—¿No se ha sabido nada del gabinete? —pregunta José Tobías Silva.

—Ya no te llamaron de este gobierno, menos te van a llamar del próximo —le dice Walter Alberto.

—No es por mí. Es simple curiosidad.

—Mi duda es qué harán con Giorgio. ¿Interior? ¿Segpres? ¿Segundo piso?

—Esa es la vieja política, Jota Jota. Podrían ponerle «gran visir» y todos contentos —sugiere el Pelado Trujillo.

—Está difícil la cosa: tienen que ser ministros que conformen a los partidos, que calcen en los anillos concéntricos, jóvenes, de regiones, feministas, y que no hayan dicho alguna barbaridad en Twitter —sugiero.

—Escuché a un gurú del autonomismo que dijo, esta mañana, que además tenía que «subirse a la micro».

—¿Es literal o metafórico?

—Quién sabe.

—¿Cuál es la micro? —pregunta Silva, acariciando su tarjeta Bip!

—A mí no me importa si andan en micro, en Cabify, en scooter o en bicicleta eléctrica —dice María Luisa. —Pero prefiero que sepan, al menos, para dónde va la micro.

Un año después del ataque al Capitolio de Washington, una insurrección que buscaba impedir la ratificación por el Senado de su triunfo electoral, el Presidente Joe Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, se encuentran debilitados por fuego amigo.

Uno de los pocos éxitos de la administración, la Ley de Rescate Americano, el proyecto de estímulo económico de 1,9 billones de dólares aprobado en marzo del año pasado, hoy se critica como excesivo e inflacionario. Este logro, además, fue seguido tanto por una vergonzante huida de Afganistán como por la incapacidad de conseguir el apoyo necesario de senadores demócratas para un megaproyecto de 2,2 billones de gasto social, medidas para combatir el cambio climático y reforma tributaria.

No son únicamente Joe Manchin III y Richard Durbin quienes entorpecen los objetivos de la Casa Blanca. La popularidad de Biden ha bajado estrepitosamente desde su inauguración: de una evaluación positiva de 17 puntos (aprobación de 53 por ciento y desaprobación de 36 por ciento) a una negativa de 10 puntos (43 por ciento favorable contra 52 por ciento en contra). Las encuestas de Kamala Harris han ido peor, cayendo de +6 a -13.

La imagen del vicepresidente suele interesar poco, a menos que la salud del mandatario esté en duda. Joe Biden ha insistido en que se presentará como candidato a la reelección en 2024, pero no está claro si se lo permitirán los votantes, o su propio partido.

Biden ingresó a la Casa Blanca a los 78 años. Es el presidente más veterano en la historia del país, y es mayor que Ronald Reagan al dejarla. La mitad de la población no confía en el estado de su salud y el 48 por ciento teme que no cuente con una capacidad cognitiva suficiente para el cargo.

Paralelamente, la fricción entre Biden y Harris es innegable. En los temas más críticos de su primer año Biden no ha buscado la colaboración de su compañera de lista, sino que ha confiado en su propia experiencia de 36 años en el Senado, incluyendo ocho años como vicepresidente de Barack Obama. Políticos y analistas demócratas se quejan del carácter difícil de Harris. Sus defensores afirman que la atacan por ser mujer, afroamericana y asiática, y que le han encargado tareas —como proteger el derecho de sufragio y controlar la inmigración— en la cuales solo puede fracasar.

La anterior nominación de Joe Biden como abanderado demócrata reflejó profundas divisiones dentro del partido y falta de liderazgo unificador. El primer año del Presidente hizo aflorar esos conflictos programáticos y socavó también el principal atractivo que lo impulsó al triunfo en 2020: su promesa de reintroducir una política de acuerdos transversales, de avanzar en base a posiciones compartidas.

Sin duda fue una aspiración excesiva, dado el antagonismo entre demócratas y republicanos. Pero el mayor daño a la Presidencia de Joe Biden proviene, de momento, de la notoria hostilidad de sus correligionarios en el Congreso y Poder Ejecutivo.

