La empresa Enel Distribución presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra las normas de la Ley de Servicios Básicos que prohíben cortar el suministro de electricidad, gas y agua potable a hogares, microempresarios y otras entidades que a partir de la declaración del estado de excepción hayan incurrido en mora.

En mayo entró a regir la Ley 21.340, que prorrogó hasta el 31 de diciembre —o 60 días después si aún permanece el estado de catástrofe— la Ley 21.249, de agosto de 2020, que impide suspender el abastecimiento. Durante algunos días en que no hubo tal impedimento, Enel notificó a casi 2 mil clientes de elevado consumo que debían regularizar su situación; el 62% de ellos se acogió al procedimiento; la SEC, sin embargo, ofició a la compañía ordenándole reponer el servicio a quienes había desconectado por impagos.

De acuerdo con Enel, dicha ley no distingue entre las personas que han tenido dificultades para pagar de aquellas que no han sufrido mermas en sus entradas. Según datos de la SEC, el 10% de los clientes con consumo más alto (sobre 400 kWh) concentra el 25% de la deuda global. Por su parte, la eléctrica ha informado que 51 mil 200 residenciales que gastan más de 500 kWh —el doble del promedio— deben más de $ 22 mil 500 millones. Hay alrededor de un millón y medio de usuarios morosos en los servicios eléctricos, de gas y agua potable, con una deuda global que ya supera los US$ 600 millones. La cifra, que a diario se incrementa, da cuenta de la magnitud del problema.

Durante la discusión para ampliar la ley de 2020, todos los sectores advirtieron los peligros de aquel endeudamiento. La Asociación de Empresas Eléctricas ha señalado que se trata de una bomba de tiempo de la cual el Ejecutivo no se ha hecho cargo, ya que cuando la situación se normalice, las familias, en particular las más vulnerables, se enfrentarán a un aumento de sus obligaciones. El gremio ha postulado que se deben explorar mecanismos de apoyo directo a quienes lo precisen, como subsidios o rebaja temporal del IVA.

Durante el debate de mayo se acordó establecer una mesa de trabajo entre el Congreso y el Gobierno, idea que no se ha materializado; también se planteó la posibilidad de que los pasivos sean absorbidos de forma tripartita entre Estado, empresas y personas. La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó una resolución —sin cifras sobre su impacto financiero— que propone que el fisco pague a las empresas las deudas de sectores específicos, mientras que un grupo de parlamentarios presentó una moción para extender la Ley 21.340 a diciembre de 2022. Hasta ahora, todos los costos han recaído en las compañías proveedoras; que estas operen en mercados regulados no invalida que la pérdida de ingresos daña sus flujos, clasificación de riesgo e inversiones.

Fundamentalmente a partir del estallido social, ha adquirido espesor la controversia técnica y política respecto de la universalización de derechos, transferencias y la provisión más o menos extensa de bienes públicos, en contraste con el principio de focalización. Las características de la Ley de Servicios Básicos permiten que sus beneficios favorezcan a hogares que no necesitan de los aportes estatales o privados.

La situación que ha acusado Enel ante el TC muestra el peligro que surge cuando las prestaciones no se condicionan a las necesidades de las personas. La disputa en torno a la prolongación del IFE es otra arista de este problema de garantías no determinadas a requisitos mínimos que aseguren la asignación eficiente y justa del gasto.

Las brechas de la institucionalidad, o suincapacidad para dar solución a problemas complejos, y eludir medidas impopulares, suelen derivar en ventajas que incrementan los privilegios. Existe un evidente riesgo de que iniciativas transitorias, adoptadas en un escenario de emergencia, comporten efectos prolongados y relevantes en la sustentabilidad de las finanzas del Estado, la estabilidad de la economía y, sobre todo, la adhesión a la idea de una repartición equilibrada de las cargas públicas .

Señor Director:

Solicito rectificar la información publicada el martes 14 de septiembre (p. 13), titulada “Ex ministro Pérez insiste en lotear en las dunas de Concón”.

i) En el titular y en los primeros párrafos se afirma que la inmobiliaria Reconsa es de propiedad o está bajo el control de don Edmundo Pérez Yoma. Eso no es efectivo. Participa como accionista en un porcentaje de 20% en Reconsa, como otros accionistas más.

ii) Reconsa ingresó el 3 de septiembre pasado un informe al Sistema de Evaluación Ambiental en cumplimiento de un fallo de la Corte Suprema que ordenó la necesidad de realizarlo.

iii) El proyecto Costa de Montemar IV está próximo a una zona declarada “área verde privada”. La nota de prensa señala que el proyecto está “emplazado en medio de un santuario de la naturaleza”. Eso es falso: no está en medio, ni colinda con el Santuario de la Naturaleza.

iv) Reconsa ha cumplido estrictamente con la ley en todos los aspectos relacionados con esta propiedad.

Ignacio Morgan L.

Abogado Reconsa

Señor Director:

No existe otro ámbito más relevante en el que el principio de subsidiariedad debe ser correctamente comprendido y defendido que el referido a la familia. La subsidiariedad plantea, sobre la base de la idea de que la familia es gobernada por los padres (y, además, de que ella es una comunidad que aporta de un modo insustituible e imprescindible a la vida social), dos cosas relevantes.

Por un lado, nos dice que la autoridad de los padres es verdadera autoridad, en el sentido de que, en el ámbito en que ella se despliega, ella es quien posee el poder de dirigir, regir y corregir. De ello se sigue que la autoridad estatal debe reconocer en la autoridad de los padres un límite a sus competencias. En segundo lugar, y a la vez que implica aquel deber de abstención, la subsidiariedad impone un deber positivo: el Estado tiene la obligación de ayudar a los padres en el cumplimiento de sus deberes.

El derecho preferente de los padres a educar a sus hijos no es, pues, incompatible con la intervención del Estado, sino que la requiere, pero solo en la medida en que ella se oriente a ayudar a los padres, no a sustituirlos.

Cristóbal Aguilera Medina

Profesor de Derecho, Universidad Finis Terrae

Señor Director:

¿Alguien de buena fe piensa que el resultado del plebiscito hubiese sido el mismo (80/20) si no hubiese existido la regla de los 2/3 y que la gente tuvo en consideración a la hora de votar? Esa regla, que hoy algunos pretenden desconocer, fue ideada justamente para garantizar una mayoría contundente, para así dotar de una mayor legitimidad al proceso constitucional. Respetemos las reglas del juego.

Ignacio Garay P.

Señor Director:

Varios candidatos prometen que en sus gobiernos las pensiones tendrán un componente de solidaridad intergeneracional y otro intrageneracional. No es algo novedoso, hoy ya estamos logrando “solidaridad intergeneracional”: en este Chile, cada vez más endeudado, los que tendrán que ayudarnos a pagar la borrachera de gasto público en que estamos serán nuestros nietos.

José Luis Hernández Vidal

Señor Director:

Desde el año 1980 la ONU celebra el Día Marítimo Mundial, orientado a recordar la importancia de la industria marítima. Esta industria seguirá siendo fundamental para nuestro país, siendo esperanzador el camino logrado por la gobernanza costera. Sin embargo, es fundamental considerar cómo proyectamos el uso del mar, y el control de los efectos negativos en sus ecosistemas.

La protección de nuestros mares nos da una luz de esperanza: más del 40% del área costera nacional corresponde a Zonas Marítimas Protegidas. Ello posiciona a Chile como uno de los líderes en dicha temática. No obstante, debemos considerar seguir desarrollando una industria marítima más sustentable y con altos niveles de seguridad.

Phillip Dettleff

Académico U. de Las Américas