Se convirtió en el símbolo del estallido social el 18 de octubre de 2019 y desde esa fecha la llamada Zona Cero no ha tenido tregua en medio de una batalla que se prolonga todos los viernes, ante la indolencia de las autoridades, que decidieron abandonar ese emblemático sector antes del cambio de mando del 11 de marzo.

La Plaza Baquedano o Plaza Dignidad –como fue rebautizada por los movimientos sociales- sufre los avatares de una zona que pareciera estar en guerra. El olor a bomba lacrimógena está impregnado en ese cuadrante de Santiago, donde las estadísticas muestran un exponencial aumento de los delitos violentos en un 125%. Quedan solo unos pocos comerciantes que han resistido estos más de dos años de manifestaciones y que han defendido sus locales, arriesgando incluso sus vidas, con la incertidumbre permanente respecto de si será posible continuar trabajando en aquella zona que, por décadas, dividió en dos al Gran Santiago.

Cuando faltan solo cuatro viernes para que asuma como presidente, Gabriel Boric se enfrenta a una gran prueba que podía granjearle una victoria significativa si logra detener la violencia, que no ha cesado en lo que fue el epicentro del estallido social y hasta donde él mismo llegó para encarar a militares que estaban usando armas de guerra, una vez decretado el estado de emergencia. Seguramente ese 19 de octubre de 2019 no se le pasó por la cabeza que en un poco más de dos años le correspondería a él dirigir el país, curar las heridas que provocó la revuelta social. Pero además, resolver cómo se enfrenta a esos manifestantes que todos los viernes llegan sagradamente a exigir la libertad de los “presos de la revuelta”. Obviamente, esa última tarea no la dirigirá él, si no será la ministra del Interior, Izkia Siches, junto a su subsecretario, Manuel Monsalve, quienes deberán idear un plan para sortear este complejo tema que los vecinos de Plaza Baquedano y la opinión pública estarán observando.

En el ministerio del Interior, por lo tanto, será clave la designación del jefe jurídico, pues él deberá sintonizar con el perfil que Gabriel Boric quiera imprimirle a este difícil materia que es la seguridad. En qué casos se presentarán querellas criminales, se retirarán o no aquellas por Ley de Seguridad Interior del Estado, interpuestas por la administración Piñera. Lo concreto es que el Presidente electo estima que se trata de una “mala ley, que ha alargado las prisiones preventivas de manera absurda y que ha hecho mucho daño”. Pero también aseguró que “va a haber que evaluar caso a caso".

Ciper cifró esta semana en 70 personas las que se encuentran en prisión preventiva por causas relacionadas con el estallido. De ellas, 63 esperan un juicio oral y 7 ya fueron sentenciadas. El dato preocupante es que 6 detenidos llevan más de700 días en prisión preventiva, lo que excede los estándares de Derechos Humanos en materia de personas privadas de libertad.

En el último debate televisivo del 13 de diciembre, Boric aseguró que “no vamos a permitir que (las policías) ocupen escopetas antimotines” en manifestaciones en concordancia con los organismos de derechos humanos. Este es un tema sensible que ha llegado a tribunales, donde las Cortes de Apelaciones de Valparaíso y Concepción han acogido recursos de protección para que esas armas no sean ocupadas. Sin embargo, luego fueron revocados. E incluso las escopetas antidisturbios fueron usadas en la tarde del 20 de enero en enfrentamientos entre policías de la PDI y manifestantes que llegaron a protestar a “La Moneda Chica”.

Unas pocas cuadras más abajo, los cortes de tránsito y desvío de los vehículos ocurren todos los viernes después de las 17 horas pero, según los propios vecinos, los manifestantes que llegan hasta el lugar no superan las cien personas. ¿Por qué, entonces, no es posible disuadir a ese número acotado? ¿Por qué el zócalo de la estación Baquedano, el principal acceso del metro de Santiago se mantiene cerrado desde el mismo 18-O, permitiendo que afloren las incivilidades?

Metro respondió a La Segunda que "dadas las condiciones actuales de afluencia, no tiene contemplado habilitar por ahora el acceso de estación Baquedano, ubicado en la plaza hundida del sector”. Y respecto de la definición futura de ese espacio, la empresa dijo que “debe ser parte de la solución integral que se determine para ese sector, considerando también la implementación de la futura combinación con el proyecto de Línea 7".

