En su última entrevista con Don Francisco, anoche en el programa Las Caras de La Moneda de Canal 13, el expresidente Sebastián Piñera respondió una de las preguntas que los televidentes le hicieron a través de redes sociales. La periodista Natalia López le leyó la pregunta y Piñera respondió: dijo que le gustaría que lo recordaran como un equipo de gobierno que nunca se quebró frente a las dificultades.

Quienes lo conocen, aseguran que tiene una obsesión con el legado. En su primer gobierno creó la Fundación Avanza Chile y ahora pretende escribir sus memorias y ha pensado en otra fundación, enfocando sus esfuerzos en jóvenes. Pero la manera en que protegerá las obras de su gobierno no será su única preocupación. Deberá agregar otra tarea que le incomoda: su defensa frente a la treintena de querellas en su contra y de sus exministros por su eventual responsabilidad en atropellos a los derechos humanos cometidos tras el estallido del 18 de octubre.

En noviembre de 2019, cuando el Fiscal Nacional Jorge Abbott designó a la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, el exmandatario pidió consejos, escuchó y aceptó la sugerencia del abogado Luis Hermosilla de contratar al penalista Samuel Donoso.

Así, en algunas reuniones creció la idea de formar un equipo político-jurídico que se encargue de llevar adelante esa tarea. Hay varios nombres que han circulado, como el exministro Gonzalo Blumel. Además de una de las personas en quien más confía, su exjefe de gabinete y primo Andrés Chadwick. Además de Hermosilla y el propio Donoso.

Aunque no es algo que esté confirmado ciento por ciento, por el lado de la nueva fundación, se ha mencionado al exsubsecretario de Interior Francisco Galli.

Piñera ha sostenido varias reuniones para analizar los distintos escenarios. Algunos personeros de su confianza le han dicho que lo que se busca con la persecución penal no es solo una eventual responsabilidad -que él mismo ha descartado- sino que horadar su figura: El Partido Comunista, principalmente, y el Frente Amplio, creen sus cercanos, buscan marcarlo en la historia para que se le compare con el dictador Augusto Pinochet.

Aunque no tiene asidero dicha comparación, el escarnio público es una de las cosas que le ha generado mayores problemas. Sobre todo en su entorno familiar: antes de la pandemia, cuando los estadios se llenaban para un partido de fútbol, las distintas barras de los equipos más populares le dedicaron cánticos en su contra haciendo alusión a la figura de Pinochet. Los cantos también se oyeron en las largas jornadas en la Plaza Baquedano, principal lugar de concentración del 18-0.

“Una cosa es cuando hay una política institucional, que nunca la hubo. Otra cosa es que alguien -y por supuesto ocurrió- no cumpla los protocolos, las reglas y cometa esos atropellos o abusos. Pero qué corresponde en una democracia: que lo investigue la Fiscalía y que lo juzguen los tribunales. Eso es lo que hemos hecho”, ha dicho Piñera en su defensa.

Tras las querellas y los escritos que se hicieron a la Corte Penal Internacional (CPI), comandadas por el exjuez Baltasar Garzón, el flanco de Piñera y los DD.HH. cada cierto tiempo se toma la agenda: en medio de las elecciones presidenciales, el entonces candidato Boric dijo en un debate que iban a perseguir en Chile y en el extranjero eventuales responsabilidades de autoridades civiles y uniformadas.

Para el recuerdo quedó la frase “señor Piñera, está avisado”, que se transformó en tendencia en Twitter, pero que tras ganar la elección ha sido matizada e incluso Boric ha esquivado el tema. Donde sí el Presidente entrante no dejó espacio a dudas fue en la medida anunciada por su ministra del Interior, Izkia Siches, sobre el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad Interior del Estado que afectan a presos del estallido social.

Y aunque Boric no se ha referido a las causas de DD.HH. relacionadas con Piñera, su vinculación directa con los atropellos cometidos, principalmente por carabineros, no lo dejan tranquilo.

En su última cadena nacional, el ahora expresidente hizo alusión a lo que había obrado el gobierno para colaborar en el esclarecimiento de los hechos, a solo días de que el Fiscal Abbott enviara un oficio a los intervinientes en la causa notificando el traslado de la indagatoria a Santiago a cargo del Fiscal Centro Norte, Xavier Armendáriz. Tras dos años en manos de la fiscal Perivancich, ahora todo se tramitará en la Metropolitana.

Por las oficinas de la fiscal Perivanchich pasaron la oficialidad del alto mando de Carabineros y las autoridades civiles, entre ellas el exministro del Interior, Andrés Chadwick, cuyo abogado es Luis Hermosilla. También declaró el propio Piñera de manera voluntaria y el exministro Blumel. Además, se investiga la responsabilidad del entonces general director de Carabineros, Mario Rozas, cuyo abogado es Gabriel Zaliasnik.

El expresidente está consciente de que ésta será una de las tareas que deberá monitorear a partir de mañana. Cada vez que el tema entra en la agenda, su nombre se instala en las redes o alguien de oposición, como Daniel Jadue, se lo enrostra.

