Una hipótesis de historiadores económicos es que la inflación se vincula con las crisis políticas. El decano de Historia de la Universidad Católica, Patricio Bernedo, la suscribe. “Existe bastante evidencia de que esas crisis políticas no son abruptas, necesariamente de corto plazo, sino que tienden a irse desarrollando y profundizando, a veces hasta por décadas, y ‘explotan' cuando se alcanzan niveles de hiperinflación, como sucedió en los años 50, en el segundo gobierno de Carlos Ibáñez, o durante la Unidad Popular”.

-Con el nivel de inflación actual, que está lejos de los periodos hiperinflacionarios, pero sí entre los más altos de los últimos 30 años, ¿uno podría prever una crisis política?

-Por ahora no, pero sí un posible descontento social y político por los efectos negativos que la ciudadanía comienza a ver en su poder adquisitivo, que se refleja en los actos de consumo cotidianos como alimentos, combustibles o transporte, lo que a la inmensa mayoría del país no le había tocado vivir y los de más edad habían casi olvidado. Todo dependerá de que la presión sobre los precios generada por la guerra en Ucrania y la pandemia, y el nivel de gasto interno, tiendan a decrecer.

-¿Existe un periodo que se pueda comparar a este en términos de una inflación por razones internas que se ve atizada por el escenario externo?

-La I y la II Guerra Mundial, y también la Gran Depresión de los años 30, generaron efectos inflacionarios a nivel internacional que repercutieron en Chile, y que se sumaron a políticas de gasto gubernamental que impactaron fuertemente en los precios internos. De alto impacto fue también la denominada Crisis del Petróleo de 1973.

-¿Qué hicieron gobiernos anteriores al 73 para controlarla?

-Hubo gobiernos que intentaron atenuarla por la vía del control del tipo de cambio, la prohibición de importar ciertos productos, el control o la fijación de precios, lo que especialmente durante la UP se mostró del todo ineficaz. La hiperinflación bajo Ibáñez se consiguió controlar, aunque por muy poco tiempo, aplicando políticas recomendadas por la misión norteamericana Klein-Saks, tales como la reducción del gasto y el déficit fiscal, la racionalización de la administración pública, la creación de nuevos impuestos, la limitación de los reajustes salariales y la eliminación de diversos subsidios. Pero la falta de apoyo político y la fuerte presión de grupos de interés obligó al gobierno a atenuar el plan de estabilización, lo que incidió en la vuelta de la inflación.

“La inflación ha sido un problema endémico de nuestra economía, por lo menos desde fines del siglo XIX hasta principios de los años 90”, advierte el profesor de la UAI, Manuel Llorca. “Vivimos más de un siglo de inflación casi permanente. Los años 1940-80 fueron especialmente inflacionarios”.

-¿Qué periodo sería comparable con el actual, donde el problema de la inflación ha sido más por causas internas y que hoy se agrava por la guerra en Ucrania?

-Probablemente 1973 y los años que siguieron, donde la inflación parte más bien por causas internas, pero se vio agravada por shocks petroleros: primero el conflicto árabe israelí de 1973 y luego la guerra Irán-Irak, más el desmoronamiento del sistema Bretton-Woods a inicios de los 70. Estos tres incidentes externos agravaron problemas inflacionarios que comenzaron como internos. Antes de eso, Chile “importó” inflación internacional durante y después de la I Guerra Mundial, acentuando un brote que se inició antes del conflicto por razones internas.

-¿Cuánto ha influido la inflación en la política contingente en estos periodos?

-Mucho. La inflación siempre ha enfrentado a diversos grupos de interés en nuestro país. La inflación golpea de manera distinta a cada sector de la economía, o a trabajadores y empleadores. Recuerda, por ejemplo, que los primeros trabajos de la Cepal en los 50 estuvieron justamente insertos en la política contingente chilena de ese entonces a raíz de la inflación crónica nacional, los medios para controlarla, y el diagnóstico respecto de qué sectores se beneficiaban o sufrían con la misma.

-¿Cómo los gobiernos han navegado frente a estas situaciones?

