Para el próximo martes están agendados los alegatos de clausura de las reclamaciones electorales que se presentaron en enero en contra del Colegio de Abogados, por la no aplicación de la cuota de género en la última elección de consejeros.

El Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana —que preside la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago Jéssica González— acogió los reclamos hace casi tres meses y ahora escuchará los últimos argumentos.

La disputa genera tensión en el organismo que hoy preside el excontralor Ramiro Mendoza y levanta riesgos de cisma, principalmente entre las asociadas que dudan de su permanencia si no se respetan los acuerdos que aseguran la participación femenina a nivel directivo.

La causa acumuló dos recursos de reclamación: el de un grupo disidente (Leonor Etcheberry, Luis Alberto Aninat y Elisa Walker, entre otros) y el de integrantes de Libertades Públicas (Katherine González, Davor Harasic, Miguel Schürmann). A los que sumó la solicitud de Pablo Alarcón, secretario del Consejo General, para que se ratificaran los comicios efectuados el 14, 15 y 16 de diciembre.

Los cuestionamientos apuntan a la lista C —“Gremiales por el Estado de Derecho” que presentó una lista con 10 candidatos integrada por 6 hombres y 4 mujeres (y no 5/5)— que ganó seis de los 10 cargos que se disputaban logrando elegir a Ramiro Mendoza, Enrique Navarro, Paulo Montt, Florencio Bernales, Soledad Recabarren y Andrea Saffie.

A ello suman críticas a la ausencia de corrección al resultado que, a juicio de los reclamantes, habría obligado a bajar a Bernales (el último electo de la lista C) y nombrar como nueva consejera a la profesora de Derecho Penal Tatiana Vargas, que postuló en la misma lista.

Pero el desarrollo de proceso en el Segundo Tribunal Electoral Metropolitano —que suma 790 fojas— lejos de apaciguar los ánimos ha tensado más el ambiente.

En especial luego de realizarse la prueba testimonial el 7 de marzo pasado, en la que participaron Paulina Vodanovic (exconsejera), Héctor Humeres (presidente al momento de la elección), Pedro Pablo Vergara (consejero) y Pablo Montt.

Vodanovic —hasta ayer presidenta de la Fundación Horizonte Ciudadano (ligada a Michelle Bachelet)— relató que la norma de paridad se empezó a aplicar en enero del 2019 para permitir el mayor ingreso de mujeres al Consejo General del Colegio de Abogados, pues se generaba una brecha que dejaba “subrepresentado al género femenino”.

Interpretación contraria a la que dieron Humeres, Vergara y Montt, que coincidieron en que la declaración de cuota nunca fue regulada para aplicarse en forma permanente e inmediata pues esto ocurriría solo a partir de 2025.

Humeres además relató que en la última elección se presentaron cuatro listas, debidamente informadas a los asociados, “no recibiéndose reclamo alguno respecto de los integrantes de esas listas”.

Las primeras en manifestar su molestia fueron 76 abogadas que el domingo publicaron una carta en El Mercurio. En ella aseguran que esa “afirmación es escandalosa, considerando que no hay ninguna palabra de la norma aprobada en la asamblea extraordinaria que permita hacer esta interpretación”.

Insisten en “respetar las normas que nosotros mismos nos hemos dado” y advierten que como “el Colegio de Abogados no ha sido capaz de respetar a sus propias asociadas, eso nos hace dudar sobre el sentido de nuestra permanencia en esa organización”.

Entre las firmantes aparecen Joanna Heskia, Magdalena Atria, Verónica Undurraga, Paula Vial, María de los Angeles Coddou, Alejandra Precht (cuyo nombre la DC postula al Tribunal Constitucional), la exfiscal regional metropolitana Solange Huerta y la jueza Francisca Zapata.

“No son solo ellas”, reconoce Miguel Schürmann avalando la idea de que se podría producir un éxodo mayor de colegiados: “El problema de paridad y equidad de género no es solo un problema de mujeres. Eso me representa a mí y a muchos hombres también. Una institución que elige no ser representativa, que va contra los estatutos, me parece que está tomando políticamente una mala decisión”.

Luis Cordero —uno de los que participará en los alegatos— lamenta que “el Colegio ha estado ausente de algunos debates relevantes y la modificación de los estatutos para promover paridad fue una actuación simbólica, transversal y bien importante. Mantener ese activo del colegio es responsabilidad colectiva”.

Además de Cordero, por los reclamantes estará en los alegatos de clausura Claudia Sarmiento. Mientras que en representación del Colegio aún no hay claridad, aunque a la prueba testimonial concurrió el abogado Héctor Parra Rojas, excontralor regional de O'Higgins.

En privado, quienes apoyan la postura de “Gremiales por un Estado de Derecho” comentan que el tribunal puede incluso obligar a repetir toda la votación y no solo alterar la integración de los consejeros de su lista.

Consultado sobre el tema el actual presidente Ramiro Mendoza optó por no referirse al tema: “Estando en litigio la materia, y dado que debo cumplir estrictamente el código de ética, primero como asociado y presidente del Colegio (Art.102) debo guardar incómodo silencio, por ahora”.