Por ejemplo, en 2021, la controversia respecto al trabajo del Ministerio Público en estos casos se generó luego de que Ciper publicó un informe de esa institución que decía que hasta enero de 2021, el 46% de las causas por violaciones de derechos se habían cerrado sin formalizados. El documento también indicaba otras cifras: se habían formalizado 57 causas por violaciones a los DDHH, con 118 que eran carabineros; 4 del Ejército y 1 de la Armada.

Tras cuestionamientos hacia la fiscalía, el propio Abbott anunció que ordenaría a la Unidad Especializada de Derecho Humanos para que estudiara los criterios que se tuvieron en cuenta. Y explicó que los retrasos en las indagatorias se debían a la pandemia. Abogados consultados por este diario, relacionados con la causa, afirman que se ha avanzado de acuerdo a los tiempos de respuesta de las diversas instituciones a las que se les ha requerido información: Ejército, Carabineros, Servicio Médico Legal, INDH, Colegio Médico e instituciones que están relacionadas con la defensa de los DDHH.

En la arista internacional existía preocupación, tras el escrito despachado a la Corte Penal Internacional del exjuez Baltasar Garzón junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos, manejada por el abogado y exrector del Arcis, Carlos Margotta, entre otros.

El texto iba acompañado de los informes elaborados por distintos organismos internacionales como Human Rights Watch, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los DDHH.

Lo anterior pese a que las distintas misiones que vinieron a observar a Chile fueron “invitadas o al menos toleradas” por el gobierno, como dijo en su informe el catedrático alemán Kai Ambos, respecto a la existencia del elemento de contexto de “Crímenes contra la Humanidad respecto a los eventos en Chile entre el 17 y el 28 de octubre de 2019, como se describe en la Acusación Constitucional del 30 de octubre de 2019”, descartando una acción concertada por el Estado chileno.

En la Corte Penal Internacional había alrededor de 14 comunicaciones que solicitaban que se procesara a Piñera y al resto de personas involucradas. Pero en 2021 la CPI desestimó una investigación preliminar por considerar que no existían antecedentes donde la instancia internacional tuviera jurisdicción legal. También porque para la Corte en los hechos denunciados no existía mérito para abrir un examen en Chile.

En su momento, la Cancillería chilena dijo que “el Estado de Chile reafirma su compromiso con la búsqueda de la justicia y con el trabajo que realizan la Oficina del Fiscal y la Corte Penal Internacional, y seguirá cooperando en todo lo que sea necesario y le sea requerido”.

Los juristas consultados explican que acá, a diferencia de países como Venezuela, las instituciones sí están haciendo su trabajo. Francisco Cox, experto en DD.HH., asevera que en su momento “se informó que se había desestimado abrir un examen preliminar (así se llama el procedimiento). Y claro que siempre se puede iniciar por jurisdicción universal una investigación y ahí serían las jurisdicciones de esos países las que tendrían que evaluar la evidencia para ver si cumplen sus estándares procesales y de derecho penal internacional. Y en ambos casos se toma en cuenta, generalmente, si las autoridades locales están investigando”.

Antes de que Perivancich dejara la causa, se había fijado una audiencia (10 de junio) en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, para analizar una solicitud de sobreseimiento definitivo en una parte de la investigación en contra de Piñera. El Ministerio Público ya adelantó su criterio sobre esto e informó que se opondrá debido a que faltan diligencias.

Respecto a la posibilidad de un sobreseimiento definitivo de Piñera y otras autoridades civiles, el abogado Juan Carlos Manríquez, el único chileno aceptado como litigante defensor ante la CPI, explica: “Las causas por violaciones de DD.HH. no pueden ser sobreseídas, porque el Código Procesal Penal lo impide. No se puede aplicar prescripción, amnistía, indulto y ningún otro término anómalo”.

Los abogados allegados a la causa creen que ni por omisión Piñera ha cometido torturas, crímenes de lesa humanidad ni de guerra y que es difícil que prospere el sobreseimiento definitivo, pues le estarían “regalando un caso a la Corte Penal Internacional y a los grupos de pressing mundial que abogan por la apertura de investigaciones en el extranjero”.

Pasadas las 8.10 de la mañana, el ya expresidente Sebastián Piñera arribó a La Moneda de la mano de su esposa Cecilia Morel, donde luego de atravesar el Patio de los Cañones, se dirigió a la prensa y sólo se limitó a desearle suerte a su sucesor, Gabriel Boric, pero eludió las preguntas de los periodistas, que se centraron en el anuncio del retiro de querellas por Ley de Seguridad del Estado en contra de los llamados “presos de la revuelta”.

“Que (el gobierno de Gabriel Boric) tenga lo que todos queremos hacer cuando llegamos a la presidencia: sabiduría para encontrar los caminos correctos, fuerza para impulsar las reformas necesarias, resiliencia para resistir a las adversidades”, comentó el mandatario saliente.

Luego, Piñera desayunó junto a sus ministros y se fotografió con ellos y sus subsecretarios.