—El rector de Universidad de Chile advierte que, dependiendo de quiénes son los nuevos dueños, podrían quitarle a Azul Azul el uso del nombre y los símbolos —nos cuenta José Tobías Silva en el Zoom.

—¿Incluye al Chuncho? –pregunto.

—Incluyendo al Chuncho.

—¿No ha mostrado preocupación por los nuevos dueños de Chlevisión? —interviene Walter Alberto.

—Es que en esa concesión no está el nombre ni menos el Chuncho.

—Espero que el rector esté considerando el precedente del Loro de Wanderers.

—¿Como un modelo a seguir?

—Al menos en lo que se refiere al uso del Chuncho.

—¿El Loro como modelo?

—Como un modelo ético para la Casa de Bello.

—¡El Chuncho no se vende, caramba!

—¡Jamás!... según explica un exdecano de Derecho, que negoció el contrato de concesión en 2007, sólo se arrienda por un módico precio.

Luego de que la comisión mixta despejara anoche las últimas controversias, el Congreso se aprestaba a despachar, durante la jornada de hoy, la reforma constitucional que posterga las elecciones de convencionales, gobernadores, alcaldes y concejales. La intensa disputa sobre un puñado de normas retardó la promulgación de la nueva regla e hizo que el aplazamiento de los comicios fuera definido a menos de cuatro días de la fecha original de una elección que han sido definida como la más importante de las últimas décadas de nuestra historia republicana.

Desde luego, existen distintas interpretaciones respecto de la responsabilidad de estirar hasta el límite esta tramitación. Hay coincidencia también en que la postegación se había vuelto inevitable, en vista del desolador panorama sanitario y su eventual impacto en la participación. Pero es posible observar también, en la forma en que se ha desarrollado la negociación, una cierta desaprensión, sino desdén, respecto de la relevancia del proceso constituyente. Una importancia que, como han señalado distintos autores, excede con mucho los aspectos concretos o puramente electorales.

Kathya Araujo, académica de la Universidad de Santiago y probablemente una de las observadoras más documentadas —y por tanto más certeras— de los procesos sociales que han determinado el estallido de octubre de 2019 y el proceso constituyente en curso, ha notado con claridad esta particularidad. En un artículo reciente, observa que la aprobación masiva de la redacción de una nueva Constitución es, en términos simbólicos, una oportunidad que la ciudadanía se da para apostar por un reinicio de nuestra comunidad política «con la esperanza de que eso modifique lo sustancial de aquellas experiencias sociales que han aportado de manera sistemática y contundente a su desafección por su sociedad».

Advierte allí de la tensión por las experiencias de desprecio y el ejercicio del poder en razón de principios jerárquicos y verticalistas. Y, también, de una política que, centrada en lo electoral, ha terminado por anular su sentido y, sobre todo, ha dejado de ofrecer una posibilidad de futuro. Por cierto, la crisis sistémica originada por la pandemia y sus secuelas sanitarias y económicas solo vienen a agudizar aquel desencanto.

Por supuesto, como Araujo también señala, una nueva Constitución no es condición suficiente para reconstituir la adhesión a la sociedad, ni es capaz de revertir por sí misma los impulsos de huidaque la atraviesan, y que ella misma ha registrado en sus investigaciones. Pero es evidente, también, que nuestro país no dispone hoy de otro espacio político en que los ciudadanos hayan depositado —de manera tan masiva— sus esperanzas de recomponer los lazos que nos unen como sociedad. Por lo mismo es que resulta tan trascendente que los actores políticos sepan proteger dicho proceso y sustraerlo de la frivolidad que domina sus prácticas.

Señor Director:

El Banco Mundial dio a conocer recientemente un interesante estudio sobre el impacto socioeconómico del covid en la pobreza y la clase media en Chile. A través de microsimulaciones, el organismo internacional estima que la tasa de pobreza en Chile se podría haber más que duplicado en ausencia de las políticas de mitigación aplicadas, casi dos millones de personas podrían haber quedado en condición de pobreza de no mediar los programas de compensación establecidos. Dentro de estos, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), ha tenido un rol clave en contener el aumento esperable en esta situación.

