El impulso inicial que tuvo la crítica del presidente electo, Gabriel Boric, a la licitación del litio, ahora parece estar complicando al interior de la coalición que gobernará a partir de marzo. Aunque tras la reunión con el Gobierno de la semana pasada, sus asesores matizaron las críticas y señalaron que no habría “vicios legales”, parlamentarios de Apruebo Dignidad (AP) no concuerdan y seguirán buscando cómo detenerla.

“Hemos analizado preliminarmente con nuestro equipo legal los antecedentes, y no vemos vicios legales. En principio, si se adjudica conforme a lo que ha sido este proceso, al siguiente gobierno le tocaría respetar una decisión que fue hecha en los marcos institucionales”, fue la frase de Diego Pardow, asesor de Boric, en el programa Mentiras Verdaderas. En la misma línea, Willy Kracht, hombre a cargo de los temas mineros durante la campaña, dijo el domingo a La Tercera: “Postergar o suspender aparentemente está fuera de las bases de la licitación”.

Una postura que no fue bien recibida por parlamentarios de AD. “El problema no son los ‘vicios legales', sino la licitación de un recurso natural estratégico, cuyo objetivo es dejar amarrados TODOS los salares con contratos d operación x 30 años y obstaculizar el proceso de la nueva Constitución (sic)”, dijo la diputada PC Carmen Hertz en Twitter donde etiquetó a Pardow.

Una visión que es compartida por el diputado también PC Daniel Núñez, quien dijo a La Segunda que están trabajando con distintos abogados para buscar formas de objetar la licitación, lo que tendrían más claro mañana (el calendario establece para este viernes la adjudicación). El senador electo por Coquimbo critica dos elementos: primero, que se permitiera la participación de empresas que tienen conflictos con el Estado (ver recuadro) y, segundo, que “carece de legitimidad democrática”. “La licitación desconoce el debate constitucional y la voluntad de la ciudadanía de elegir a Gabriel Boric como presidente”, dice.

Y, a pesar de los dichos de los asesores de Boric, dice que no hay diferentes opiniones al respecto en AD. “El único camino es buscar fórmulas para suspender la licitación. En AD estamos todos en la misma línea, en la reunión de presidentes la decisión fue unánime”, dice. Y, sobre Pardow: “A AD lo conforman los partidos que son los referentes políticos. Cómo interpreten los asesores, es otra cosa”.

“Esperamos que el gobierno de Boric manifieste con más fuerza que se buscará un tratamiento distinto de los recursos naturales”, critica el diputado del FRVS Esteban Velásquez (quien también saltará al Senado representando a Antofagasta). “Eso faltó en las declaraciones de Pardow”, dice. Agrega que están alineados y que siguen un “interés mayoritario” del país por un tratamiento distinto de los recursos naturales.

Desde el comando del presidente electo no quisieron participar de esta nota.

Semanas después de que la Cámara Chilena de la Minería del Litio se sumara al requerimiento presentado por la empresa Salares del Norte ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) para detener la licitación del litio, desde el gremio dicen que seguirán insistiendo. Esto, pese a que el TDLC resolvió en contra de sus pretensiones.

“No solamente hemos recurrido al TDLC, también hemos recurrido al Consejo de Defensa del Estado, al Comité Penal y al Comité Laboral Medioambiental, porque una causal de nulidad es que no se consideró la exigencia de cumplir las disposiciones en la Ley del Medio Ambiente”, comentó Luis Gallardo, presidente de la Cámara.

“Nosotros oportunamente denunciamos el hecho de que esta licitación es un traje a la medida para determinadas empresas”, explicó. Y agregó que, en sus 92 años, “nunca había visto la defensa de una licitación por parte de la primera autoridad con tanta vehemencia”.

Esta mañana aparecieron publicadas las bases de la licitación del litio, pese a que ayer el ministro de Minería, Juan Carlos Jobet, había justificado su reserva ante la solicitud de algunos congresistas.

En ellas, se establece que el proceso solo puede declararse desierto si ninguno de los oferentes cumple con las bases o no se presentasen ofertas. Y de acuerdo a lo establecido por el Comité Especial de Licitación no se dan estas condicionantes. Las cuatro posibles inhabilidades de los oferentes (BYD, Albemarle, SQM y grupo Errázuriz a través de Cosayach y Servicios y Operaciones Mineras del Norte) serían: alguna prohibición de contratación con el Estado; sentencia judicial que lo inhabilite para contratar con el Estado; que esté bajo procedimientos de la Ley de Insolvencia, tenga deudas financieras vencidas o afectaciones sustantivas a su solvencia económica; que sean deudores morosos del fisco por sentencia judicial firme y ejecutoriada, o resolución administrativa no impugnada. Ninguno de los licitantes incumple estas inhabilidades.

Pero llama la atención que todos, salvo BYD, tienen juicios abiertos o han sido sancionados por el Estado. En todo caso, en el ministerio aclararon: “No existe en la legislación chilena una prohibición de participación en licitaciones públicas por el hecho de tener juicios con el Estado”.

El exvicepresidente de Corfo Eduardo Bitran recordó que esa agencia inició en febrero del 2021 un arbitraje contra Albemarle por el supuesto impago de US$15 millones en comisiones.

SQM Salar, a su vez, espera un fallo de la Corte de Apelaciones por diferencias en el pago del impuesto específico a la minería. El Tercer Tribunal Tributario rechazó el reclamo de la empresa en noviembre del 2018 y el Tribunal Constitucional también rechazó el recurso de SQM en junio de 2020. En lo ambiental, la firma debe cumplir una sentencia condenatoria por infracciones en el Salar de Atacama.

Seis empresas del Grupo Errázuriz, en tanto, enfrentan desde 2012 una investigación criminal abierta y aún sin formalizados de la Fiscalía por una querella del Servicio de Impuestos Internos (SII) por un eventual fraude tributario con exportaciones de yodo por $16 mil millones. Hay otra querella del SII del 2017 contra cuatro ejecutivos del grupo por declaraciones “maliciosamente falsas” con un perjuicio fiscal de $2.433 millones. En lo ambiental, la Corte Suprema condenó a Cosayach por extracción ilegal de agua en 2011 y en 2020, la SMA le levantó cargos por destrucción patrimonial. Además, otra empresa del grupo, Tambillos, enfrenta un fallo condenatorio de la Suprema de hace una década que hasta 2020 no cumplía por el derrumbe de un tranque de relaves en el Maule.