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“Da la impresión que llevamos años en esto” Fernando Atria @fernando_atria, constituyente distrito 10, por trabajo de la Convención.

En su primera entrevista en un programa político (Estado Nacional de TVN), el ministro de Economía, Nicolás Grau, abordó distintos temas su cartera, aunque sin ninguna definición pues todo está en estudio, según explicó.

Grau tendrá varias tareas complejas: trabajar con el Ministerio del Trabajo para impulsar programas para la recuperación del empleo y otras áreas que se han visto golpeadas por la pandemia, como turismo y gastronomía. Por eso, se reunió esta semana con distintos locatarios de la denominada “zona cero”, que corresponde principalmente a Plaza Italia y al barrio Lastarria.

En la entrevista Grau relató parte de la conversación con los dueños de esos negocios. “La gente con la que me junté está bien enojada, pero nadie me pidió represión irracional, nadie me pidió un exceso de mano dura”, dijo. Y agregó que las personas querían que se mantuviera el orden público en el sector para poder trabajar. El titular de Economía pidió disculpas en nombre del Estado y se entrampó en una polémica con la alcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, quien dijo que era un contrasentido pedir disculpas y que ese mismo Estado anunciara el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado contra presos del estallido.

Grau desestimó dicha contradicción y dijo que se debía trabajar para recuperar los distintos barrios.

-Grau: Hay un círculo vicioso… las personas no van a estos barrios y como no van a estos barrios, no abren los locales… yo hoy día fui a almorzar al barrio Lastarria con mi familia…

-Matías del Río: ¿Pero iría el viernes?

Grau: No, o sea, el viernes a las 7 de la tarde no iría con mi familia. Obviamente.

Luego el ministro dijo que había una tarea ineludible de asegurar el orden público junto con el respeto irrestricto a los derechos humanos.

En febrero, y tras hacer valer la mayoría que tiene en el concejo municipal (7-3), la alcaldesa de Ñuñoa Emilia Ríos (RD) firmó un contrato por 10 años por un costo de $2.000 millones para arrendar un inmueble para trasladar dependencias a Williams Rebolledo 1717. Ahora, y en respuesta a la Contraloría Regional Metropolitana que preguntó sobre el tema a raíz de una denuncia anónima, Ríos señaló que “no obstante haberse realizado el proceso conforme a la legalidad vigente, esta administración ha tomado la decisión de desistir del contrato de arrendamiento debido a una nueva evaluación de antecedentes”.

A pesar de esta decisión, el concejal UDI Julio Martínez —quien había criticado dicho contrato— anunció que “voy a hacer de todas maneras una presentación a la Contraloría con todos los antecedentes para que la entidad contralora se pronuncie respecto a la legalidad del caso”. Ello porque estima que hay varios aspectos en que no se respetaron las normas.

A su vez, la alcaldesa Ríos dio a La Segunda las razones del desistimiento: “Hemos decidido explorar nuevas opciones que nos permitan maximizar el uso de los espacios existentes, mientras avanzamos en la optimización del uso de bodegas. Por otro lado, a mediano plazo estamos trabajando el diseño de un proyecto que nos posibilite renovar y expandir el edificio Consistorial y continuar con un plan de infraestructura que nos permita entregar mejores estándares de trabajo a la comunidad municipal”.

En días recientes, la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional puso en discusión 10 normas de iniciativa popular relativas a Educación y cerca de 40 planteadas por los convencionales, las que se votarán próximamente para ver cuáles serán sometidas al Pleno. Lo relativo a la Educación fue uno de los temas prioritarios en la agenda constitucional tras el estallido social. En la Convención hay dos visiones muy marcadas, entre quienes promueven la libertad de enseñanza y quienes prefieren fortalecer el rol del Estado.

Entre las normas que se vieron la semana pasada hubo algunas relativas a la educación como un derecho social fundamental e ineludible; el rol del Estado como proveedor y como garante de la calidad de la educación; el concepto de lo público dentro del modelo educativo; la participación de la comunidad educativa en el proceso de toma de decisiones que atañen a los proyectos educativos; los principios de plurinacionalismo, democracia, visión de género y descentralización que debe contener el modelo educativo chileno; así como también la libertad de enseñanza, referida -entre otras cosas- a la libertad de padres y madres de elegir la educación de sus hijos.

Próximamente dichas normas deberán ser deliberadas y votadas en la comisión para que las que sean aprobadas, por mayoría simple, vayan al Pleno, donde deberán pasar el quórum de 2/3, tanto en general como en particular.