Nunca antes en Chile existieron tantas autoridades que se reconocen parte de las disidencias sexuales o de género: una alcaldesa, una quincena de concejales, cuatro diputadas y siete constituyentes fueron electos en el último año. Dos de estos últimos, Gaspar Domínguez y Tomás Laibe lograron hace dos semanas vicepresidencias de la Convención. Otro, Pedro Muñoz, ya había ejercido esas labores en la primera mesa del órgano.

A esto se suman dos futuros ministros, los primeros que se reconocen homosexuales: Marco Antonio Ávila (Educación) y Alexandra Benado (Deporte).

Atrás van quedando años en que los niveles de discriminación minaban la electibilidad de quienes revelaran estados distintos de la heterosexualidad. Sólo en 2012 fue electo por primera vez una persona abiertamente homosexual para un cargo público (Jaime Parada, como concejal de Providencia). Y ello ocurrió recién 13 años después de que en 1999 se eliminara la penalización de la sodomía, tras un larguísimo debate y entendida entonces como relaciones entre personas del mismo sexo.

Así y apenas instalada la Convención, los siete constituyentes de las diversidades establecieron una “Red de Constituyentes Disidentes”, como un espacio de visibilización y de coordinación política. “Estamos trabajando en un estatuto de derecho antidiscriminatorio, pero también nos reunimos con las cuatro diputadas electas de las disidencias sexuales. No sólo necesitamos consagrar derechos en la nueva Constitución para las disidencias sexuales, sino que también tenemos que darle un desarrollo legislativo e institucional que garantice esos derechos”, explica el constituyente Pedro Muñoz.

Es en este contexto que se va configurando un nuevo mapa de poder al interior de las organizaciones y de los activismos por las disidencias sexuales, marcado por el surgimiento de nuevas organizaciones, nuevos liderazgos y de un variado universo de manifestaciones.

Algunos liderazgos de ese mundo consultados por “La Segunda” coinciden en que hasta los 2000 hubo una marginalización política de las disidencias, incluso al interior de la centro-izquierda. “Se han multiplicado no sólo las organizaciones; las demandas también surgen con más fuerza. No sería correcto pensar que somos una minoría excluida, que no forma parte de la toma de decisiones, sino que estamos ahí para poner sobre la mesa nuestras demandas”, dice la directora ejecutiva de la fundación Iguales, Isabel Amor.

Muñoz, actual constituyente con años de activismo LGTB en Valdivia, cree que hoy la causa es popular: “Las diversidades sexuales tuvimos un peso relevante para que Gabriel Boric llegara al poder. Hoy somos una fuerza electoral dentro del país y eso va a cambiar el esquema político, porque no se va poder hacer política nunca más sin nosotres”.

Jaime Parada, exvocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), apunta un matiz al decir que “no sé si somos capaces de mover una aguja electoral al punto de cambiar una tendencia, pero sí somos parte de un grupo de personas movilizadas, con voz pública y con capacidad de articulación”.

Hoy la Convención concentra la labor política más importante de las disidencias. El 22 de diciembre pasado, la fundación Iguales expuso ante la subcomisión de Derechos Fundamentales tres principios que debería recoger la nueva constitución: reconocimiento de la diversidad familiar (señalar expresamente que existen distintos tipos de familias, sin “describir sus características”); elevar a rango constitucional la “no discriminación”, que mandata la ley 20.609 y consagrar el principio de autonomía personal (desarrollo de la libre personalidad).

Otros grupos como las Disidencias Unidas Reconstruyendo Alianzas Sexopolíticas (D.U.R.A.S, que congrega a 42 organizaciones) han ingresado tres iniciativas populares de norma, si bien ninguna está cerca de lograr las 15 mil firmas necesarias para su discusión en la Convención: una, para reconocer el derecho a la identidad (incluyendo características sexuales, identidades de género, expresiones de género, etc. y que hasta el momento tiene 4.524 firmas); otra para el reconocimiento de diversas formas de familia (5.069 apoyos); y una para el derecho a la igualdad y no discriminación (2.129 apoyos).

“Hay que seguir luchando por llegar a los espacios de poder, luchando por el reconocimiento de derechos y diseñando instituciones que respondan a la diversidad de la sociedad. En la Constituyente estamos haciendo eso: un espacio de transformación institucional”, indica Pedro Muñoz.