Extraña que el principal acceso a Baquedano haya permanecido cerrado, sin que el delegado presidencial, ni las autoridades de Interior, ni del tren subterráneo hayan dado la orden de extraer las piedras que hicieron elevar en más de un metro y medio la superficie del zócalo, tapizando el suelo con los proyectiles lanzados hasta ese lugar. Pero extraña aún más que el gobierno se haya cruzado de brazos a la espera de que esos metros de piedras siguieran aumentando, conociendo de sobra la “teoría de las ventanas rotas”. Aquel experimento social que consistió en dejar un auto abandonado en la calle, en el sector del Bronx, en Nueva York, el que comenzó a ser vandalizado en pocas horas. Esto porque los signos visibles de la delincuencia y los disturbios crean un entorno urbano que fomenta los delitos graves, tal como se evidencia en Plaza Baquedano.

Para el dueño de la exfuente alemana, Carlos Siri, no ha existido voluntad política para enfrentar la delincuencia en el sector. “Me he juntado con todo tipo de autoridades para entregarles los antecedentes que hemos recopilado”, asegura. De hecho, hace pocos días le hizo proporcionó a la Fiscalía y a Carabineros videos de vecinos tomados desde distintos lugares que registran quiénes son las personas que llegan a provocar los desórdenes, bajo la consigna de “libertad a los presos de la revuelta”.

El espiral de violencia que allí se ha ido incubando obliga una intervención inmediata y de aquí en adelante lo que ocurra será responsabilidad del Estado, advierte Siri, quien el viernes pasado se defendió con un rifle a postones tras recibir amenazas en su contra. El comerciante es tajante y asegura que “el gobierno de Sebastián Piñera entregó la Plaza Italia, así como entregó la macrozona en el sur”.

Junto a Francisca Fernández, dueña de la fuente de soda Blasco -ubicada en la explanada de Plaza Italia, a un costado del Teatro de la U. de Chile, se organizaron y crearon la federación «Nuestro Centro», una plataforma gremial que agrupa a locatarios y emprendedores de cinco barrios (Plaza Italia, Bustamante, Bellavista, Lastarria, y Bellas Artes). El objetivo es reactivar el sector gastronómico, cultural y comercial de esas zonas.

Fernández es la presidenta y asegura que las personas que llegan los viernes lo hacen para destruir y amenazar a los locatarios o al que se les cruce. “Lo que sucedió con Carlos Siri, no solo le ha pasado a él. Aquí han existido golpizas a gente que no es conocida. Estamos con un problema de orden público y de delincuencia desbordada los viernes”.

El estrés entre los vecinos residentes de Baquedano no se ha detenido en estos dos años y muchos de ellos han debido abandonar sus inmuebles por el temor e inconvenientes que les produce vivir en el sector.

Dos cadenas de farmacias abandonaron la zona, los bancos y un gimnasio cerraron sus puertas, mientras el deterioro es cada día más palpable. El hotel Crown Plaza funciona como residencia sanitaria y el sector donde está el monumento a Carabineros en las inmediaciones al Parque San Borja tiene unos bloques de cemento que imposibilita el acceso, pero ha fomentado las incivilidades, pues el área está supuestamente protegido y es usado como una “caleta”, especie de escondite.

La alcaldesa de Santiago, Irasí Hassler, asegura que su prioridad es la reactivación económica y cultural del sector aledaño a la plaza. “Desde el municipio hemos tomado contacto con las comunidades, así como con las autoridades nacionaldes para solicitar que se resguarde esa zona con una estrategia distinta a la que se ha venido usando que no consiguió aplacar el conflicto, si no que generó mayor violencia”, acusa la alcaldesa.

En el municipio capitalino esperan que las nuevas autoridades de gobierno puedan afrontar de una forma distinta los problmas de violencia que perturban gravemente la convivencia y que se alejan dxe la expresión masiva y ciudadana de lo que fue el estallido social.

La pregunta que surge es si el Presidente electo, Gabriel Boric, le pondrá un plazo a uno de sus ministros para resolver lo que se vive todos los viernes en Plaza Baquedano, así como lo hizo Ricardo Lagos con la entonces ministra de Salud, Michelle Bachelet, quien en tres meses debió terminar con las colas en los consultorios.