Aun así, estas medidas no impedirán el aumento en la tasa de pobreza respecto a las mediciones prepandemia, ni la disminución de ingresos en grupos vulnerables o clase media baja de acuerdo a sus definiciones. Si bien el Banco Mundial proyecta la recuperación económica para Chile en 2021, esta no sería suficiente para alcanzar los niveles socioeconómicos que nuestro país experimentaba antes del covid.

De acuerdo a lo anterior, es muy valioso el acuerdo entre Gobierno y el Parlamento para extender y mejorar el IFE y establecer un Bono Clase Media. Sin embargo, debemos mantener prudencia fiscal, ya que los efectos de la crisis sanitaria aún no están controlados y pueden requerir otros apoyos sociales adicionales.

Ignacio Irarrázaval

Centro de Políticas Públicas UC

Señor Director:

La semana pasada, en la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputados, se despachó un proyecto de ley que busca modificar la actual ley de aborto en tres causales, para que cuando esta hable de “mujer” o “niña” se agregue a continuación la frase “o personas con capacidad de gestar”. El sustento del proyecto es que actualmente las personas que han hecho un cambio de sexo registral, en ejercicio del derecho que les confiere la Ley de Identidad de Género, no podrían acceder a abortos, porque la ley de aborto solo habla de “mujer” o “niña”.

Esto último es un error, y, por lo tanto, el proyecto de ley es completamente innecesario ya que la ley de identidad de género señala, en su artículo 22, que la rectificación de la partida de nacimiento no “afectará las garantías, derechos y las prestaciones de salud que pudieran corresponder a la persona con anterioridad a la inscripción del cambio”, por lo que una mujer que ahora está registrada como hombre, lamentablemente sí puede abortar sin necesidad de modificar ley alguna.

Lamentablemente, decimos, porque este proyecto concibe el aborto como un derecho universalmente garantizado, cuando en realidad es siempre, independiente de quien lo haga, un drama y una injusticia.

Rosario Corvalán

Comunidad y Justicia

Señor Director:

Un informe de la Unesco expuso que 100 millones de niños y niñas no aprendieron a leer cuando debían, esto debido al cierre de escuelas. La cifra se disparó aumentando en más de 20% y anulando los avances logrados en las dos últimas décadas.

En Chile, en un año normal, solo el 40% de los estudiantes que pasa a 2° básico sabe leer y escribir, escenario que no mejora hasta 4° básico y que se agudizó dado al contexto sanitario.

El reciente Reporte de Impacto 2020 del Programa Alfadeca arrojó que el 58% de los alumnos de 1º básico que trabajaron con esta herramienta, terminaron leyendo. Por otra parte, el 66% de los estudiantes de 2º básico finalizaron el año escolar comprendiendo lo que leen y 59% de niñas y niños lograron terminar el año escribiendo textos para transmitir sus ideas con claridad.

Fueron más de mil niños y niñas de primero básico y doscientos de segundo básico en escuelas públicas de diversos contextos, que en su mayoría avanzó en su proceso lector, demostrando que se pueden lograr cambios radicales, aunque los desafíos de aprendizajes de calidad son mucho más altos en el contexto de pandemia.

Ricardo H. C. Evangelista

Fundación Sara Raier de Rassmuss

Señor Director:

Fui al supermercado y me encontré con la sorpresa de que ya no se vendían artículos que no fueran esenciales para el hogar, pero sí se vendía alcohol. A la par, muchos deportes de alto rendimiento han debido suspender sus competencias, incluso aquellos individuales como el atletismo en los cuales no hay contacto físico, pero el fútbol se juega sin problema alguno. ¿No será una analogía del “panem et circenses” que promovían los gobernadores de la antigua Roma?

Vicente Sepúlveda Lasen