner, lo sinceró ayer en radio Cooperativa: “No tenemos ninguna manera de controlar lo que está ocurriendo en la región”.

Y se agrava porque a un mes de estar en el gobierno, el elenco que tiene responsabilidades en el Ejecutivo no está completo: Silvia Prieto Gómez, quien había sido nombrada delegada presidencial en la provincia de Arauco presentó su renuncia -el 3 de marzo- a menos de 48 horas de haber sido designada. En su reemplazo se anunció a Javier Ponce Molina, independiente, quien ya le comunicó a Interior que no continuaría por problemas de salud. Mientras eso pasa, la escalada de violencia no se detiene. Con o sin Estado de Excepción y sin nadie en Arauco.

Rodrigo Egaña fue Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas en el primer gobierno de Michelle Bachelet. Destaca el entusiasmo del nuevo gobierno y las bondades de un equipo joven, pero coincide en que no hubo diseño ni estrategia para enfrentar la problemática mapuche. “El equipo de gobierno llega sin un plan concreto. El plan no puede ser el diálogo, porque el diálogo es el instrumento. Hay que saber qué se hará con las tierras, con el agua, con la educación y las lenguas que se hablan, con el tema productivo, si se permitirá que haya más presencia de salud ancestral, indígena, en la red de atención, etc”, dice Egaña.

A ojos de quienes han estado cerca del tema, el hecho de que el gobierno y su ministra del Interior hayan pensando que ingresar a Temucuicui podría marcar un hito, solo habla de improvisación, ingenuidad o de “excesiva” audacia.

El ex comisionado agrega que si la agenda es diálogo, inevitablemente estará centrado solo en la violencia, porque es el tema más acuciante.

“De las 3 mil comunidades mapuche, 10 ó 15 no quieren dialogar y son violentas, pero el resto son muy pacíficas”, dice.

Egaña cree que uno de los mayores problemas es que, las comunidades en general, están regidas por la CONADI, institución que se burocratizó y que no ha tenido mayores cambios desde 1993.

El historiador Jorge Pinto Rodríguez, director del Instituto Ta Iñ Pewam de la Universidad Católica de Temuco, lleva años estudiando el tema mapuche y colaborando con el Estado en la materia. Integró la comisión que el segundo gobierno de Michelle Bachelet creó para encausar soluciones al conflicto, que fue la base del trabajo que continuó el segundo mandato de Sebastián Piñera.

El premio Nacional de Historia 2012 considera prematuro evaluar lo hecho por el nuevo gobierno en la Araucanía. Pero tiene certidumbres. “Tengo la certeza que el gobierno elaboró un plan para enfrentar los conflictos en la región; pero, la estrategia fue, a mi juicio, mal diseñada, sobre todo porque sospecho que todo se decidió en Santiago, como siempre lo han hecho los gobiernos durante más de un siglo, sin considerar a los actores regionales y locales”, dice Pinto. Y agrega: “La presentación que hizo la Ministra del Interior el reciente miércoles 6 (abril), no hace sino confirmar esta sospecha. Planteó cuatro o cinco ejes, el primero de los cuales, es el establecimiento de (Comisión Lagos y Comisión Bachelet) y, lo que es peor, un desconocimiento de trabajos de historiadores mapuche y no mapuche que han abordado el tema en numerosas publicaciones. Lo de los Parlamentos (mapuche) también se ha planteado en la región, igualmente la entrega de tierras y el reforzamiento de la seguridad. Entonces resulta legítimo preguntarse, ¿Qué hay de nuevo en lo que están proponiendo? Para decirlo claramente, Santiago no gobierna Chile, coloniza las regiones”.

El miércoles, en la sesión especial a la que asistió Siches, el senador DC Francisco Hunchumilla -una de las figuras con más autoridad en el tema por su trabajo en la Araucanía- escuchó, pero no habló. Ello se interpretó como una señal de molestia por la falta de estrategia. Su par Iván Flores, DC, dejó traslucir ese día el malestar: “Escuchemos el silencio del senador Huenchumilla, que es uno de los que más sabe del problema en la región, y hoy no quiso hablar. Preguntémosle a él cuáles son los motivos”.

Como buen político, Huenchumilla se las ingenió días antes para dar su opinión, tras reunirse dos horas con la minisra de Desarrollo Social, Jeannette Vega. A la salida, fue categórico: “El diálogo es un procedimiento mediante el cual tú te comunicas con la otra parte y procesas las diferencias. Pero en la Araucanía lo que necesitamos es que el gobierno muestre cuál es la solución que tiene para los problemas: para el tema de las tierras, las forestales, la violencia, las víctimas la delincuencia. Se puede dialogar, evidentemente, pero durante estos ultimos 30 años hemos vivido muchos procesos de diálogo, muchas mesas de diálogo. Es la hora de las soluciones”.

Y desafío al Ejecutivo: “Este gobierno es de gente nueva, joven, y por tanto espero soluciones innovadoras, según las expectativas que se han generado”.

En su programa de gobierno, el presidente Gabriel Boric comprometió la generación de un diálogo “plurinacional con todos los pueblos originarios para acordar los términos de una restitución territorial que incluya la cuestión de las tierras antiguas y el acceso a los bienes naturales, de manera de permitirles el ejercicio de su derecho a la autonomía, evitando y reparando la fragmentación de los territorios”. Y agregó: “Los mecanismos para hacer efectiva esta restitución seguirán los lineamientos establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo en su caso la expropiación y la respectiva indemnización, tal como lo recomendó la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (2001-2003)”.

Más allá de las buenas intenciones, Egaña cree que mientras los diálogos se desarrollan y se instalan distintas instancias, tienen que pasar cosas, entregar señales. ¿Posibilidades? Reactivar el proyecto para crear un Ministerio Indígena (en el Congreso desde 2009). “Nunca se hizo nada. El Parlamento no se puede lavar las manos, también tiene una responsabilidad enorme”, dice Egaña. E insiste que mientras no se conozca el trabajo final de la Convención Constitucional, la agenda debe moverse: “Las comunidades quieren medidas concretas ahora o sino todo se va a tratar de Temucuicui y la violencia”.

Pinto reflexiona: “El diálogo en la Araucanía es complejo, hay muchas heridas no cicatrizadas, abusos, injusticias y discriminaciones que han alimentado mucha ira. Durante dos siglos se vivió en paz y la región progresó. Para valorarla hay que conocer la historia de la región y en esto, como lo ha señalado reiteradamente el senador Francisco Huenchumilla, la clase política está en deuda y, por qué no decirlo, los académicos que trabajamos en La Araucanía, porque no hemos logrado comunicar a sectores más amplios los resultados de nuestras investigaciones”.