Miembros de comunidades Lavkenche son quienes ayer levantaron barricadas en los ingresos norte y sur de Cañete para obstaculizar el paso de la comitiva que trasladaba al subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

La acción fue organizada por cercanos a ocho condenados por el homicidio a golpes del comunero Eleodoro Reiman Coñuel en diciembre de 2019, cuando él tenía 69 años.

Entonces, la violencia se desató por la disputa de un predio. El crimen fue perpetrado en un intento por tomarse el camping Playa Blanca, ubicado en el Valle de Elicura, comuna de Contulmo, y que era propiedad de la víctima.

Según declaraciones del exdelegado presidencial de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, los responsables “estarían vinculados directa o indirectamente a orgánicas radicalizadas y terroristas que operan en la zona como, por ejemplo, la Resistencia Mapuche Lafkenche”.

Fuentes de gobierno y de las policías confirman que todo apunta al caso de Reiman y que, además, “lo han hecho de manera abierta”. No solo desplegaron en el camino carteles con la sigla PPM (Presos Políticos Mapuches), de los cuales hay 11 en total en la Provincia de Arauco, sino que además en la página Wewaiñ (Venceremos) —de Facebook — se publicó un comunicado, que reivindican la acción bajo el argumento de que “Monsalve, subsecretario del Interior del gobierno de Boric, dijo que no existen presos políticos mapuche. Declaración que refleja el racismo del gobierno entrante y el continuismo en su defensa al latifundio”.

Y para impedir la reunión del subsecretario en la Municipalidad de Cañete, con los alcaldes de Cañete, Contulmo y Tirúa, — “además con los latifundistas y forestales que se hacen llamar «víctimas de la violencia rural»”, dicen—, es que “comunidades Lavkenche levantaron barricadas en los ingresos norte y sur a Cañete y un grupo de comuneras y familiares de los presos políticos mapuche de Lebu ingresó al salón, desplegando lienzos donde se exige la nulidad y un juicio justo para los PPM de Elicura, dado que se está a la espera de los alegatos agendados para este lunes 4 de abril en la Corte Suprema”.

Por ejemplo, con un lienzo desplegado se vio a la “werkén de los PPM”, Carla Leviqueo Reiman.

No es la primera vez que este grupo obstaculiza la ruta P-60- R que atraviesa las comunas de Los Álamos, Cañete y Contulmo. El año pasado hizo lo mismo luego que el tribunal de Juicio Oral de Cañete declara culpables y luego condenara a 20 años de presidio efectivo por el homicidio de Reiman a Esteban Huichacura Leviqueo, Francisco Medina Huichacura, Manuel Huichacura Leviqueo, Carlos Huichacura Leviqueo, Matías Leviqueo Concha, Eliseo Raiman Colimán, Guillermo Camus Jara y Bernardo Camus Parra.

Según una fuente policial, aunque “no hubo armas, solo usaron las piedras que están en el camino y en un corte específico se estaba efectuando un obra, que ya tenía cortada una vía y se aprovecharon los mismos conos, no era llegar y pasar”. Ello, explica, porque “las situaciones son cambiantes y aquí el tema del análisis de la proporcionalidad de la fuerza a emplear es de todos los días. No es llegar y actuar”.

De acuerdo con la investigación de la fiscalía, fue en la tarde del 28 de diciembre de 2019 que un grupo, de entre 10 y 15 personas, llegó al camping Playa Blanca.

Portando chuecas, machetes y armas de armas de fuego, amenazaron con tomarse el lugar.

Al día siguiente, desconocidos cortaron la ruta de acceso y salida del camping. Y luego volvieron a ingresar al camping, pero se encontraron con la resistencia de Eleodoro Raiman (69) y sus dos nietos.

La víctima fue golpeado con una chueca en la cabeza en forma reiterada, incluso cuando ya había caído al suelo. Producto de ello resultó con una contusión cerebral hemorrágica, que le provocó la muerte por traumatismo cráneo encefálico y falleció en el Hospital de Contulmo.

A pesar del sabotaje a su visita a Cañete, Monsalve continuó con su gira. Este mediodía, en Los Ángeles, el insistió en que “las amenazas y la violencia no tiene cabida en democracia”. Al referirse a una toma en del Fundo San Miguel en Alto Biobío, manifestó que “lo que hay que hacer es aplicar el estado de derecho y la familia ha recurrido al Ministerio Público, que pertenece a un poder autónomo… Es el fiscal el que tiene que tomar decisiones para garantizar la seguridad de las personas”.