A días de que se desatara la pandemia que aún nos golpea, el economista de la Universidad de Chile Nicolás Bohme anticipaba la necesidad de una reforma tributaria, para solventar el mayor gasto fiscal que implicaría su combate.

Bohme, comunista y candidato a doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts-Amherst, fue ratificado ayer por el futuro ministro de Hacienda, Mario Marcel, como coordinador tributario de la cartera junto al abogado de la U. de Chile y magíster en Derecho Tributario de la U. Católica Diego Riquelme. Y lo que han dicho ambos desde sus posiciones, puede entregar pistas sobre cómo irán trazando la tan anunciada reforma impositiva que pretende llevar a cabo el gobierno del presidente Boric.

El 20 de marzo del 2020, en un documento del centro de estudios Observatorio de Políticas Económicas (Opes) del cual es cofundador, Bohme anticipó que el Gobierno debía endeudarse y sostenía que esa deuda “se pagará en los años futuros con los ingresos del sistema tributario, por lo que se requiere establecer un sistema tributario que no solo asegure mayores ingresos, sino que también fortalezca su carácter progresivo. Una reforma tributaria será necesaria”.

Meses después, cuando se levantó la posibilidad de elevar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) para evitar alzas de impuestos a las personas, Bohme se opuso: “Espero que cualquier propuesta de subir el IVA choque contra una pared. Consenso mínimo debería ser que todo incremento de recaudación tributaria se haga con instrumentos progresivos (quien gana más, paga proporcionalmente más)”, dijo el 31 de diciembre.

En ese momento, cuando la elección aún se veía lejana, Bohme ya pensaba en una reforma ideal, que luego plasmó en el programa del precandidato presidencial del PC, Daniel Jadue, de quien fue su coordinador tributario.

El 18 de junio del año pasado, un mes antes de las primarias y cuando Jadue encabezaba las encuestas, Bohme sostuvo que dos de los ejes de su programa “son bien caros: asegurar derechos sociales universales y financiar la transformación productiva”, por lo que planteaba que una “reforma tributaria bien estudiada es ineludible”, la que consideraba un aumento de la recaudación de “no menos” de 8 puntos del PIB.

“El resultado de la reforma será una reducción muy importante de la desigualdad después de impuestos, puesto que la gran mayoría del aumento de recaudación provendrá de las personas de los percentiles superiores de la distribución de ingreso (…) La reforma será integral, en cinco pilares: cambios al impuesto a la renta; reducción de las exenciones y privilegios tributarios; royalty a la gran minería del cobre; impuestos patrimoniales a los súper ricos; y combate a la evasión y elusión”, anticipaba, pilares que coinciden bastante con la propuesta final del programa de Boric.

Riquelme, socio del estudio RGS Abogados, ha centrado su carrera en asesoría tributaria a empresas nacionales y extranjeras con énfasis en tributación internacional (convenios para evitar doble tributación) y reorganizaciones corporativas y patrimoniales. Fue asesor del diputado y futuro senador comunista Daniel Núñez y portavoz del equipo técnico de la oposición en el debate por la reforma tributaria del gobierno de Sebastián Piñera y el ministro Felipe Larraín en el 2018.

El 7 de noviembre de 2019, cuando en el Congreso estaban a punto de un acuerdo para la otra reforma del gobierno, después del estallido social y con Ignacio Briones como ministro, y que buscaba recaudar del orden de los US$1.100 millones, Riquelme salió a refutar algunos aspectos, en especial cómo debieran tributar las empresas y sus accionistas: “Un cambio real sería desintegrar el sistema (lo usual a nivel internacional), donde las empresas pagan su impuesto y sus dueños pagan por el dividendo que reciben. Esto implica que el impuesto a la empresa es un impuesto definitivo y no un adelanto del impuesto del accionista”, declaró en su cuenta de Twitter.

“Los dividendos pueden estar gravados con global complementario o establecer un impuesto especial para por ejemplo asegurar que la tasa final sea 35% o 40%. Para las pymes, crear un régimen transparente donde los socios pagan directamente los impuestos (también usual a nivel internacional) considerando que se trata de personas que retiran toda la utilidad que generan. Además, se eliminaría la renta presunta que hoy no se justifica. Estos cambios implican simplificar el sistema, pues no es necesario llevar los registros que hoy, por ejemplo no sería necesario ni control de créditos ni de utilidades de la empresa facilitando el cumplimiento de las empresas y la labor del SII. Adicionalmente esto permite ir a una tasa de impuesto promedio de la OCDE (24% o 25%) e incluso avanzar en un IVA diferenciado para bienes de primera necesidad”.

Bohme también está de acuerdo con desintegrar. De hecho, el 14 de diciembre del 2021, cuatro días antes de la segunda vuelta, recordó: “En el programa de Gabriel Boric, proponemos avanzar de manera gradual en desintegrar el impuesto a la renta para grandes empresas, mitigando el tratamiento tributario preferente sobre rentas del capital. La carga máxima sobre dividendos estará en torno a la mediana de la OCDE”.

Hoy mismo, Riquelme ya anticipó lo que se viene. También en la red social del pajarito azul escribió: “Se viene un gran desafío de construir un nuevo régimen tributario, que perdure en el tiempo y permita financiar las reformas sociales y productivas que requiere el país”.