La admisibilidad en la Cámara de Diputados del proyecto de quinto retiro reabre una controvertida discusión legislativa de los últimos años: la iniciativa exclusiva del Presidente de la República y la inadmisibilidad de proyectos de origen parlamentario que aborden dichas materias.

Desde inicios del siglo XX, el catálogo de materias de iniciativa exclusiva se ha ampliado considerablemente. Dicho fenómeno ha respondido fundamentalmente a razones de disciplina fiscal, al punto que la Constitución de 1980 le concede al Ejecutivo iniciativa exclusiva sobre todo aquello que tenga relación con la “administración financiera y presupuestaria del Estado”, reflejando de esta manera una profunda desconfianza respecto del papel de los legisladores en estas materias.

Nuestra legislación establece que aquellos proyectos de origen parlamentario que aborden materias de iniciativa exclusiva deben ser declarados inadmisibles por la presidencia de la Cámara o la comisión respectiva, según corresponda. Así, en teoría, la inadmisibilidad es una herramienta de resguardo presupuestario y constitucional, cuyo objetivo es evitar que los parlamentarios aprueben gastos o disminuyan ingresos en forma indiscriminada. Con todo, la realidad dista de la teoría, pues la inadmisibilidad ha pasado a ser casi exclusivamente una instancia de negociación, despegada de criterios de constitucionalidad y sujeta eminentemente a criterios de política contingente.

Una primera inclinación para resolver este desajuste entre teoría y práctica sería restringir aún más el rol del Congreso Nacional, pero ello no considera que no es posible ni deseable vaciar de contenido político la declaración de inadmisibilidad. Por el contrario, una solución que otorgue certeza al proceso legislativo implica reconocer y reforzar el rol de las legislaturas en las finanzas públicas, aun cuando se mantenga una esfera de iniciativa legislativa reservada al Ejecutivo.

En esta línea, existen distintas fórmulas que permitirían un mayor involucramiento de los parlamentarios en materias presupuestarias, bajo circunstancias específicas y manteniendo el equilibrio entre ingresos y gastos. Algunas innovaciones que podrían ser recogidas en el marco del proceso constituyente son: fortalecer la asesoría técnica del Congreso Nacional en materias presupuestarias; eliminar las causales genéricas o ambiguas de iniciativa exclusiva; definir criterios a nivel constitucional para precisar el alcance de estas materias; recoger la iniciativa parlamentaria en materia de gasto bajo condiciones excepcionales o incorporar mecanismos de iniciativa compartida entre ambos poderes, entre otras.

Las expectativas en materias ambientales del gobierno que asume son un tremendo desafío. Se venía avanzando en políticas nacionales y compromisos internacionales que habrá que revisar, continuar y perfeccionar. El impacto de las propuestas de la Convención Constituyente será motivo de análisis profundo. Se suma, además, la firma del Acuerdo de Escazú, que pretende garantizar el acceso a los derechos medioambientales y proteger a los activistas y la biodiversidad.

Nuestro país es uno de los más vulnerables a los impactos del cambio climático, y la comunidad científica prevé una mayor frecuencia e intensidad de eventos de sequías, incremento en el número de incendios, aumento de olas de calor y condiciones extremas de temperatura que ya están impactando a una amplia gama de sectores. A lo anterior se suman las pérdidas en reservorios de agua, volumen de los glaciares y continuos deshielos, lo cual se ha traducido en la reducción en magnitud de los caudales y cauces de ríos.

El nuevo gobierno deberá continuar con el avance hacia la carbono neutralidad, la generación de inversiones en torno al hidrógeno verde y la innovación a gran escala en el litio. Hay que hacerse cargo del futuro de las denominadas zonas de sacrificio, donde la acción del Estado resulta fundamental para paliar los impactos. En 2020, Chile entregó a la ONU la actualización de su Contribución Nacional Determinada (NDC), que establece la meta de reducir en 30% las emisiones de gases de efecto invernadero al 2030, llegando a una reducción de 45% si se cuenta con mercados internacionales de carbono, lo que considera alcanzar el máximo histórico de emisiones a 2025. Esta meta corresponde a un punto intermedio en el camino a la carbono neutralidad a 2050, establecida en el Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, el que después de más de cuatro años, se encuentra recientemente aprobado en el Senado, en sus últimos pasos antes de ser promulgado.

El gran desafío del gobierno será equilibrar el crecimiento económico, la protección de los ecosistemas, la buena gestión de los bienes comunes, el especial cuidado del agua, la producción, extracción y el consumo sostenible. Una tarea compleja, pero se requiere sentido de urgencia: es la única forma de garantizar, a mediano y largo plazo, un desarrollo sostenible para Chile y sus ciudadanos.

“Se propone disminuir el número actual de regiones, aumentando su extensión, población y, en consecuencia, su poder político. La nueva división interior debiera combinar criterios geográficos, culturales, económicos y demográficos”. Esa era una de las medidas concretas que sugería el profesor Jaime Bassa en el texto “Propuestas Constitucionales”, publicado por el CEP en 2016.

La propuesta es interesante en varias dimensiones. Primero, en cuanto identifica un problema subyacente. Mientras Santiago sigue creciendo con una fuerza centrípeta sorprendente, el resto de los territorios disminuye constantemente su peso específico. De allí la necesidad de aumentar el poder político de las regiones. ¿Y cómo lograrlo? Pues Bassa lo tenía claro: uniendo y no desagregando. Pero, además, lo del profesor es admirable en cuanto se entrega a la evidencia, señalando con certeza que debieran considerarse una serie de criterios a la hora de determinar, ex post, la división óptima del territorio.

Pero bien sabemos que existen otras dimensiones a considerar en el análisis de la propuesta de Bassa. Quizás la arista más interesante se relaciona con los costos políticos asociados a iniciativas que, aunque técnicamente sean las adecuadas, pocos se atreven a empujar.

¿Se puede cambiar de opinión en el transcurso del tiempo? Por supuesto que sí, y muestra de ello es que otra de las propuestas del profesor haya sido la de un sistema político bicameral, resaltando específicamente la importancia del Senado y su representación territorial. Sin embargo, eso no implica que no podamos reflexionar sobre los motivos que provocan cambios en los ánimos.

Entonces, ¿qué ha pasado que ni el bicameralismo ni la creación de macrorregiones sean ya promovidas con fuerza por el (ahora) convencional? Desde luego un estallido social, pero también la profundización de lógicas que hacen daño a cualquier deliberación democrática. No sería muy aventurado sostener que tenemos a una convención rodeada en varios ámbitos. Y cuando la base del accionar es la irreflexiva satisfacción de expectativas, el trabajo político comienza a carecer de todo sentido.

En el asunto de la división territorial es posible observar como se plasma de manera evidente este fenómeno. Pese a la concordancia de apuntar a la creación de macrorregiones que aporten armonía y hagan peso político a la capital, nos encontramos enfrascados en la discusión opuesta, es decir, en cómo desagregar aún más el territorio para satisfacer las exigencias particulares de tal o cual zona.

Como sea, el trabajo político exige cierta valentía. Ya sabemos que muchas decisiones correctas traen consigo costos políticos importantes. El desafío es encontrar a esos representantes que, por estos días, estén dispuestos a correrlos.