Cuando en agosto del 2017 el Decreto Ley 211, que defiende la libre competencia, incorporó la prohibición del interlocking o presencia de directores o ejecutivos comunes en empresas competidoras, dio un plazo de seis meses para cumplir la nueva disposición.

Y detalló que la nueva norma “no contempla una sanción específica”, pero sí la aplicación de multas a beneficio fiscal equivalentes al 30% de las ventas del infractor en la línea de servicios asociada a la infracción durante el período en que se haya incumplido o en su defecto multas de hasta 60 mil UTA ($39 mil millones) e incluso la disolución de las empresas involucradas.

A casi cuatro años de su dictación, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) la puso en práctica con dos requerimientos: el primero, el 30 de diciembre, solicitó al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia multar a tres empresas y un director -Banco de Chile (4.460 UTA, $2.900 millones), Falabella (4.050 UTA o $2.632 millones) y Consorcio (4.120 UTA o $2.678 millones) y Hernán Büchi (550 UTA o $357 millones)- y ayer a Consorcio (1.980 UTA, $1.287 millones), LarrainVial (2.850 UTA, $1.852 millones) y Juan Hurtado (250 UTA o $162 millones).

El nombre del grupo financiero Consorcio se repite y en ambos casos se multa a dos directores: Juan Hurtado, accionista de Consorcio, y Hernán Büchi, histórico ocupante de un sillón en Consorcio y que fue sancionado por sentarse también en Falabella y Banco de Chile, consideradas competidoras por la FNE.

Hurtado y Büchi se conocieron siendo compañeros de Ingeniería Civil en la Universidad de Chile. Cuando el primero trabajaba con Sergio de Castro, entonces ministro de Economía, le propuso el nombre de Büchi, quien se integró en 1975 como consejero económico de De Castro. Y luego fue uno de los funcionarios con mayor participación en las reformas económicas de la dictadura en sus distintos cargos: Desde la municipalización de la educación a la venta de la deuda de los bancos intervenidos al Banco Central, del Código de Aguas a la reforma previsional de José Piñera. Büchi lo culminó como ministro de Hacienda (1985-1989).

Históricamente, Büchi ha sido director de P&S, la empresa cerrada a través de la cual Hurtado participa en Consorcio, un gigante financiero que posee banco, compañías de seguros de vida y generales.

La relación se extendió a la familia: Richard Büchi fue por décadas gerente general de Entel -empresa en la que es socio Hurtado-, después pasó a integrar al directorio y entonces lo reemplazó su hermano Antonio Büchi al mando de la administración.

En el directorio de Consorcio no solo está Hernán, sino también su hermano Marcos, quien ostenta la presidencia, algo inusual en el mercado financiero. Marcos reemplazó a Juan Bilbao tras su renuncia en diciembre del 2014 a raíz de la investigación iniciada por la SEC de Estados Unidos por uso de información privilegiada en la compra de acciones de Recalcine, empresa que tramitaba su venta y de la que Bilbao era director.

Marcos Büchi además es director ejecutivo de la Corporación de la Universidad Santo Tomás, donde uno de sus socios es Juan Hurtado.

Este último fue uno de los integrantes más próximos de la campaña presidencial de Büchi en 1989 junto con Fernando Fischmann, dueño de San Alfonso del Mar, y Gabriel Ruiz Tagle, ex socio de SCA.

Hurtado fue también el artífice de que Büchi llegara al directorio de SQM, el segundo más antiguo que ocupa, en 1994. Fue él quien se lo recomendó 20 años antes a Julio Ponce Lerou para que entrara al directorio de Inforsa, la forestal que estaba bajo el alero de la Conaf, que manejaba Ponce, entonces yerno de Pinochet.

Relaciones muy cercanas existen también entre los accionistas de LarrainVial y Consorcio, ambas firmas financieras acusadas en el requerimiento de ayer de la FNE y que deberá resolver el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

Partiendo por la amistad entre Juan Hurtado y León Vial, socio de LarrainVial, que llevó al primero a interceder ante las AFP para que volvieran a trabajar con LarrainVial cuando dejaron de operar con la corredora a raíz del caso Cascadas.

Hurtado estuvo dispuesto a entrar al directorio de LarrainVial como parte de los cambios que pedían las AFP, cosa que ocurrió después de la renuncia de Vial a la mesa de LarrainVial. Fue interpretado por el mercado como una clara señal de apoyo del Consorcio a la tradicional corredora de bolsa. Eso le costó la acusación de la FNE a Hurtado, quien estuvo en la mesa de LarrainVial desde 2014 hasta abril del 2019, en paralelo al sillón que ocupaba en Consorcio.

Consorcio es, además, accionista de la administradora general de fondos de LarrainVial, con el 25% de su propiedad, según su última memoria.