En un café de Vitacura, ubicado a un par de cuadras de una prestigiosa clínica privada, Victoria Beaumont comenta: “por mi padre, quien fue médico cirujano de la Posta Central, comprendo lo que es el servicio público. Pero lamentablemente los sistemas fuertemente públicos se caracterizan por ser caros y no responder adecuadamente a las necesidades de las personas”.

Hace 22 años, la periodista de la Universidad Andrés Bello, cientista política con un máster en política pública de la UDD, está involucrada en la evaluación del impacto de las regulaciones del sector salud público y privado. “Mi trabajo ha consistido en construir argumentos técnicos y políticos para la mejor toma de decisiones en esta área”, dice.

Su interés por este tema surgió con la reforma de salud del año 2000. “El gobierno de la época propuso destinar 2/7 de la cotización de salud de los cotizantes de isapres a un fondo común para financiar la salud pública. Eso generaba un impuesto adicional a quienes estaban en el sistema privado. Escribí un paper dirigido al Congreso demostrando esta carga impositiva adicional a la clase media. Entonces el proyecto no prosperó y se generó el GES”, recuerda.

Desde entonces, Beaumont, creadora de la consultora Altura Management (2000) y de la fundación Politopedia (2015), ha alzado su voz para defender a los afiliados tanto de isapres como de Fonasa. Y con tono preocupado enfatiza el “gravísimo” ambiente de la Convención que pretende modificar el sistema de salud hacia un modelo de seguro único estatal. Ese escenario la impulsó a levantar la propuesta popular para la nueva Constitución, “Tu salud, Tu cotización, Tu derecho”. Creada en enero, la iniciativa debe reunir hasta este domingo, día de cierre de propuestas, quince mil firmas para lograr ser estudiada y sumarse a la nueva Carta Magna –al momento de cierre se acercaba a las 1.900–. “Nuestra iniciativa quiere unificar los sistemas público y privado creando un Fondo Único de Compensación de Riesgo. Esto abarca las cotizaciones individuales y los aportes estatales. En este sistema cada uno conserva su autonomía escogiendo su asegurador y también médicos y centros de salud; puede incluir actores similares a las isapres y un Fonasa fortalecido”, explica.

–¿La incertidumbre en la Convención, sobre si podrá escoger entre un sistema público y privado, la incentivó a presentar esta iniciativa?

–Absolutamente, me impulsó a poner en el tapete el riesgo que significaría modificar nuestro modelo hacia un seguro estatal. Chile no está preparado para un sistema así, pues el impacto de esta implementación sería muy alto para una población que necesita de la complementariedad pública y privada. Esta alianza ha sido enriquecedora en los últimos cuarenta años. Modificar el modelo de Fonasa implicaría dejar al país mucho más vulnerable en su protección de salud que construir uno nuevo público-privado como el que proponemos.

–Se ha caído en una dinámica donde lo estatal y lo privado son antagonistas en temas de la administración de la salud, ¿A qué lo asocia?

–Así es, pero la nueva Constitución no puede excluir a nadie. Se trata de buscar la mejor forma de colaboración en la búsqueda de un sistema de salud resolutivo para todos. Sólo Estado o sólo privado es una mirada excluyente. Sobre todo, cuando se cuentan con experiencias virtuosas de complementariedad público privada en el mundo. Como el caso de Francia, un modelo único administrado por aseguradores privados en competencia, sin fines de lucro. El 100% de los franceses están protegidos por el sistema público, pero un 96% también tiene un seguro complementario privado.

–Algunos plantean una propuesta de un sistema único de salud como el de España o Inglaterra; ¿podrían ser viables en Chile?

–En Reino Unido, el National Health Service, otrora modelo a seguir por muchas naciones, declaró una lista de espera cercano a seis millones de personas en octubre 2021 para intervenciones quirúrgicas electivas. Canadá, que ha seguido sus pasos, tiene 1.200.000 en listas de espera. Ambos países se han tomado muy en serio este problema, pero han fracasado. Al final tienen listas de espera similares a nuestro sistema público siendo mucho más ricos que Chile, con un PIB per cápita que casi nos duplica.

–El modelo actual de salud estatal se financia con los aportes de los afiliados (30%) y del Estado (70%), en cambio las isapres en un 100% con los de sus afiliados, ¿Qué ha generado este mecanismo en el sistema privado?

–Esto produjo un sistema privado con incentivos para diferenciar entre cotizantes. Y además que el incremento del gasto en salud se traslade directamente al precio de los planes. Son las dos principales críticas a las isapres. El aumento del gasto de isapre en los últimos diez años ha sido de un 65%. En el sistema estatal el precio está definido como el 7% de la cotización de salud. Pero el mayor gasto ha sido asumido por el Estado, que ha crecido un 160% en la última década.

