A propósito del Día Mundial del Agua el 22 de marzo pasado, el presidente Gabriel Boric compartió un video en su cuenta de Twitter, donde reflexionó sobre la sequía que enfrenta el país y dio las primeras pistas sobre el trabajo del nuevo gobierno para enfrentar la crisis en el mediano y largo plazo. “El camino hacia una solución no va a ser fácil ni rápido, pero quiero que sepan que estamos haciendo todos los esfuerzos para dar una vuelta de timón y avanzar como país hacia un modelo de gobernanza del agua”, fue parte de lo que dijo en la grabación de un minuto y medio, en la que también habló la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas.

Ella, junto al titular de Obras Públicas, Juan Carlos García y otros tres secretarios de Estado –Claudio Huepe (Energía), Esteban Valenzuela (Agricultura) y Flavio Salazar (Ciencias)– integran el comité interministerial que ya se ha estado reuniendo, incluso desde antes de asumir en sus cargos, para plasmar la forma en que pondrán en marcha distintas medidas en torno al agua.

Entre las de corto plazo, para enfrentar escenarios complejos durante el año –incluso con la amenaza de racionamiento en algunas zonas del país, como el sector oriente de Santiago–, es principalmente el MOP, que inició labores con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, y ésta a su vez con las empresas sanitarias de las regiones más expuestas.

García dijo la semana pasada que estas labores están relacionadas, por ejemplo, con hacer seguimiento a la acumulación de nieve y lluvias, de manera de ir ideando planes ante distintos escenarios durante el año. De mantenerse el escenario más adverso, la autoridad ya ha dicho que podrían enfrentarse cortes a fines de año o en el verano. Eso sí, los cambios al Código de Aguas le entregaron la posibilidad al Ejecutivo de acordar con los regantes y otros actores de una cuenca fórmulas para priorizar el consumo humano.

Entre otras medidas, García también planteó la polémica idea de gravar con cobros adicionales el uso excesivo de agua domiciliaria para frenar el consumo.

En paralelo a estas ideas, está el cambio al modelo institucional en torno al agua, un tema más de mediano y largo plazo. Y en eso ha estado más inmersa la ministra Rojas, que se ha reunido con distintas instancias regionales y territoriales, socializando sus lineamientos.

Como lo decía el programa presidencial, el gobierno quiere instalar en el país el modelo de “organismos de cuencas”, es decir, un tipo de institucionalidad descentralizada del agua que depende mucho de que los distintos actores que conviven en torno a un mismo río se pongan de acuerdo en la administración del recurso.

“Estamos iniciando de forma muy incipiente las coordinaciones con distintos órganos de gobierno para poder implementar este tipo de institucionalidad. Sin embargo, nos falta aún conversar con varios actores clave, a los que contactaremos muy pronto”, cuenta la ministra Rojas.

Agrega que en este trabajo, el ministerio que dirige “tiene el rol de coordinador, entrega los lineamientos y apoyará con las directrices que permiten agrupar y armonizar los intereses de distintos sectores”.

“Una de las medidas que permitirá avanzar hacia la seguridad hídrica es el fortalecimiento de la gobernanza desde los territorios. Es decir, iniciar instancias de coordinación permanente en las cuencas, con representación de todas y todos quienes forman parte de la gestión del agua, independiente de si tienen o no derechos de agua, con capacidad resolutiva, que puedan lograr consensos para priorizar proyectos o infraestructura hídrica, entre otros”, detalla.

En este punto ponen especial atención actores como el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien ya ha tenido encuentros con el gobierno por el tema. “Hoy día finalmente las juntas de vigilancia y los comités de aguas subterráneas se estructuran en torno a propiedad, en torno a titularidad, y eso simple y llanamente soslaya y deja afuera a las comunidades con respecto a su opinión de qué hacer con el agua en nuestros territorios”, sostiene.

Como a lo largo del país existen 101 cuencas, la idea del gobierno es partir con al menos la principal de cada región, o con las que actualmente están más complicadas. En estas instancias –que en ejemplos internacionales funcionan de manera autónoma, tipo Banco Central, y se relacionan con el gobierno central a través de una autoridad específica–, participarían gobernadores, delegados, autoridades comunales, empresas, juntas de vigilancia y otros miembros del territorio.

Es por esto que el gobierno no lanzó esta idea el pasado Día del Agua como tenía previsto, ya que decidió darse un tiempo para socializar con más gente la iniciativa, dado el alto número de actores involucrados y que además requiere de consensos para enfrentar el Congreso, donde la reforma al Código de Aguas, por ejemplo, tardó 11 años en tramitarse.

“La creación de organismos de cuenca permitirá acercar la toma de decisiones a cada cuenca del país, que es donde ocurren las intervenciones sobre el agua y sus fuentes naturales, aprovechando de mejor forma la información y los conocimientos locales para, de manera conjunta y colaborativa, avanzar más rápido en una transición hídrica que permita implementar las soluciones que necesitamos para revertir el actual escenario de crisis hídrica”, opina Ulrike Broschek, subgerenta de Sustentabilidad de Fundación Chile.

El ministro García dijo el miércoles en Radio Bio Bío que la propuesta institucional del gobierno es complementaria a la que se discute en la Convención Constitucional (CC). “La nueva Constitución no va a resolver toda la bajada, que es la que tenemos que resolver”, enfatizó. Y en esa línea dijo que un buen punto de partida es el proyecto que dejó ingresado el gobierno anterior y que incluye una Subsecretaría de Recursos Hídricos, que podría ser la instancia que se relacione con las cuencas. “Hay que hacerle varios ajustes... pero creemos que puede ser un tránsito muy adecuado”, reflexionó.

La ministra Rojas profundiza también en esa línea: “Es claro y hay consenso en la necesidad de organización desde los territorios. Pero también es muy clara la importancia de contar con una instancia nacional de gestión del agua, que coordine las múltiples funciones y organismos públicos con competencias en la materia. Actualmente se está discutiendo en el proceso constituyente la naturaleza de esta institución. Como gobierno estamos atentos a las definiciones que de allí emanen, para preparar la transición necesaria”.