“Aparte de los crímenes de la denominada Caravana de la Muerte y otros que ocurrieron, el asesinato del excomandante en Jefe, General Carlos Prats y de su esposa, señora Sofía Cuthbert, acaecido en Buenos Aires del que se responsabilizó a algunos miembros de la DINA, se ha constituido también en una gran vergüenza institucional, a pesar que fue realizado por un organismo de seguridad que no pertenecía al Ejército, pero quienes resultaron condenados por la justicia en su mayoría pertenecían a la institución”, señala el documento.

Y agrega que “según consta en el expediente de la investigación, el agente norteamericano de la DINA, Michael Townley, colocó un artefacto explosivo en el automóvil de Prats y el día 30 de septiembre de 1974, a las 00:50, lo hizo detonar mediante un dispositivo a control remoto cuando el matrimonio regresaba a su domicilio, provocando la muerte instantánea de ambos, lo que se ha constituido en un crimen extremadamente cobarde, vergonzoso, violento, cruel y repudiable”.

Sobre el asesinato del general René Schneider, el informe señala que fue su compromiso con la Constitución (más conocido como “Doctrina Schneider”) el que le costó la vida”. Y que en tal crimen “hubo participación de civiles y de militares en servicio activo y en retiro, los que habrían contado con el apoyo de la CIA”. Apoyo que se tradujo en “armas y municiones desde Norteamérica que llegaron a la embajada de los EE.UU. en Chile, para ser usadas en el secuestro del comandante en Jefe del Ejército” y releva que en una de las notas de la CIA, se indicaba que “neutralizar a Schneider será un prerrequisito clave para el golpe militar, ya que él se opone a cualquier intervención de las FF.AA. para impedir la elección constitucional de Allende”.

Tales armas “habrían sido entregadas a un grupo de oficiales chilenos liderados por el general Camilo Valenzuela y el general Roberto Viaux, quienes tuvieron los principales roles en la planificación y conducción del grupo que atentó y dio muerte al general Schneider”.

“Uno de los episodios más condenables fue el paso del general Sergio Arellano Stark y su comitiva, conocida como Caravana de la Muerte”, dice el texto.

Agrega que ésta “hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la institución y significó que integrantes del Ejército, en su mayoría de baja graduación jerárquica, fueron procesados y condenados. Estas personas quedaron desvalidas de apoyo, ya que se asumió que las responsabilidades eran individuales”.

Señala que “el general a cargo se mantuvo deliberadamente lejos de los lugares donde se ejecutaron los fusilamientos, distrayendo a los comandantes de regimientos en actividades sin importancia, mientras los miembros de su comitiva sacaban gente de las cárceles y los fusilaban o le ordenaban a integrantes de las unidades que lo hicieran, involucrando intencionadamente a personal de los regimientos con seudos Consejos de Guerra”.

En el informe se menciona cinco veces a Augusto Pinochet, básicamente por tres situaciones:

l Cuando Pinochet seguía como comandante en jefe (1990-1998) y “tuvo roces de distinta índole con las autoridades civiles, especialmente del sector Defensa, con implicancias en lo administrativo y penal, las que junto con causar gran impacto en el Ejército generaron aún más tensión en las relaciones con las autoridades políticas”.

l La carta que le escribió el general Prats tras salir al exilio en donde le señala: “El futuro dirá quién estuvo equivocado. Si lo que ustedes hicieron trae el bienestar general del país y el pueblo realmente siente que se impone una verdadera justicia social, me alegraré de haberme equivocado yo, al buscar con tanto afán una salida política que evitara el golpe”.

l La Caravana de la Muerte en donde se indica que “la calidad de «delegado del comandante en jefe del Ejército» que tenía el general Arellano Stark. Se plantea que todas las violaciones a los DD.HH. en que incurrió “fueron absolutamente ajenas y reñidas con un correcto ejemplo de amor a la Patria y al Ejército, y menos tuvo consideración hacia los subalternos, lo que se ratifica en la declaración del propio juez Juan Guzmán Tapia”.