En el Congreso, las disidencias ponen sus ojos en cuatro diputadas electas que iniciarán sus labores en marzo. Si bien en esta última legislatura existió un grupo “transversal de la diversidad” (que agrupó a congresistas desde el PC a RN); lo cierto es que Emilia Schneider (la primera diputada trans); Camila Musante y María Francisca Bello (las primeras bisexuales) y Marcela Riquelme (la primera lesbiana), todas electas bajo la coalición Apruebo Dignidad, serán integrantes de la primera “bancada de las disidencias”.

“Será tarea difícil articular a las organizaciones sociales en función de los objetivos en el Congreso: educación sexual integral; derechos sociales para las diversidades; acceso al trabajo y combatir la violencia y la discriminación”, dice Emilia Schneider.

En esa línea, María Francisca Bello indica que los principales desafíos de la bancada serán “mejorar la legislación existente, como la ley Zamudio y la ley de identidad de género; avanzar hacia una ley de salud trans, que sea integradora y donde el Estado financie los policlínicos y los tratamientos”.

Pensando en el gobierno entrante, varios consultados apuntan a quienes pueden tener una voz importante en el próxima administración. Además de Schneider, se mencionan nombres pertenecientes a Convergencia Social (el partido del presidente electo, Gabriel Boric) como la alcaldesa de Melipilla, Lorena Olavarría; el abogado Rodrigo Mallea; y el doctor en Estudios Latinoamericanos Matías Marambio. También se nombra a la activista Constanza Valdés (Comunes).

Esta articulación política reconoce a las disidencias que se comenzaron a articular hacia finales de los 80' (como el Movilh), no obstante que el cambio experimentado en el último lustro provocó que de las luchas testimoniales se pasara a la incidencia política.

“Los nuevos activistas y movimientos encontraron un espacio. Tienen muchas más herramientas con las que contaban los movimientos de los 80' y 90', para poder hacer una incidencia mucho más directa en la política y en los espacios de poder. No hay que desmerecer que el Movilh histórico logró que se derogara el delito de sodomía. Pero claro, era un activismo que tenía otros puntos de vista: muy callejero, cuando protestaban por la falta de apoyo por el VIH se encadenaban para exigir medicamentos”, cuenta Érika Montecinos, activista y una de las fundadoras de la Agrupación Lésbica Rompiendo el Silencio.

Antes solo sonaba el Movilh, hoy son mencionadas entre las principales organizaciones la fundación Iguales; Organizando Trans Diversidades (OTD); Agrupación Rompiendo el Silencio; fundación Todo Mejora, y el sindicato Amanda Jofré (trans), todos fundados desde 2002 a la fecha. Ellas, se apunta, están realizando el llamado trabajo de “incidencia política”: firmando convenios con el Estado, trabajando con los municipios, dictando talleres, estableciendo lazos con universidades, colaborando con la empresa privada o haciendo lobby en el Congreso. En definitiva: influyendo en la formulación e implementación de políticas públicas.

Como expresión de diversidad, no todas las disidencias comulgan. “Los sectores más radicales postulan que todo esto debería ser una transformación que tiene que venir desde la raíz, echando abajo las estructuras, construir formas de diálogo horizontales y no verticales con las autoridades”, explica Montecinos.

Isabel Amor de Iguales, añade que hay otras organizaciones que no son visibles y que hacen trabajo de bases. “Tienen, generalmente, el primer contacto con las personas en sus comunidades. Hay organizaciones que están enfocadas en temas, por ejemplo, hay algunas que sólo se dedican a la prevención del suicidio de adolescentes de la diversidad sexual; también están las que siguen ligadas al VIH-Sida”. Entre estas organizaciones de más bajo perfil se mencionan a las fundaciones Selena y Juntos Contigo, que trabajan con niñas, niños y adolescentes transgénero.

Además, no todos los activismos nacen de las organizaciones de disidencias. Ni Gaspar Domínguez ni Marcela Riquelme, por mencionar dos nombres, provienen de estos espacios. Jaime Parada dice que “el fenómeno es interesante: se amplían los y las representantes y eso nos lleva a un mundo donde las organizaciones de la diversidad sexual dejan de tener la voz oficial del movimiento disidente, donde las personas individualmente, con su trayectoria, pueden tener un rol público”.