Usted juega tenis ¿cómo le va generalmente?

–No muy bien, me falta tiempo y el tenis, como todos los deportes, requiere práctica. Hoy jugué con uno de mis hijos y perdimos un partido de dobles contra sus amigos.

–¿Y en la minería se gana o se pierde?

–Cada cien partidos se gana uno; es una actividad donde muchos no ganan nunca.

A sus espaldas se divisa un calmo lago Ranco. Estos días Joaquín Villarino (57) está en Futrono. Hace dos décadas que va a la región de Los Ríos con su familia. Sus cinco hijos (entre 30 y 22 años) son quienes siempre lo acompañan. “De vacaciones he tenido poco; la contingencia minera ha sido álgida estos días”, comenta.

Con diez años a la cabeza del Consejo Minero, gremio que agrupa a los principales productores de la minería chilena (capitales privados, nacionales y extranjeros y públicos, además de Codelco), el abogado de la UC con un doctorado en derecho de la Universidad de Navarra (1993) comenta: “El último año ha sido lejos el más desafiante que ha enfrentado el sector minero chileno en esta década. Hubo un cambio de época. El estallido social, la pandemia, la discusión constitucional; no hemos parado”.

Asimismo, sobre la norma de nacionalizar la minería, recientemente aprobada en la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional opina: “Esto no solo tensiona la gran minería, sino también a proveedores, que son más de 3.300. A medianos y pequeños mineros. Las regiones mineras saben que una expropiación de la minería privada tendrá efectos muy negativos. Los gremios regionales están evidentemente preocupados por los derroteros de la Convención”.

Añade: “Con esta norma se violan las sentencias judiciales, porque toda la propiedad minera se constituye así.Es inviable y genera caos. Además, atenta contra principios básicos de los tratados internacionales que nuestro país ha firmado. De aprobarse esta norma, Chile se lo pasará en juicios en las próximas décadas. Olvidan que Venezuela, Argentina y Bolivia, que implementaron estas medidas, terminaron con sus exportaciones embargadas en puertos internacionales”.

–¿Está politizado el debate en torno a la minería en el país?

–Evidentemente hay una discusión ideológica en cuanto al desarrollo económico. Hay sectores que tienen una fe ciega en que el Estado es capaz de hacer mejor y más que los privados. No obstante, el mundo minero no tiene ejemplos de países que hayan estatizado toda su industria y sean exitosos. Eso choca contra la evidencia histórica.

–Quizás se toma como ejemplo la nacionalización de Codelco, que a pesar de su alto endeudamiento ha sido una empresa pública bien ejemplar.

–Así es, como compañía pública lo ha hecho bastante bien. El Banco Mundial ha dicho que la razón de lo anterior es fundamentalmente porque tiene una competencia privada relevante. Eso hace que sus estándares en seguridad, costos de producción, eficiencia y productividad, sean mejores que los de empresas públicas sin competencia.

Y agrega:

–Lo de tener una empresa nacional también juega un rol psicológico nacional, pero de ahí a extrapolar esa solución para todo el desarrollo de la industria minera es un error garrafal. El aporte de las empresas privadas al Estado por tonelada explotada es mayor que el de Codelco.

–En CNN usted planteó estos días: “Lo primero que hay que considerar es que esto no es una nacionalización, sino una expropiación a la minería”

–Los minerales en Chile, según la Constitución, le pertenecen al Estado, que los explota directamente a través de Codelco, en el caso del cobre, y por medio de empresas privadas. Esto es de toda lógica, los recursos son limitados y hay otras prioridades más urgentes y relevantes que dedicarlos a la actividad minera. Respecto de las utilidades de las empresas privadas, el Estado, sin asumir riesgo alguno, recauda un 40% de la mismas, vía impuestos y royalty. No me dirá que es un mal negocio. Si no existiera un sector privado potente dispuesto a invertir en minería, nuestro país se estaría perdiendo dos tercios de su producción de cobre. Además, del 100% de los flujos de la industria minera, el 90 está destinado a pago de remuneraciones de sus trabajadores, a proveedores, reinversión, impuestos y royalty. No es cierto que la minería en Chile se lleva todo y no deja nada.

–La convencional y firmante de la norma sobre la nacionalización de las empresas mineras, Ivanna Olivares, expresó que es admiradora de lo que hizo Bolivia con el proceso de nacionalización de sus bienes estratégicos.

–(Suspira) Bolivia es un pésimo ejemplo, porque no ha sido modelo de crecimiento. Al incrementar los tributos a sus hidrocarburos terminó en una especie de nacionalización y no ha podido incrementar su producción. Incluso, hasta ha tenido problemas de acceso al gas y debió dejar de exportarlo. Y aunque cuenta con una gran reserva de litio, su mecanismo estatizador ha hecho que prácticamente no exista explotación de este.

–¿Y qué connotación le da a la frase de esta misma Constituyente: “Vamos a ir primero por la Escondida, que es la minera privada más grande"?

