Más que la oposición o la delincuencia. El gobierno de Gabriel Boric tendrá un contendiente mucho más difícil de controlar durante el inicio de su mandato: El alza en los precios de la electricidad y los combustibles siempre ha sido un catalizador del descontento social. Eso significará un problema político para La Moneda e impactará en sus niveles de aprobación, sin importar cuanto tiempo lleven en el poder.

Antecedentes hay muchos. La crisis del gas en Magallanes (2011) por el alza en el gas natural, fue el primer gran golpe de la primera administración Piñera que había navegado bien tras el terremoto del 27F y el rescate a los mineros en Atacama. A causa de la presión y las movilizaciones en el sur del país, dimitió su primer ministro de Energía, Ricardo Raineri.

En su segunda administración, la polémica por los medidores inteligentes (2019), que implicaba que los consumidores pagarían este nuevo artefacto, generó dolores de cabeza justo a un año de su segundo arribo a La Moneda. Poco importó que esta ley fuera aprobada en la administración Bachelet. En la opinión pública caló hondo que un costo de US$1.000 millones que costaba su implementación. Por eso no extrañó que incluso desde la UDI, pidieran la salida de la ministra del ramo, Susana Jiménez, que terminó saliendo en junio de ese año.

A nivel internacional hay varios otros ejemplos. El factor energético marcó la irrupción en 2019 de los chalecos amarillos en Francia, el estallido social en Ecuador y recientemente, la caída del gobierno de Kazajistán en enero pasado (ver entrevista).

“El alza en la energía y los combustibles, tiene efectos en cadena. Siempre afecta a otros productos, comenzando por el transporte, alimentos. Pero eso es una obviedad. Lo que gatilla el descontento es un concepto llamado economía moral. La gente considera inaceptable, que ciertos ítems que son básicos suban de precio. Y por lo general siempre lo asocian a malos manejos de los gobiernos, independiente si obedecen a factores externos”, comenta el investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), Rodolfo Disi.

De acuerdo a los expertos y analistas políticos, la inflación es una amenaza latente para el gobierno de Boric. Pero el avance de los precios de la energía en la última medición del INE, superaron la variación del IPC de febrero de un 0,3%. Productos como el gas (1,8%) y gasolina (1,9%), estuvieron sobre la inflación informada la semana pasada. En el caso de las bencinas, acumula en los últimos doce meses un alza de 31,3%.

“El alza de los combustibles golpea fuertemente a los chilenos. Por eso, el nuevo gobierno recibirá presiones ciudadanas para incrementar el salario mínimo debido a que los sueldos reales van a la baja. Esto último, bien podría alimentar la protesta ciudadana y las presiones por un mayor gasto fiscal en subsidio del alza en el precio de la energía. De suceder inevitablemente habrá un enfrentamiento entre Mario Marcel y el ala más de izquierda de la coalición de gobierno”, proyecta el cientista político de la U. de Talca, Mauricio Morales. Incluso, el analista advierte que si el precio del petróleo y la inflación continúan al alza, “la luna de miel del presidente Boric será más breve de lo esperado”.

La escalada en el precio de los combustibles pondrá en jaque algunas promesas electorales de Gabriel Boric de acuerdo a los especialistas. Con el fin de aumentar la recaudación, el Presidente propuso aumentar un 16% el impuesto específico a los combustibles.

“Según nuestros cálculos, si se aumentara el impuesto, implicaría que el precio de las bencinas de 93 octanos subirá del orden de los $55 a $56 por litro. Con ese escenario, más una inflación de 8% y el barril de petróleo en máximos históricos, sería contraproducente cumplir la promesa en términos políticos”, expone el economista Jorge Hermann.

La economista jefe de Dominus Capital, Michéle Labbé es tajante. Cree que Boric no cumplirá esa promesa para evitar presiones de la calle. “Es un riesgo muy grande, mi percepción es que no podrá hace otra cosa que ir en sentido contrario de su programa. El asunto es que si se mueve un milímetro de su programa, arriesgará conflictos con algunos de sus aliados de coalición”, expone.

