Tras la invasión de Rusia a Ucrania las materias primas, entre ellas el petróleo y el gas, han alcanzado precios récord.

Para enfrentar las alzas internacionales del crudo, Chile ha desarrollado un mecanismo que amortigua las escaladas de precios para que no impacten tan duramente y de una vez los bolsillos de los chilenos, el llamado Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), que busca paliar esos efectos en las gasolinas y el diésel, beneficiando al siempre conflictivo sector transportista.

Sin embargo, el gas no tiene el mismo tratamiento del Estado para aminorar sus alzas. Por eso, varios expertos creen que el actual gobierno, en especial su ministro de Energía, Claudio Huepe, debiera estudiar un mecanismo similar al Mepco para el gas licuado (GLP) y la parafina, ambos subproductos también del crudo, pues pese a enfrentar fluctuaciones equivalentes en precio –y un mayor impacto proporcional en los presupuestos de las familias más vulnerables- no tienen “amortiguadores” a sus bruscos cambios de precio.

Si en 2020 el balón de gas licuado de 15 kilos costaba $19.558, hoy bordea los $26 mil, lo que representa un alza del 36% y un remezón inmediato en las cuentas de los hogares (ver recuadro), para los que el GLP representa según el INE un 19% de su gasto total en servicios básicos.

Desde el Observatorio del Contexto Económico UDP, el economista Juan Ortiz explica que el impacto aumenta en las familias más vulnerables, ya que el gas, “al ser un servicio de primera necesidad, es difícil de sustituir o de bajar su consumo”.

Esta es una de las razones por las que la Fiscalía Nacional Económica, el Congreso y el ministro de Energía saliente pusieron los ojos en esta industria y hoy se discute un proyecto de ley en el Congreso que busca sacar a los grandes proveedores de gas del negocio minorista.

En Chile, la mayor parte del GLP es importado vía marítima, pues la producción local solo satisface un 25% de la demanda interna.

Luis Gonzáles, de Clapes UC, advierte que esta dependencia nos deja “expuestos a los precios internacionales, a los costos de transporte, el tipo de cambio y los márgenes de refinación”. Por ello es que, tal como se hace con los combustibles, coincide en que “la única solución” para evitar las fuertes fluctuaciones en los precios es que el Estado intervenga.

La gerenta general de la consultora Energética y ex secretaria ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE), María Isabel González, explica que esto ya ocurre en el caso del gas, pero únicamente para el usado en medios de transporte, por lo que se debiera buscar un mecanismo para el gas de consumo domiciliario.

Ortiz cree que el mejor mecanismo sería un Fondo Estabilizador de Precios, donde la CNE genere una banda de precios mínimos y máximos o que, en el corto plazo, se apliquen transferencias similares al IFE, aunque reconoce que esto puede generar un “costo fiscal importante”. En la idea de ayudas focalizadas también se inscribe Gonzáles de Clapes, quien propone “una transferencia directa para los hogares más vulnerables” como posible salida.

De todos modos, el académico de la UC cree que el mecanismo debe ser diseñado de tal forma que “no fomente aún más el consumo de combustibles fósiles por razones ambientales y de cambio climático, que esté focalizado y que pueda ser temporal, mientras las circunstancias como la guerra pasen”. Aunque Gonzáles no cree que esto sea algo pasajero, sino que habrá un efecto persistente en precios, debido al conflicto en Europa.

El gas licuado de petróleo (GLP) es por lejos el mayor combustible de uso en los hogares. Según un estudio del Ministerio de Energía de 2018, los últimos datos disponibles, las familias usan GLP para obtener agua caliente (78%), cocinar alimentos (84%) y calefaccionar sus hogares (21% con gas vs. el 20% con parafina).

De acuerdo al mismo informe, la demanda por GLP se hace más relevante a medida que disminuye el nivel de ingresos del hogar.

Así, por ejemplo, en el caso del agua caliente, en el segmento C1 es de un 64%, dado que el gas natural tiene una participación relevante en los estratos socioeconómicos más altos, mientras que en los segmentos D y E su uso es 20 puntos porcentuales más alto.

Esta situación se repite a la hora de analizar el combustible más utilizado para cocinar alimentos, y en el ítem calefacción, aunque en este aspecto en los sectores más vulnerables sigue reinando la leña, con los perjuicios ambientales que eso significa.