Señor Director:

En su columna del miércoles, Maximiliano Bello, promotor del proyecto que busca retirar a la industria salmonicultora de las áreas silvestres protegidas, presenta una dicotomía artificial entre desarrollo y cuidado del medio ambiente, al señalar que nuestro sector no podría convivir en estas áreas.

En nuestra opinión como gremio, Chile no debe ponerse en la posición de elegir entre progreso y protección ambiental, sino que ambos objetivos pueden fácilmente ser armónicos. La salmonicultura ha avanzado a pasos agigantados en cuanto a producción sostenible en los últimos años: tiene más del 60% de sus centros certificados internacionalmente, cifra que aumenta dos dígitos cada año; lleva adelante un esfuerzo serio en limpieza de residuos en costas; ha reducido de manera significativa el uso de antibióticos, y está introduciendo nuevas y mejores tecnologías para minimizar sus impactos a su entorno.

Posiciones extremas como la que presenta el señor Bello en su columna se asimilan a la política del “decrecimiento” levantada por algunos convencionales, una visión que no ofrece reales alternativas de desarrollo social y económico a las personas de la macrozona sur, donde el rol de la salmonicultura es fundamental. Esta sensación se hizo evidente en la Comisión de Pesca y Acuicultura de la Cámara del miércoles, donde varios diputados levantaron su voz de alarma ante el desamparo en que quedará una buena parte de las casi 70 mil personas de las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes que viven día a día de la industria del salmón, junto a las miles de pymes asociadas a la cadena productiva de la misma industria.

Creemos que es necesario tener un diálogo serio y responsable para ver cómo avanzamos en un desarrollo sostenible y en armonía con el cuidado del medio ambiente, para continuar entregando más y nuevas oportunidades a las personas.

Joanna Davidovich

Directora ejecutiva Consejo del Salmón

Señor Director:

A primera vista, el impuesto al patrimonio que aprobó la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados —de 1,5% para una riqueza que exceda de US$ 5 millones, y 2,5% para una riqueza superior a US$ 22 millones— parece bajo respecto del valor de los activos, pero en la realidad es expropiatorio. Si, por ejemplo, el retorno del capital fuera un 4%, el impuesto anual al patrimonio es equivalente a un 38% y 63%, repectivamente, del flujo que genera el activo. Este sería un impuesto adicional al impuesto a la renta que afecta el retorno del capital.

Se afirma que este impuesto solo afectará a los “superricos”, lo que no es efectivo. El impuesto reduce el precio de los activos y, por lo tanto, desvaloriza el ahorro acumulado de ricos y también de los pequeños ahorros de todos los trabajadores. Al impactar negativamente la inversión, disminuye también la creación de empleo, el dinamismo de los salarios y el crecimiento de la economía.

El impuesto a la riqueza aprobado en la comisión, además de ser inconstitucional, es malo; no por la dificultad de implementación, como han argumentado algunos, sino porque es expropiatorio y dañino para el ahorro de los trabajadores y dinamismo de la economía.

Luis Felipe Lagos M.

Economista

Señor Director:

La semana pasada se inició en el Senado la tramitación de la ley corta sobre sala cuna universal. El proyecto es un avance en materia de cuidados y fomento del empleo femenino, porque su intención es ampliar el segmento de mujeres que opta por el servicio de cuidado de menores de dos años, más allá de que trabaje o no en una empresa con veinte o más mujeres.

No obstante, este tipo de medidas no sólo benefician a la mujer, sino que a toda la familia. El cuidado de un hijo supone un proceso de planificación familiar por el cual muchas madres optan por salir del mercado laboral, puesto que su sueldo es, en promedio, inferior al de su pareja, y el costo del cuidado infantil en centros especializados es alto. Así es como muchas familias se ven en la obligación de recurrir a abuelas, abuelos o cercanos para salvar la situación.

Con esta iniciativa, las familias incrementan sus opciones para el desarrollo de todos sus integrantes; sin embargo, se requieren ajustes adicionales para lograr sus máximos beneficios. En esta línea, es deseable que se permitiera tanto a madres como padres, sin condición, cobrar el beneficio.

Marioly Torres L.

Investigadora IdeaPaís