Otro riesgo que deberá manejar el gobierno es el mecanismo estabilizador de las bencinas que se ha visto golpeado, tras las sucesivas alzas. En lo que va del año, el Fisco ha subsidiado US$170 millones mediante el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que amortigua las alzas y las bajas de los valores internacionales. A ese ritmo y con el precio del barril WTI rozando los US$110, los expertos, sostienen que entre mayo o junio, podría agotarse el presupuesto de US$750 millones aprobado por el Congreso en enero pasado.

“El problema es que, a la velocidad que vamos, con un alza de un 20% en el precio del petróleo, se nos va a agotar el Mepco” comenta Labbé quien cree que Boric deberá cuestionarse si aumenta o no el fondo. “Si no lo renueva, las gasolinas de un día para otro van a aumentar”, advierte.

Otro precio que deberá estar en la mira del gobierno es el de la electricidad. Según cálculos de la Comisión Nacional de Energía (CNE) durante este semestre se llegaría al límite establecido del fondo de estabilización de precios de la energía, mecanismo implementado para congelar las alzas que se debían producir justo después del estallido social (ver recuadro). Esto implicaría un aumento de hasta un 21% en las cuentas de luz de los hogares, según algunos expertos. Sin embargo, el gobierno ya baraja alternativas para suavizar este aumento, cuentan en el entorno del ministro Claudio Huepe.

Pero además, cerca de 700 mil familias deberán ponerse al día en las cuentas que no fueron pagadas producto de la pandemia. En este caso, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), monitorea cómo se prorratearán los pagos en 48 cuotas sin interés, que impactará las cuentas mensuales.

“El gobierno tendrá varias amenazas en cuanto a temas energéticos. Habrá alzas inminentes y el gobierno de Boric deberá transparentar esta situación oportunamente. Saber comunicarlo”, reflexiona el exministro de Energía de Bachelet, Andrés Rebolledo.

El actual académico de la U. SEK, sostiene que otro riesgo que deberá enfrentar Boric es el retiro de las centrales a carbón. En campaña, sostuvo que su meta era retirar todo el parque antes de culminar su mandato y no en 2040 como estaba calendarizado. Pero dada la escasez hídrica, de acelerarse el proceso significará, nuevamente, mayores precios para los usuarios. Ahí el presidente, deberá tomar postura: Asegurar el cumplimiento del programa pero enfrentar el descontento por los mayores precios, o priorizar el abastecimiento, postergar los cierres y abrirse un flanco con grupos ambientalistas.

“Hay un compromiso del presidente de terminar con las zonas de sacrificio donde están concentradas las centrales a carbón”, advierte la directora de Chile Sustentable, Sara Larraín, por lo que propone “promover el uso de la almacenamiento de energía e invertir en mayor infraestructura de transmisión”, algo que tomará tiempo implementar.

De acuerdo al académico de la UDP y doctor en Economía Política, Aldo Madariaga, el precio de los productos energéticos como el combustible y la energía eléctrica, son elementos que el gobierno de Gabriel Boric debe incorporar ineludiblemente en su mapa de riesgos.

El sociólogo sostiene que al ser bienes “extremadamente sensibles podrían afectar directamente a su popularidad. Ejemplos, hay de sobra”, apunta.

—¿Existe evidencia que un alza en los precios de los combustibles y energía puede alimentar el descontento social?

—Históricamente el alza en el precio de la energía ha sido catalizador de los más diversos movimientos sociales de protesta en todo el mundo. Hace un par de meses, en Kazajistán aumentó el precio de la energía producto de la pandemia. Esto fue antes de la guerra de Rusia y Ucrania. Esto generó la caída del gobierno y hubo episodios muy violentos, intervención militar. Recordemos lo que pasó en Francia con la irrupción de los chalecos amarillos que se generó con el alza del gas y del diesel. También tenemos el caso de Magallanes en Chile por causa del retiro del subsidio al gas.