–Esto trasunta un espíritu reivindicativo agresivo. Desde el cual debe inspirar una Constitución es poco feliz, porque es más bien confrontacional; no es convocante. Da la impresión que Escondida fuera un yacimiento que alguien hubiera desarrollado ilegítimamente, cuando se ha realizado bajo todas las normas aprobadas legítimamente por nuestro país. Ha hecho un tremendo desarrollo en Antofagasta y en Chile. No miden las consecuencias que esto genera a nivel nacional e internacional en los inversionistas.

–¿Concretamente qué impacto ha generado plantear la nacionalización?

–Chile tiene una tradición en las últimas décadas de seriedad en sus políticas públicas e instituciones. Y cuando los representantes de instituciones emiten estas declaraciones, el mercado internacional se las toma muy en serio. Los primeros efectos son que algunas de las acciones de las compañías que invierten en el país tengan un impacto a la baja. También que comiencen muchísimas preguntas de analistas extranjeros. Dicen: ¿si son líderes internacionales del sector por qué están dando marcha atrás borrando sus exitosas últimas décadas? No hay mucho incentivo para invertir cuando se dice que todo se nacionalizará en la minería.

–Se detiene la intención de invertir.

–Grandes proyectos mineros nuevos evidentemente están a la espera de lo que resuelva el plenario de la Convención. Hoy existen proyectos por prácticamente 70 mil millones de dólares pendientes de ejecución para la próxima década. Nos estamos jugando eso. El Estado no tiene esa cifra para destinarla a la minería. Tiene otras prioridades más fundamentales que transformar a Chile en un empresario minero. Como la gratuidad en la educación, pensiones, vivienda, salud, etcétera.

–En una entrevista reciente en El Mercurio la futura ministra de Minería, Marcela Hernando (PR) dijo que esperan que Chile obtenga una retribución justa en minería.

–Lo positivo es que da a entender que el nuevo gobierno está por el desarrollo de la minería privada y que le interesa la inversión de ese sector. Y sobre esa justicia también creemos que es indispensable que parte importante de lo recaudado se quede en las regiones mineras para lo que ellas decidan. Sin embargo, preocupa que se insinué que en la minería chilena no se paga lo justo. Es la actividad productiva del país que más impuestos paga. Muchas veces también se ha sugerido que tiene beneficios tributarios especiales, lo que no es efectivo.

–La ministra también plantea la creación de una empresa nacional del litio y sugiere la idea de que exista una institucionalidad en esta empresa que avance en agregarle valor como en producir inversiones en electromovilidad, en facilitar la fabricación automotriz en Chile.

–(Suspira). En ninguna parte del mundo las compañías mineras, además de explorar y explotar recursos minerales, producen otros bienes con el mineral extraído. No existen empresas mineras que hagan baterías de litio en ninguna parte. En Australia, que es otro gran productor de litio, las compañías que lo extraen no hacen baterías de litio. Toda esa integración vertical forma parte de un imaginario económico que no tiene ninguna constatación en la realidad.

–¿Y qué le parece crear una empresa nacional del litio?

–Si lo que el nuevo gobierno quiere es la creación y producción de bienes que utilicen litio, no debiera crear una empresa nacional de litio para extraerlo sino una de baterías. La utilidad del litio en baterías y electromovilidad económicamente es muy acotada. Se perderá mucho tiempo fundando una empresa pública que no tiene ninguna demostración mundial de ser más eficiente que las privadas. Hay que ponerle recursos económicos, humanos y logísticos. ¡Crear y poner en funcionamiento una empresa nacional del litio demora décadas! ¿Perderemos años de buenos precios del litio cuando con la explotación del sector privado recaudamos un royalty importante? Con eso que se recauda, el Estado podría emprender en la manufactura de bienes que utilicen litio. Es curioso, eso sí, que, si es tan buen negocio, ningún empresario lo haya hecho en Chile hasta ahora.

–El Consejo Minero sobre el proyecto del Royalty declaró: “La carga tributaria de la minería que se situaría sobre el 60% deja al país claramente fuera de competitividad considerando que los demás tienen cargas del rango del 40%”. ¿Están preocupados?

–El proyecto aprobado en la Comisión de minería del Senado da una carga tributaria que claramente no es competitiva globalmente. Según estudios de economistas independientes, yacimientos mineros que tienen los costos más altos dejarían de ser viables con ese tributo. Chile ha sido tremendamente atractivo porque ha tenido reglas estables, buenos recursos y capital humano, pero ya no cuenta con yacimientos tan atractivos como antes. Están más viejos, con peores leyes. Esperamos que la carga tributaria global sea competitiva y permita al país tener más minería. Ahora, la discusión del Royalty puede terminar siendo irrelevante si la Convención acuerda la nacionalización. En ese caso la carga tributaria de la minería será el menor de los problemas del país.