-De diversas maneras, pero normalmente mirando “hacia afuera”, y “escuchando” la voz de expertos internacionales. En algunos casos, buscando “asesoría” externa directa (como con la misión Kemmerer de 1925 o la Klein-Sacks de los 50), en otros casos siguiendo los paradigmas del FMI. Ha habido muy poca política netamente “nacional”.

-Varios profesores vinculan la inflación a las crisis políticas, ¿coincide?

-Es más que razonable relacionar inflación con crisis política en nuestra historia. La inflación normalmente erosiona más rápidamente los salarios, empeorando las condiciones de vida de los quintiles más desposeídos. Eso normalmente viene aparejado de hambre, estallidos, etc. Está bien documentado que los grandes desplomes en los salarios reales han estado asociados a brotes inflacionarios importantes, y en la mayoría de los casos, a crisis políticas.

Uno ha tenido un alza significativa y el otro tiene sus precios congelados, lo que ha disimulado la pesada inflación: el precio del pan y del pasaje del Transantiago son dos caras de un fenómeno que, además, hoy se ve atizado por el conflicto en Europa.

El presidente del Panel de Expertos del Transantiago, Juan Pablo Montero, asegura que el pasaje debió haber subido unos $80 “y no ha subido ni sé si va a subir. Eso significa que hay que subsidiar más, así de simple”, haciendo referencia al congelamiento de las tarifas en 2019.

“No sé qué va a hacer el nuevo gobierno, eso es decisión de ellos. El Presidente Piñera, desde el estallido, usó cada vez que fue necesario esta nueva ley, que le da autoridad para revocar cualquier alza que el panel estime conveniente”. Y agrega que los cálculos del panel antes de la guerra en Ucrania “ya se veían bastante desfavorables”, por lo que el alza del petróleo solo hará más compleja la situación. Montero advierte que para 2022 el presupuesto del subsidio alcanza los $700 mil millones y que, por cada alza revocada, el monto debe aumentar aproximadamente un 1%.

En la industria del pan también advierten de las consecuencias de la inflación. “En los últimos dos años ha subido aproximadamente un 30 o 35%”, dice Juan Mendiburu, presidente del gremio Indupan, quien atribuye estas subidas al alto precio de los insumos e incluso a las medidas sanitarias producto de la pandemia. Según el INE, en febrero el pan subió 3,2% y acumuló un alza de 13% en 12 meses.

“A veces es imposible traspasar los costos inmediatamente a los clientes. Muchas veces hay contratos de por medio, de un año o 6 meses con los precios fijos. Cuando suben los insumos, a veces tienes que perder plata nomás”, se lamenta.

La presencia de Mario Marcel en el gabinete de Gabriel Boric tuvo muchas interpretaciones, entre ellas que el gobierno entrante se tomará en serio la inflación. El problema es que el alza en el nivel de precios no parará pronto y amenaza con convertirse en un dolor de cabeza para La Moneda.

Aunque el IPC de febrero, dado a conocer hoy por el INE, sorprendió a la baja (0,3% versus el 0,6% que esperaba el mercado), la preocupación ciudadana por el nivel de precios ya se ve en las encuestas.

De hecho, lo ocurrido el mes pasado fue puntual para los expertos, dada la fuerte caída en paquetes turísticos y pasajes aéreos, que “no rompe la tendencia alcista de precios. El IPC sin productos volátiles fue de 0,7% y el resto de los productos como alimentos y combustibles continuaron su tendencia al alza. Nada de eso ha cambiado”, explica Nathan Pincheira, economista jefe de Fynsa.

Es más que esperable entonces que las presiones inflacionarias continúen y con ellas, las presiones al nuevo gobierno para aminorarlas. Sin embargo, economistas y analistas políticos creen que esto no debe abrir la puerta a un desorden en las finanzas fiscales, pues el remedio podría ser peor que la enfermedad.

En el mercado ya están incorporando las consecuencias de la invasión rusa a Ucrania y todo parece indicar que en el 2022 habrá una inflación más cercana al 6% ó 7% que al 5% que preveía la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central en febrero. De ser así, sería la primera vez en el siglo que la inflación media anual se ubica dos años seguidos por sobre el 5%. Algo que pegará en el bolsillo de los consumidores y que obligará a la política fiscal y monetaria a tomar medidas contractivas que deprimirán la actividad.

