Confiada en la amistad con Naím Jadue, uno de los socios de K2, firma de asesoría de inversiones, la abogada Bernardita Díaz, representante de la sociedad familiar San Patricio, le confió en mayo de 2016 la administración del patrimonio forjado con su marido a lo largo de 30 años que alcanzaba los $2 mil millones.

En el contrato de administración discrecional se acordó que solo si San Patricio ganaba dinero, K2 recibiría un premio por éxito.

La historia terminó mal: en octubre del año pasado Díaz, abogada de la U. de Chile y master en Leyes de Harvard, solicitó una medida prejudicial preparatoria al 11 Juzgado Civil de Santiago y la exhibición de una serie de documentos para presentar posteriormente acciones civiles y penales.

La medida, patrocinada por el abogado Cedric Bragado, socio histórico del penalista Alfredo Etcheberry y hoy en su propio estudio, fue dirigida contra Jadue, Alejandro Parraguez y Hernán Martínez, socios de K2, y Cristián Araya. Tienen un pasado común: Jadue, Parraguez y Araya trabajaron juntos en Banchile.

Araya fue multado en 2014 por la Superintendencia de Valores (hoy Comisión para el Mercado Financiero, CMF) con 75 mil UF ($2.342 millones) por violar la Ley de Mercado de Valores como gerente de inversiones de Banchile en operaciones realizadas entre 2009 y 2011 en el caso Cascadas. A raíz de la sanción, que fue reclamada por Araya en la Corte de Apelaciones, éste debió dejar la presidencia de Tanner y vender el 7% de la corredora que había comprado un año antes.

El patrimonio de San Patricio, la sociedad de la pareja, fue administrado por K2 hasta mayo de 2018, cuando a raíz de un sorpresivo viaje de Jadue al extranjero por seis meses, Cristián Araya se hizo cargo de la gestión de los ahorros.

“Los cónyuges confiaron (en Araya) porque les fue presentado como un socio de K2. En efecto, Araya compartía oficinas con los socios de K2, enviaba y recibía correos electrónicos en que figuraban también socios de K2”, se lee en el escrito.

A pesar de las apariencias y de que Araya es socio de Jadue, Parraguez y Martínez en “Asesorías e Inversiones A&C SpA” y de Jadue en “Inversiones UAZ Chile SpA”, que vende jeeps de lujo, indica el expediente, no lo es de K2.

En paralelo al nuevo papel que asumió Araya, uno de los cónyuges enfermó muy gravemente, lo que lo distanció de la administración y de las decisiones sobre su patrimonio.

Desde 2016, en conocimiento de la pareja, su dinero fue invertido en operaciones simultáneas con las corredoras de bolsa Tanner y Security, principalmente, ya que K2 no es intermediaria bursátil. Estas consisten en la compra de acciones, gracias a un crédito que otorga la corredora, y que tiene como garantía los papeles. Cuando el precio de las acciones cae en forma importante éstas se venden y la corredora cobra el préstamo.

En marzo de 2020 la pareja se enteró que San Patricio había sido endeudada por Araya en $7 mil millones —3,5 veces su patrimonio— en simultáneas con las mencionadas corredoras. Y ante las caídas bursátiles que generó la pandemia todo se complicó. La acción de Vapores en que estaba invertido mayoritariamente su patrimonio bajó. Araya informó a la pareja que los papeles de la firma serían vendidos. De los $2 mil millones originales, la sociedad pasó a registrar saldo cero y quedó debiendo dinero a las corredoras por los préstamos contratados por Araya para las simultáneas.

“Araya había mantenido endeudada a San Patricio de manera irracional, lo que hizo imposible su refinanciamiento”, afirma el expediente haciendo referencia a que de no haber estado tan endeudada la sociedad habría podido renegociar sus préstamos como suele ocurrir, pero fue imposible por los altísimos intereses.

Detrás de ese alto endeudamiento que se originó cuando Araya tomó la administración en 2018 existe una razón: “realizar la mayor cantidad de operaciones de compra y venta de acciones”, sostiene el escrito, porque por cada una San Patricio pagaba una comisión a las corredoras “que luego reembolsaban en un 80% a K2, a sus socios y a Araya, sin que éstos hubieran informado ni pedido autorización expresa a San Patricio”. Y lo describe como un gravísimo conflicto de interés, ya que lo que se debe proteger es el patrimonio del cliente y no el de los mandatarios.

San Patricio precisa que fueron $800 millones los que recibieron K2, sus socios y Araya por comisiones ocultas. Y plantea que el esquema de operaciones reiteradas de compra y venta de acciones realizadas por Araya con las dos corredoras de bolsa constituye un ilícito llamado “excessive trading”. Consiste en dar excesivas órdenes de compra o venta de acciones “con el fin de obtener comisiones ocultas y el pago de intereses excesivos”, se lee en el expediente.

El escrito agrega que San Patricio se reserva el derecho de presentar una denuncia ante la CMF contra Araya, Jadue, Martínez,Parraguez y K2 y ejercer las acciones penales que correspondan. Y anuncia que demandará a cada uno de los mencionados por indemnización de perjuicios solidaria por $13.473 millones por daño emergente y lucro cesante.

José Clemente Coz, abogado de Araya, Jadue, Parraguez, Martínez y K2, socio de Coz, Jofré & Blavi, afirma que “en el contrato con el cliente que era el abogado Francisco González (cuyo nombre no figura en la medida prejudicial) aparecía la existencia de un rebate que es una comisión, pero no se especificaba el porcentaje”. Agrega que no fueron $800 millones en comisiones, aunque no tiene claridad a cuánto ascendieron.

Y asegura que el cliente firmó y, por ende, autorizó todas las operaciones simultáneas, pero según consta en el expediente ni K2 ni Araya exhibieron dichas autorizaciones en el tribunal.