–A su juicio, ¿qué rol debe tener el Estado en la salud de los chilenos? En la Constitución actual se establece que protege libre e igualitariamente el acceso a la protección y rehabilitación del individuo.

–En ella dice que es su deber preferente garantizar la ejecución de las acciones de salud, ya sea a través de instituciones públicas o privadas y en las condiciones que determine la ley, la que podrá establecer cotizaciones obligatorias. También que cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud, estatal o privado. A mi juicio el Estado debe velar por crear las condiciones para que cada uno pueda ejercer su derecho a tener una vida saludable y recibir la asistencia médica oportuna en igualdad de condiciones.

–¿Cómo evalúa el rol de la comisión de economía de la Convención, que determinará cómo el Estado definirá aquellas actividades económicas donde podrá desarrollarse el emprendimiento privado?

–A mi juicio es gravísimo, pues elimina la libertad de emprender a los privados. Si esto se aplica en salud, afectaría al 80% de los cotizantes de Fonasa. Hoy hay 12 millones de personas que están en Fonasa y tienen derecho a la Libre Elección, con lo que pueden ir a una consulta de un centro privado. Son más de 10 millones de consultas médicas que pasarían a abultar la lista de espera. Así de inmediato es el efecto cuando el Estado interviene la economía.

–¿Cuál es la principal crítica que le hace a las isapres?

–El sistema privado de isapre otorga acceso a la atención oportunamente, con una oferta variada de convenios. Sin embargo, se ha encarecido, sin permitirle crecer, representando hoy el 18% de los chilenos. La principal queja de los cotizantes es el alza de los precios y la selección. Desde el 2010 está pendiente una reforma para solucionar la controversia del mecanismo de adecuación de precio, pero al no prosperar la judicialización, ha alcanzado cifras históricas. Esos gastos, al 2021, bordean los 15 mil millones de pesos; el gasto en licencias médicas 1 billón, y en prestaciones 2.3 billones.

Y agrega:

–Las isapres enfrentan crecientes costos y dificultades en su adecuación de precios, siendo el traspaso directo del alza a los clientes cada día más difícil; llevan dos años sin adecuar precios. Los prestadores privados tienen un alto nivel técnico, pero a algunos actores les ha costado incorporar modelos de riesgo compartidos con el sector público, como generar estrategias de homologación común para agregar transparencia al sector.

–Asimismo, el sistema de salud público ha incrementado su gasto en los últimos diez años, ¿Esto no ha sido suficiente para mejorarlo?

–En un 160%, sin embargo, esto no ha sido suficiente para resolver los graves problemas que presentan. Las listas de espera se han mantenido casi invariables ante este importante incremento de recursos. Hay que destacar que Fonasa ha hecho un esfuerzo importante para hacerse cargo de estas deficiencias, estableciendo convenios con diversos actores. La modalidad de Libre Elección de Fonasa, a la que tienen acceso doce millones de personas, y que cada año utilizan ocho millones, es una válvula de escape que ha evitado mayores listas de espera.

–El presidente Boric pretende crear un Seguro Único Estatal de Salud eliminando a las isapres, las que podrían ofrecer seguros complementarios; ¿Qué consecuencias traería el fin de estas instituciones?

–Eliminar las isapres provocaría el incremento del gasto en el sector público debido a que la cotización obligatoria no es suficiente para financiar las prestaciones de salud y las licencias médicas de sus actuales beneficiarios. Lo anterior, porque los aportes adicionales voluntarios no podrían formar parte del Fondo. El costo del monopolio estatal lo pagan las personas, porque las deja sin alternativas de atención frente a la falla del Estado. Nos vamos a quedar con un monopolio respecto al seguro público. Se concentrará el precio y los proveedores se verán exigidos en cumplir precios que no lograrán. Con monopolios así generas desabastecimiento. Por eso el modelo de salud planteado por Boric nos hace retroceder 50 años.

–¿Cree que una transformación al sistema de salud en Chile obedece a un desafío político?

–Sí, porque si bien muchos técnicos podemos concordar en el diagnóstico, tenemos distintas soluciones. Finalmente es una decisión política, porque son nuestros representantes en el legislativo quienes deben plasmar en este sistema de salud aquellos derechos que queden consagrados en la nueva Constitución. Es un desafío que requerirá mucho diálogo y sentido común.

–¿Debería la nueva Constitución establecer criterios explícitos sobre cómo organizar el sistema de salud?

–No debiera plasmar modelos de política pública de salud, sino las definiciones de derechos, libertades individuales y los límites al poder del Estado. Otro elemento que no puede quedar fuera es la tecnología. El cambio en el sistema de salud es gigante y es muy difícil saber cómo será en 50 años. La próxima Constitución debería dar un marco de flexibilidad que le permita a Chile subirse a este carro. Pero lamentablemente la pulsión estatista dominante en la Convención nos puede llevar a soluciones demasiado rígidas para incorporar los cambios.