La libre competencia se tomó las portadas en la última semana: Se conoció el estudio final de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre el mercado del gas; oferentes han reclamado por supuestas prácticas anticompetitivas en la licitación al litio que lleva a cabo el Gobierno, y el exministro de Hacienda Hernán Buchi es acusado por la misma FNE de violar la norma de interlocking.

Probablemente, Gabriel Boric deba lidiar con varios de estos temas a partir de marzo, que ya tenía entre sus ideas programáticas una “agenda anti abusos”. Una arista de ese esfuerzo son las –al menos– ocho nuevas empresas estatales que considera su plan de gobierno, y que varios también critican por los efectos que podrían traer sobre la competencia.

Entre las nuevas empresas propuestas, la del litio y la que busca crear una banca para el desarrollo fueron bastante debatidas en la campaña. Pero hay varias otras que suponen meterse de lleno a sectores en los que hoy ya hay competencia privada. En ese grupo está, por ejemplo, una empresa de redes de telecomunicaciones, una constructora o una “ferretería popular”. Sobre esta última, el programa habla de una Empresa Pública Autónoma Comercializadora de Materiales de Construcción (Ferrabast), que considera levantar una red de ferreterías para reducir el costo de materiales.

Aunque podría pensarse que la idea provino del PC, el programa de Daniel Jadue —creador de las farmacias populares— no la incluía. Fue parte del primer programa de Boric, aunque en la última versión del mismo se le agregó el sello “popular”. Más allá de las dificultades que han enfrentado las farmacias populares –el ejemplo más cercano–, la idea de una ferretería popular no concita apoyos.

“No soy partidario bajo ningún punto de vista de que el Estado se meta al retail. Soy partidario de que el Estado tenga y fortalezca las políticas de promoción de la competencia (...) Hay otros mecanismos para lograr que la gente tenga acceso a precios adecuados”, sostiene Eduardo Bitrán, exvicepresidente ejecutivo de Corfo en la segunda administración Bachelet. También es crítico de iniciativas como la Banca para el Desarrollo. (Ver entrevista)

Coincide Hernán Cheyre, otro exvicepresidente de Corfo (en Piñera I) y director del Centro de Investigación de Empresa y Sociedad de la UDD: “Hay problemas de incentivos que tienen las empresas públicas y riesgos de capturas de parte de sectores políticos que quieren lograr alguna tajada”, describe. (Ver entrevista)

En lo que ponen énfasis los expertos es en la pertinencia de una empresa pública para el sector ferretero. “La pregunta que surge es por qué no lo hacen los particulares (...) El principal problema que se puede identificar es que haya prácticas de competencia desleal entre una empresa pública y una privada. Si va a cumplir o no la legislación de igual forma o si la pyme va a poder competir contra un órgano estatal. Esa es una gran preocupación”, dice Francisco Agüero, académico de la U. de Chile.

Fernando Araya, socio de Lewin Abogados, agrega que “instituciones como la FNE o la Comisión Nacional de Productividad (CNP) hacen buenos diagnósticos de cómo se están comportando los mercados y sin embargo uno no ve entre sus recomendaciones la creación de empresas públicas”. De hecho, esa no fue la propuesta de la FNE en el informe sobre el gas entregado la semana pasada.

La misma institución liderada por Ricardo Riesco investigó a las ferreterías en el marco de la política de precios bajos que aplicaron las tres cadenas principales: Sodimac, Easy y Construmart. A fines del 2020 decidió archivarla por considerar que no había riesgos de competencia.

Según datos aportados por las empresas, la FNE determinó que en el segmento de materiales de obra gruesa, ferretería, terminaciones y equipamiento del hogar, estas tres firmas poseían en conjunto el 70% del mercado (en 2018), con Sodimac a la cabeza (46%), seguido por Easy (15%) y Construmart (7%). Además estableció que las compañías tenían presencia nacional, sumando 162 locales. Como referencia de la competencia, citó que la cadena Chilemat tenía en ese momento 152 puntos de venta, la mayoría en regiones. En el segmento también es reconocida MTS, que no fue incluida en la investigación, pero según su web engloba otros 134 puntos. Estas últimas dos empresas son agrupaciones de ferreterías pequeñas, que se juntaron para negociar mejores precios con sus proveedores.

“Es una pésima política pública pretender resolver temas propios de la empresa privada por el Estado. Lo que éste tiene que hacer es controlar que los privados no cometan infracciones y actúen correctamente en los mercados y las sancionen si no lo hacen”, opina Tomás Menchaca, expresidente del TDLC.

Alerta también sobre los efectos que podrían tener las empresas públicas en la competencia. “La única manera que no dañen en forma muy grave la libre competencia es si se les exige competir en igualdad de condiciones con las empresas privadas, pues de lo contrario se terminan creando monopolios estatales”, acusa. Dice que estos últimos cometen los mismos abusos del privado, es decir, “adquieren poder de mercado y dejan de preocuparse por la eficiencia, por servir mejor a los consumidores, por rebajar costos”, por lo que los consumidores, “terminan pagando más caro por un servicio de peor calidad”.

Araya agrega que para que los objetivos pro-competencia en las empresas públicas se cumplan, hay dos pilares importantes: la gobernanza, el cómo se diseña la administración de la compañía estatal de manera de que los cargos no se transformen en cajas pagadoras de servicios políticos; y por otro lado, que las empresas, en la explotación de su giro, no accedan a ventajas ilegítimas en relación a los actores privados. “De lo contrario, los desincentivos para la inversión privada en esos mercados son mayores”, acota.

En el caso de que avance la creación de nuevas firmas estatales en la administración Boric, los expertos creen necesario mejorar la regulación de los gobiernos corporativos y del organismo a cargo de su tuición, el Sistema de Empresas Publicas. “Es necesario robustecer el carácter técnico y la rendición de cuentas para reducir los riesgos de ineficiencia, captura política y corrupción, que no deben desconocerse”, sostiene Enrique Rajevic, profesor de Derecho Administrativo de la UAH.

Rajevic también pone énfasis en que el alto endeudamiento público puede inviabilizar la creación de nuevas empresas públicas. “Deberá evaluarse con cuidado a la luz del aumento del gasto público que trajo consigo la pandemia”, opina.

Sobre esto responden desde el entorno de Boric. Diego Pardow, coordinador de su programa, plantea mirar este tipo de empresas más allá del gasto público. “Las recomendaciones del CNP, por ejemplo, señalan que el principal problema de nuestras políticas industriales es que son inconsistentes, y cambian radicalmente cuando cambia el gobierno. Para evitar eso, uno necesita mejores instituciones públicas: más técnicas, más independientes. Al final, invertir en instituciones profesionales es mucho más eficiente que estar gastando en algo que el siguiente gobierno desechará”, defendió.

En todo caso, cualquier nueva empresa pública debe crearse mediante un proyecto de ley que requiere quórum calificado, por lo que el camino para el nuevo gobierno podría resultar complejo en el Congreso, donde no tiene mayorías. Así, la tarea de Boric será convencer a los parlamentarios de la necesidad de estas nuevas compañías, repiten los consultados.