(A propósito de nuestro primer presidente magallánico)

El 21 de noviembre de 1851 Miguel José Cambiaso, teniente del ejército chileno, por entonces recluido en el penal de Punta Arenas por insubordinación, comenzó el hoy denominado Motín de Cambiaso, que terminó aproximadamente el 15 de febrero de 1852. La colonia de Magallanes se había establecido apenas ocho años antes, en 1843, con la fundación del Fuerte Bulnes, y comenzó a recibir prisioneros en 1847. Un año después, en 1848, se decidió trasladar la colonia y su penal a Puntas Arenas, dada su mejor posición geográfica.

Por aquel entonces el estado chileno consideraba el Estrecho de Magallanes como una posición estratégica, debido al creciente tráfico marítimo, así como para ayudar en su reclamación de los territorios al sur del Biobío. Dicho lo anterior, por largo tiempo la colonización de Magallanes fue una aventura precaria, marcada por el aislamiento y la dificultad de atraer tanto soldados como colonos. De hecho, Cambiaso había sido dado de baja del ejército en 1850 y readmitido en 1851 sólo bajo la condición de aceptar ser asignado a Punta Arenas. En 1851 su población no superaba las 700 personas, de las cuales unos 300 eran prisioneros, vigilados por apenas unos 70 soldados. La mayoría de los convictos eran presos políticos, incluyendo miembros del bando perdedor de la guerra civil de 1851, o bien desertores del ejército.

Bajo este contexto, Cambiaso disfrazó su levantamiento, que no era otra cosa que un acto personal de revancha contra su superior jerárquico (el capitán Salas), como un incidente de la guerra civil: azuzó a sus seguidores (principalmente presidiarios políticos) a seguirlo en apoyo a las fuerzas del general de la Cruz. Lo que siguió después fue uno de los hechos más violentos de nuestra historia republicana: el gobernador de Magallanes (Benjamín Muñoz Gamero) y el párroco de la colonia (padre Acuña) fueron fusilados por órdenes de Cambiaso, y luego arrojados a una hoguera. La misma suerte sufrieron otros tantos, incluyendo tripulantes de dos barcos mercantes extranjeros, uno británico y otro estadounidense, que recalaron en Punta Arenas poco después de iniciado el motín. En palabras de Vicuña Mackenna: “Cambiaso quiso, como Nerón, darse el placer de asar vivos a sus enemigos”, agregando que el incidente “abrió de par en par las puertas de la próspera colonia de Punta Arenas a todos los demonios del crimen”.

Otras muchas atrocidades siguieron: cuatro patagones (kawéskar) fueron también ejecutados, y colgados de un árbol a modo de amedrentamiento. Finalmente, la colonia fue quemada y destruida antes de que Cambiaso decidiera partir, con los dos barcos secuestrados y la colonia casi entera a bordo, luego de seis semanas de violencia y desenfreno. No hay espacio en esta columna para mayores detalles, pero finalmente Cambiaso y sus seguidores fueron apresados y traídos a Valparaíso a fines de febrero de 1852 (previa parada en Chiloé), donde enfrentaron la justicia.

Su arribo fue presenciado por más de diez mil personas. Luego de un breve juicio, el 4 de abril de 1852 Cambiaso fue degradado de su rango militar, fusilado y descuartizado, todo enfrente de una curiosa multitud (casi la mitad de la población porteña). Según Bunster, el descuartizamiento, ante la ausencia de voluntarios, fue ofrecido a un reo común a cambio de su libertad. Este estuvo “más de tres horas aserrando los miembros del ensangrentado cadáver”. Posiblemente el puerto no recuerde una escena más violenta en todo el siglo XIX.

Una arista hasta ahora casi desconocida de esta historia (investigación de Llorca-Jaña y Navarrete Montalvo) es que el gobierno de Montt, a través de su canciller Antonio Varas, y ante el pobre estado de la marina chilena de aquel entonces, solicitó la ayuda inmediata del comandante británico a cargo de la estación naval británica en el Pacífico. Fue la armada británica la que envió dos barcos de guerra a la zona del motín, rescatando a los colonos-tripulantes de las embarcaciones extranjeras secuestradas (básicamente toda la colonia), y asegurando que Cambiaso y sus hombres fuesen traídos a Valparaíso. Sin la intervención británica solicitada por Varas, seguramente muchas más muertes hubiesen ocurrido: Chile no tenía en ese momento la logística necesaria para sofocar rápidamente un motín como aquel en un lugar tan distante.

El motín de Cambiaso da cuenta de varios hechos, algunos de los cuales tienen relevancia en la actualidad: la disparidad de recursos entre las regiones distantes y la capital; el abandono por parte del estado de regiones “remotas”; las consecuencias de reclutar personal no apto para el ejército u otras reparticiones del Estado (y la falta de controles mínimos); el sobrepoblamiento de los penales; no tener un apropiado sistema de transportes y comunicaciones, y la dependencia de potencias extranjeras ante nuestra incapacidad de resolver problemas propios. A 170 años del motín, muchos de estos problemas persisten.

El asunto último de todo sistema de gobierno es cómo se regula la disputa del poder, de qué manera se limita y cuánta legitimidad tiene para que pueda ejercerse en condiciones de orden y seguridad. Dado que la Constitución es la expresión máxima de este acuerdo, la discusión de sus artículos no es solo un problema jurídico o técnico, sino principalmente político.

En las tres grandes constituciones de Chile (1833, 1925 y 1980) el poder se ha impuesto a punta de bayonetas, tras acciones militares que permitieron a un grupo imponer el orden sobre el resto.

El actual momento, sin embargo, es el primero en que el poder político y militar tienen poca o ninguna injerencia. Su principal característica es que el sistema político perdió el control del proceso constitucional. La mejor expresión de ello es la propuesta de desaparición del Senado que acaba de ser electo.

La paridad de género, el pluralismo judicial, los derechos de la naturaleza y la descentralización territorial expresan el cambio en los espacios de poder. Los pueblos originarios, los activistas de regiones y los diversos grupos que se perciben perjudicados por el actual orden adquieren más prerrogativas, en desmedro del centralismo, las élites, la tecnocracia y las cúpulas políticas.

Si bien en el origen de este proceso constitucional hubo violencia, como se encargan de recordar constantemente quienes recelan de él, también es cierto que su ratificación tuvo cerca de 80% de los votos a favor de cambiar la Constitución en una convención sin participación del Congreso, con paridad y con presencia de los pueblos originarios. Ahí se gestó el cambio en las relaciones de poder, el que se consolidó en la elección de convencionales, muchos provenientes de movimientos ciudadanos, medioambientales, feministas o indigenistas.

Un ejemplo es el reconocimiento de la justicia paralela indígena, cuya norma, reformulada en la comisión tras un rechazo inicial, fue finalmente aprobada esta semana en el Pleno.

Así, es tan ingenuo esperar que las fuerzas mayoritarias en la Convención no impulsen estos cambios como pretender que no se levante una reacción en su contra. Lo relevante es que ahora el conflicto no lo resolverán las bayonetas, sino las urnas en el plebiscito de salida.