—¿Por qué es tan sensible?

—La energía incide en todos los productos, además del transporte y de la calefacción. Esto siempre es muy complejo en términos sociales y políticos.

—¿Un alza en el costo de energía puede afectar a la popularidad de un presidente con el respaldo popular de Boric, que debutó con alta aprobación?

—Las personas ante un alza drástica de los precios energéticos, siempre reaccionan. Y lo hace independiente si es por factores internos o externos, como puede ser la crisis en Ucrania. No hacen esa bajada. Para el gobierno será muy difícil controlarlo.

—¿Cómo se aborda el tema entonces?

—Chile tiene mucha dependencia de los combustibles fósiles, a pesar de la irrupción de la energía renovable. En cuanto a energía renovable hay mucha capacidad instalada, pero hay problemas en la inyección de energía en el sistema por temas regulatorios y de infraestructura de transmisión. Allí deberá trabajar el gobierno.

—¿Cómo deberá manejar la comunicación el gobierno, tanto hacia dentro de su coalición para disminuir expectativas, como de cara a la ciudadanía, pidiendo paciencia?

—La comunicación política hoy en día está haciendo agua por todos lados. En el gobierno entrante, en el gobierno saliente y en la Convención Constitucional, por eso creo que el gobierno tendrá un gran desafío en ambos frentes. La mejor señal, el Presidente Boric ya la ha dado, que es avanzar con gradualidad y mostrar cambios. Va a ser clave demostrar que se va avanzando a pesar de las coyunturas externas.

Son dos los fantasmas que enfrentará en el corto plazo el nuevo gobierno en materia energética: el eventual racionamiento eléctrico y la inminente alza de las tarifas a los hogares.

En el primer punto, instancias como el Coordinador Eléctrico Nacional han hablado reiteradamente en el último tiempo de lo ajustado que está operando el sistema de generación del país debido a la persistente sequía. El último Estudio de Seguridad del organismo (del 31 de enero) habla de un escenario complejo a partir de junio próximo. Por eso es que ha solicitado que se postergue el cierre de la central a carbón Bocamina II de Enel y a Ventanas II de Aes Andes, programado para fines de mayo en el marco de su programa de descarbonización. Lo último que se supo es que la Comisión Nacional de Energía (CNE) le solicitó a la firma flexibilidad, de modo de estar preparada para el cierre, pero también para postergarlo algunos meses.

El alza en las tarifas eléctricas a los hogares, a su vez, habrá un alza por dos efectos.

Primero, el fin a los subsidios implementados tras el estallido (que estableció un límite de US$1.350 millones que se irían acumulando sin ser reajustados en las cuentas). La CNE estimó que el primer semestre de este año se alcance el techo del fondo.

El segundo, es que es que los costos han subido y se empezarán a ver en las tarifas a partir de julio. El ex secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, explica que el precio nudo (el valor medio de los contratos entre distribuidoras y generadoras) se reajusta, en tiempos normales, en enero y julio de cada año, incorporando variaciones del dólar y otros factores como la inflación en Estados Unidos, que está en niveles record. En abril debiese publicarse este informe y comenzar a aplicarse a partir del segundo semestre, luego de ser visado por Contraloría.

Romero dice que se esperan alzas de entre 15% y 20% en las cuentas. Es por eso mismo que ya varios otros expertos han mencionado en distintos medios que una opción es postergar nuevamente el decreto tarifario, lo que sería posponer el problema hacia el futuro, lo que no deja de ser dramático, considerando que el fondo de US$1.350 millones no es gratis, pues debe comenzar a cargarse en las cuentas a partir de 2027.

Hay que recordar que ese fondo básicamente es dinero que las empresas eléctricas han dejado de percibir en estos años y los que ya están generando conflictos como el de la firma china State Grid que dijo que no firmará los convenios con sus deudores morosos como propuso el gobierno saliente.