“María es una de las caras femeninas de la Plaza Dignidad, abogada de los ‘primera línea', defensora de presos políticos y fue una de las que interpuso una querella contra Piñera por los delitos de lesa humanidad que cometió tras el 18 de octubre. Además, María no se queda atrás si se trata de denunciar las trampas de los partidos políticos de los mismos de siempre, incluidos el Frente Amplio y el PC”.

Estas líneas de noviembre de 2020 son parte de un perfil que el diario electrónico «La Voz de los Trabajadores», órgano oficial del Movimiento Internacional de Trabajadores (MIT), le realizó a la hoy convencional María Rivera Iribarren (64), meses antes de la elección de constituyentes. El bosquejo de la figura de esta abogada es particularmente exacto: si bien su participación al interior de la Convención no ha sido relevante, sus últimas posturas han concitado un amplio rechazo incluso al interior de la izquierda.

Ayer, sin ir más lejos, su propuesta de crear una Asamblea Plurinacional de las y los Trabajadores y los Pueblos (órgano que vendría a reemplazar a los tres poderes del Estado y de la cual sólo podrían participar “asambleas de base por rama de sectores productivos y servicios, comunales, pueblos originarios y suboficialidad de las Fuerzas de Armadas”), fue abiertamente rechazada por el exvicepresidente de la Convención, Jaime Bassa, y por la convencional Constanza Schonhaut.

Más allá del rechazo, el tema escaló a tanto que incluso el presidente electo, Gabriel Boric, a través de su cuenta de Twitter, destacó las declaraciones de Bassa y Schonhaut. Esto, en medio complejas semanas que ha vivido la Convención por las críticas que, incluso desde la izquierda, han aparecido por algunas normas votadas en las subcomisiones y la falta de liderazgo en el órgano.

Según «La Voz de los Trabajadores», Rivera comenzó su militancia a los 12 años como “activista” de la candidatura de Salvador Allende en 1970. Antes del golpe, estuvo ligada al Frente de Estudiantes Revolucionario, estructura dependiente del MIR. En 1980 fue detenida por la CNI, lo que, tiempo después, la obligó a exiliarse en Argentina. De hecho, aparece con el número 20.738 en la lista de personas reconocidas por la comisión Valech como víctima de prisión política y tortura.

Con la beca de reparación otorgada por el Estado estudió Derecho en la U. Bolivariana y en 2008 fue una de las fundadoras de la llamada Defensoría Popular (hoy Defensa Popular), organización que defiende a “personas y organizaciones que son reprimidas por los organismos de seguridad pública” (según se lee en su sitio web). Es como abogada de ese organismo que tuvo un rol como defensora en el llamado “caso bombas”.

Su trabajo en la Convención (distrito 8) se ha ajustado a este perfil. Fue autora de la moción que plantea una amnistía “total y sin condiciones” a quienes hayan cometido delitos de “intencionalidad política” desde 1990, que incluiría a los condenados por el asesinato al senador Jaime Guzmán o al anarquista Francisco Solar (exdefendido de Rivera en el “caso bombas”) y quien reconoció haber enviado una bomba al exministro Rodrigo Hinzpeter.

En diciembre pasado, y en medio de un debate en el pleno de la Convención, señaló que “la violencia en este país la provoca y ejecuta quien tiene el monopolio de las armas, y ese es el estado capitalista. No me pidan que condene la violencia de la primera línea, por ejemplo, que enfrentó a la represión de carabineros a partir del 18 de octubre. No me pidan que condene la violencia que ejecuta el pueblo Mapuche como autodefensa que es legítimo, que es un derecho”.

Su actuación en todo caso no ha pasado desapercibida. “No la conozco ni personal ni profesionalmente. Es primera vez que escucho de ella, pero parece raro que un profesional formado en Derecho pida, no sólo la disolución del Estado como lo está pidiendo, sino que incluso incluye al poder judicial”, señaló esta mañana el abogado Luciano Fouillioux.

El cientista político Marco Moreno, en tanto, advierte que las “propuestas de convencionales como Rivera complican al PC al quedar atrapado entre optar por un rol de articulador más político dentro de la CC o inclinarse por la lógica identitaria de los movimientos sociales”.

@ConySchon Que no se siembre el pánico. La propuesta es solo de 8 Convencionales y se vota en comisión de Sistema Político. Como muchos, tiene mi voto en contra porque está fuera de todo el marco democrático que se ha sostenido para el diseño de la nueva constitución. Constanza Schonhaut Soto

@AxelCallis Kim Jong-Un mira atónito cómo María Rivera se le mete por la izquierda...

Axel Callís R.

@rcaramori Justamente por presentaciones descabelladas que rondan el ridículo como las de María Rivera, y que se hacen solo c/el fin de figurar, es que quienes estuvimos x el apruebo muchas veces nos sentimos decepcionados por no estar aprovechando una instancia histórica para todo nuestro país.

Rodrigo Caramori

@lcruzcoke El desenfreno irresponsable y la arrogancia totalitaria está cansando hasta al más voluntarista y de buena fe. Un proceso que se desliza por la pendiente del fracaso empujado por extremistas pero con la anuencia de muchos que callan por miedo. Extraña el mutismo de @gabrielboric Luciano Cruz-Coke

@Jaime_Bassa En la CC no hay temas vetados, de eso se trata la democracia, pero esta iniciativa no prosperará. El proceso permitió abrir discusiones históricamente postergadas, expresadas en propuestas que profundizarán nuestra democracia. Ahí estarán las mayorías. Jaime Bassa

@JoignantAlfredo Que la constituyente María Rivera haya propuesto la disolución de los poderes del Estado es un payaseo incalificable. Bassa y norma que disuelve poderes del Estado: “Se trata de una propuesta que está fuera de los márgenes culturales”.

Alfredo Joignant