Su nombre se repite en la mayoría de los recursos de protección presentados contra los proyectos de inversión del país. Gabriel Muñoz (53), se describe como un “profesional socioambiental”. Abogado de la Universidad Católica, nacido en Talca y con domicilio en Viña del Mar, representa a comunidades, juntas de vecinos y una serie de ONGs.

Sus batallas judiciales son todas de alto perfil. Tiene recursos contra la Línea 7 del Metro; el proyecto Las Salinas del grupo Angelini en Viña del Mar; es parte de los recursos judiciales que tienen congelada la licitación del litio que lleva a cabo el Gobierno y, en uno de sus casos más conocidos, es el abogado que se empeña en demoler el Hotel Punta Piqueros en Concón. Muñoz cuenta que hace una década, ese proyecto hotelero fue el comienzo de todo.

“Allí una ONG viñamarina me preguntó si quería trabajar probono en este tema ambiental. Así salió el primer caso”, cuenta.

Gran parte de los escritos del abogado que llegaban a las Cortes de Apelaciones o al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) reclamando a nombre de las comunidades, venían con el membrete del estudio de abogados Jara & Marín. Un histórico bufete de abogados de Calle Moneda.

Muñoz cuenta que fue socio de la firma hasta el año pasado, hasta que sus colegas y mentores fallecieron y el estudio se reorganizó.

“Era el estudio de Eduardo Jara, el primer presidente del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El dictó el fallo contra las farmacias. Y Urbano Marín, que llegó a ser el primer abogado integrante externo que fue nombrado ministro y presidente de la Corte Suprema. Él marcó un antes y un después en la Corte Suprema, fue conocido el “factor Marín”, es decir una doctrina marcada por los derechos de las personas”, dice.

La región de Valparaíso es el área donde tiene su mayor cantidad de casos en la justicia ambiental u ordinaria. Además de Punta Piqueros, hotel controlado por las familias Bolocco, Urenda, Eluchans; mantiene una serie de litigios en la zona de las dunas de Concón. El más conocido el de la inmobiliaria Reconsa, ligada el exministro Edmundo Pérez Yoma.

Ahí une fuerzas en contra del proyecto con Jorge Yarur, de la Fundación Yarur Bascuñán. El dueño del Museo de la Moda es un conocido defensor de las dunas del sector y financia gran parte de los conflictos judiciales que buscan evitar que las inmobiliarias edifiquen en la zona.

En ese mismo lugar está el último proyecto que llevó a la Corte de Apelaciones de Valparaíso: el Edificio Makroceano, ligado a los desarrolladores Raphael Huppertz y Francisco Lira. En este caso, interpuso un reclamo contra la actual alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, quien no accedió a invalidar el permiso del proyecto de 9 pisos.

También en la región de Valparaíso, Muñoz se ha enfrentado con el proyecto Las Salinas del grupo Angelini. La iniciativa busca sanear un terreno de 16 hectáreas donde se ubicaban varias empresas de combustibles, para luego levantar un parque y un conjunto habitacional.

Actualmente, el proyecto está para revisión del Comité de Ministros y sería uno de los cuales el Ministerio del Medio Ambiente espera zanjar antes del cambio de mando.

“Es un caso en donde se enfrentan intereses muy fuertes. Una de las familias más acaudaladas del país poniendo en riesgo el bienestar de una ciudad (...) En ese sentido el rol de Gabriel ha sido importante para inclinar en algo una balanza de por si dispareja”, cuenta Hernán Madariaga, vocero del Comité Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar.

Los tres últimos golpes del abogado no están en su región. Y curiosamente, uno está en el norte, otro en el centro y el último en el sur del país.

En la Corte de Apelaciones de Antofagasta, Muñoz es representante de una comunidad atacameña que tiene paralizada la licitación del litio que fue adjudicada en enero de este año a BYD Chile SpA y Servicios y Operaciones Mineras del Norte.

“Siempre vamos como David contra Goliat. En este caso el poder judicial tuvo un gesto muy interesante, ya que caratuló el caso con el nombre de la presidenta de la comunidad (Lady Sandón) contra el Presidente de la Republica”. “Yo solo espero que se escuchen a las comunidades, ojalá algún día se haga el trabajo bien y a mi se me acabe la pega. Pero hoy tengo más pega que nunca”, dice.

En la región Metropolitana, en tanto, es el abogado de la agrupación Salvemos el Parque Forestal, que busca una serie de mitigaciones en la Línea 7 del Metro. Este caso también debería ser definido por el Comité de Ministros antes del 11 de marzo.

Finalmente en Valdivia, Muñoz es el abogado de un grupo de vecinos que se oponen al Mall de Paseo Valdivia de la empresa Pasmar. La junta de vecinos Carlos Andwandter, pide que el centro comercial ligado a Jack Mosa realice un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ya que estaría cercano a una zona arqueológica.