Es que el golpe al poder adquisitivo de las personas simpre ha tenido complejas consecuencias en la sociedad chilena. De hecho, los historiadores vinculan las alzas de precios incontrolables con severas crisis políticas (ver entrevistas).

Y el nuevo gobierno deberá encarar este escenario adverso con un Congreso fragmentado y que podría seguir la tentación populista de sus antecesores.

Si en 2021 la inflación fue un problema mayormente interno, con una demanda sobre estimulada por retiros de ahorros previsionales y extendidas ayudas fiscales, este 2022 pareciera que los precios estarán influidos más por variables externas, al menos en los primeros meses.

“Es probable que en el primer semestre la inflación (acumulada en 12 meses) esté moviéndose entre el 8-9%”, advierte Alejandro Fernández de Gemines.

“Los mercados ya han cambiado sus predicciones, están sobre el 7% y eso reconoce especialmente el alza en el precio de los combustibles por el conflicto internacional” dice Sergio Lehmann, economista jefe de BCI. E incluso si es que la guerra terminara pronto, ello no significaría que volvamos rápido a la normalidad. Tomás Flores, de LyD, explica que la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP) desea mantener alto el precio del crudo: “De ser exitosa, puede generar una presión adicional”.

Pero lejos de ser un alivio, que la inflación sea importada deja al futuro gobierno con el problema social y sin herramientas para enfrentarlo. Una combinación difícil para cualquiera, pero que, en el caso de Boric, podría complicar la implementación de su ambicioso programa de reformas con cuentas fiscales sanas.

Los economistas no ven muchas opciones. Esperan que Boric y Marcel mantengan la disciplina fiscal pese a la fuerte presión política que se espera.

“Es probable que a fines del primer semestre comience la presión sobre el ministro de Hacienda para que ‘suelte la mano': Reponer el IFE, aumentar el gasto público, que compense parcialmente la desaceleración (que se espera a partir del segundo trimestre) o intentos de nuevos retiros de las AFP, por ejemplo. Lo que no cabe duda es que van a existir, para que se compensen las consecuencias de la inflación”, advierte Fernández. Cualquiera de esas soluciones podría empeorarlo todo: “la inflación será más alta y por más tiempo”. Aprehensión que comparte Lehmann: “Comprometer recursos públicos no me parece prudente, la responsabilidad fiscal es un eje muy importante y si no nos alineamos con ella, el costo social es mayor”.

Además de la política fiscal, la otra herramienta para frenar los precios es del Banco Central: “Es indispensable que la Tasa de Política Monetaria siga subiendo para que la convergencia sea creíble y concreta”, dijo Flores. Subir la TPM ayudará a controlar los precios, pero dificultará el crecimiento económico, ya golpeado por el alza en los precios del petróleo.

Los analistas de opinión pública creen que la inflación irá tomándose el debate y será un desafío para Boric.

Axel Callís, director de TuInfluyes, afirma que los precios “ya están apareciendo como uno de los ejes más importantes de preocupación de la opinión pública, porque especialmente el costo de los alimentos ha subido enormemente”.

Paulina Valenzuela, directora de DataVoz, explica que en sus sondeos aún no se refleja como una preocupación ciudadana, pero reconoce que esto cambia “a medida de que se encarece la vida”.

Y al igual que los economistas, Callís y Valenzuela creen que la inflación inevitablemente generará presiones sobre el gobierno entrante y ahí ven a la figura de Marcel como un dique de contención a nuevas ideas proinflacionarias del Congreso como nuevos retiros de ahorros de pensiones.

“La incorporación de Marcel al gabinete fue justamente para dar tranquilidad a los mercados, independiente de la presión que pueda haber”, confía Valenzuela.

En ese sentido, Callís cree que medidas rápidas para paliar la inflación hoy puede generar problemas después. Ya se vio en Bachelet II y Piñera II: “Un gobierno que parte con un bono termina muy mal. Después, no tiene capacidad de acción ni de negociación”.